Catalunya se encamina hacia los 10 millones de habitantes sin alterar los 135 escaños en el Parlament desde 1980

Catalunya encara un reto demográfico que la situará en los próximos años en la franja de los diez millones de habitantes. Es un crecimiento sostenido, impulsado sobre todo por la llegada de población extranjera, que modifica la estructura social del país y empieza a condicionar la agenda del actual Govern y de los que vendrán. Sin embargo, ese aumento no tiene ningún reflejo en la Cámara que debe representarlo. El Parlament sigue congelado en los 135 diputados fijados en el Estatut de 1979, cuando los catalanes eran prácticamente la mitad.

¿Supone esto un problema democrático? ¿Haría falta ampliar los escaños de la Cámara? Los expertos consultados por EL PERIÓDICO descartan que Catalunya esté mal representada en términos cuantitativos y avalan que la cifra se puede mantener, aun cuando los habitantes lleguen a los diez millones. "De acuerdo con la lógica comparada, no es necesario aumentar los escaños. Estamos bien representados si miramos otros grandes parlamentos del mundo", explica a este diario el politólogo y director del Institut de Ciències Polítiques i Socials, Oriol Bartomeus.

La comparativa internacional

Catalunya tiene un diputado por cada 60.000 habitantes, frente a un escaño por cada 140.000 en España, 118.000 en Francia, 107.000 en el Reino Unido o 150.000 en Italia. El "precio" del escaño, por tanto, es más alto en todos estos países que en Catalunya. "En términos de números no es necesario", añade Bartomeus. De hecho, la tendencia es más bien contraria, es decir, a reducir el número de escaños, algo que, en España, ya ha sucedido en los parlamentos de La Rioja y Castilla-La Mancha, dos comunidades autónomas que lo hicieron en 2014.

El catedrático de Ciencia Política Joan Botella coincide en rebajar la alarma sobre la cifra total, pero apunta hacia el principal desajuste del sistema, su arquitectura territorial. "No es una cuestión de volumen, sino de cómo se distribuyen esos 135 escaños, un reparto fijado hace más de cuatro décadas que no ha evolucionado al mismo ritmo que la demografía", comenta el experto en política comparada a este diario, que recuerda que la población no solo crece, sino que se reparte de forma diferente. En provincias como Lleida, por ejemplo, un diputado "cuesta" menos de la mitad que en Barcelona, lo que altera la proporcionalidad del sistema y "beneficia a los partidos con más fuerza en esos territorios", añade.

Una idea poco popular

La posibilidad de ampliar el número de diputados es, además, políticamente inviable. Bartomeus recuerda que, en un contexto de fuerte desafección política en Catalunya -es la segunda preocupación ciudadana según el CEO, solo por detrás de la vivienda-, ningún partido quiere afrontar el coste de defender más representantes, más sueldos y más gasto institucional. "No hay intención ni voluntad de hacerlo", resume el experto, algo que también sustenta Botella. "No sería una idea popular y despertaría muchas críticas, más ahora con los auges de los populismos antipolíticos", dice el catedrático. Sin embargo, el problema ni siquiera es ese, sino que Catalunya no tiene una ley electoral propia, que es la herramienta que podría cambiar, no solo el total de diputados, sino la distribución proporcional de estos escaños.

Para entender por qué Catalunya continúa con los mismos 135 parlamentarios que en 1980 hay que retroceder al primer Estatut, el de 1979. Aquel texto estableció una distribución provisional en una disposición transitoria -85 escaños para Barcelona, 17 para Girona, 15 para Lleida y 18 para Tarragona- fruto de un pacto político condicionado por el peso de Convergència i Unió. La idea era aprobar después una ley electoral propia que fijara un sistema definitivo, una vez se pudiera constituir el primer Parlament democrático tras el franquismo, con las elecciones de 1980. El mandato no se cumplió, ni entonces, ni 45 años después. Catalunya es la única comunidad autónoma del país que no tiene una ley electoral propia y que se rige por la estatal.

Una norma pendiente desde 1980

Esta norma, de acuerdo ya con el primer Estatut, exigía el apoyo de dos tercios del Parlament, una mayoría que otorgaba entonces a CiU capacidad de veto, pues era necesario sí o sí su concurso para sacarla adelante. En esos tiempos contaba con más de un tercio de la Cámara, así que el partido podía bloquear cualquier reforma que alterara el equilibrio territorial. "Era imposible cambiarlo sin su voto favorable y esas condiciones quedaron grabadas en piedra", recuerda Botella.

El Estatut de 2006, ahora vigente, tampoco modificó este escenario. Permite que el Parlament tenga entre 100 y 150 diputados, pero subordina cualquier cambio a la aprobación de esa misma ley electoral catalana con una mayoría reforzada. Este último marco estatutario mantiene la disposición transitoria de 1979 que mantiene intactos tanto los 135 escaños como su reparto territorial. Y así sigue hoy, sin visos de que los partidos reúnan el consenso necesario para sacar adelante una norma que acuerde el sistema electoral para Catalunya, pese a ser una promesa que se repite legislatura tras legislatura.

Más habitantes, menos censo

A este bloqueo estructural se añade un reto creciente que amenaza con alterar los cimientos de la democracia catalana: la brecha entre población y electorado. Catalunya suma habitantes, pero no lo hace en la misma medida el censo. Hoy hay cerca de cinco millones de votantes, pero dos millones y medio de residentes carecen de derecho a sufragio, una diferencia que se irá recortando con los años, pues Catalunya -como España- tiene una población muy envejecida y su crecimiento se apoya en la llegada de nuevos residentes.

"¿Cómo podemos aceptar que una parte de la población viva y trabaje aquí, pero no tenga reconocidos sus derechos políticos?", se pregunta Bartomeus, que recuerda que, si bien Catalunya siempre ha acogido muchos inmigrantes, en el pasado muchos eran de otros lugares de España, por lo que era más fácil que pudieran votar en las elecciones autonómicas si se empadronaban en un municipio catalán.

Botella mira unos años más adelante y asegura que el crecimiento de la población también implicará un "proceso de nacionalización" de los hijos de los extranjeros que ahora residen aquí, muchos de los cuales, como ciudadanos españoles, podrán votar en las elecciones de las próximas décadas. Y en este punto, vuelve a incidir en la necesidad que tendrá Catalunya de rediseñar su reparto de escaños y adaptarlo al crecimiento desigual del censo, que acentúa las diferencias en el coste de los escaños.

Los desajustes entre el crecimiento de la población, el desplome del censo y la necesidad -o no- de sumar más electores lo evidencian algunos ayuntamientos, como el de Barcelona. Los consistorios no trabajan con un número fijo de concejales, sino que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece un escalado automático en función del padrón, sin tener en cuenta si los vecinos pueden votar o no. De ahí que Barcelona experimente una paradoja por la que, en las próximas elecciones, si no hay cambios, menos votantes elegirán más concejales.

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