Junts afirma que hay base legal para que la Generalitat rescinda el contrato con Renfe y FGC gestione los trenes

Junts asegura que existe base legal para que la Generalitat resuelva el contrato con Renfe por la prestación del servicio de Rodalies y sostiene que mantener a la operadora estatal al frente de la red ferroviaria responde hoy exclusivamente a una "decisión política", y no a ningún "impedimento jurídico". Se trata de una petición que la formación ha defendido desde el inicio de la crisis ferroviaria de este año y que ha decidido apuntalar haciendo público un informe jurídico y técnico elaborado por su equipo legal en el que se avala la viabilidad de iniciar un procedimiento de resolución contractual con posibilidad de que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FCG) asuma la dirección de Rodalies.

El documento sostiene que no existe ninguna "barrera jurídica" que impida al Govern poner fin a la relación contractual con Renfe si se acredita un incumplimiento de las obligaciones esenciales del servicio. En este sentido, el informe señala que la operadora habría incurrido en incumplimientos tanto por la "falta reiterada de prestación regular del servicio" como por la "insuficiente información y asistencia a los usuarios" ante retrasos, cancelaciones e incidencias, tal y cómo ha explicado el protavoz del grupo parlamentario, Salvador Vergés, en una rueda de prensa en el Parlament. En el informe, consultado por este diario, los juristas subrayan que, aunque el origen de los problemas se sitúe en la infraestructura gestionada por Adif, Renfe mantiene obligaciones propias como operador, especialmente en materia de "derechos de los viajeros, información inmediata y canales accesibles y actualizados".

Responsabilidad en la seguridad

El texto añade además un tercer elemento que supone, bajo su óptica, un incumplimiento de sus obligaciones esenciales, que es la seguridad de los usuarios. Aunque reconoce que la responsabilidad principal recae sobre Adif como gestor de la infraestructura, el informe sostiene que Renfe dispone de servicios propios de seguridad y de una responsabilidad de vigilancia que habría sido omitida. En concreto, señala que la operadora debería haber trasladado a Adif las deficiencias detectadas y, en caso de no ser corregidas, haber elevado la situación a organismos como la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) o incluso a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Desde el punto de vista competencial, Verges ha recordado que Rodalies es un servicio público ferroviario prestado bajo el régimen de obligación de servicio público previsto en la normativa europea: "Esto permite a las autoridades competentes exigir estándares de calidad y, si es necesario, modificar o sustituir al operador conforme al derecho comunitario", ha declarado el portavoz de Junts. Con las conclusiones del informe en mano, Vergés ha recordado que la Generalitat dispone de competencias en materia de regulación, planificación, gestión, coordinación e inspección de los servicios ferroviarios que discurren íntegramente por Catalunya, con independencia de la titularidad de la infraestructura, lo que, ha asegurado que "refuerza la capacidad del Govern para actuar".

FGC podría asumir Rodalies

El informe detalla el procedimiento administrativo para resolver el contrato y deja dos vías abiertas. La primera es aprovechar el expediente sancionador ya iniciado por el Govern, con penalizaciones y medidas cautelares, o bien abrir un nuevo expediente de resolución contractual. En ese marco, Junts defiende que FGC podría asumir la dirección del servicio como medio propio de la Generalitat durante la transición -que Junts enmarca en un margen de uno o dos años, "lo que queda de legislatura", según ha deslizado Vergés-. Después, una vez resuelto y si fuera necesario, Ferrocarrils podría asumir el 100% del servicio por adjudicación directa, aunque también se podría abrir un concurso público.

En cualquier caso, el documento técnico-jurídico insiste en que, durante ese período transitorio, Renfe no podría dejar de prestar el servicio ni "dejar de recibir los pagos establecidos" mientras siga siendo el operador contractual, aunque FGC asumiera la dirección. Además, el informe añade que los activos necesarios -trenes y personal adscrito al servicio- deberían quedar a disposición del Govern para garantizar la continuidad, si bien Vergés no ha concretado con qué fórmula se articularía esa transferencia ni qué implicaciones tendría para las condiciones laborales.

"La vía del contraataque"

"Esto ya no es un traspaso a buenas, sino por la vía del contraataque. Vamos al conflicto absolutamente. Hay que salir al ataque", ha espetado Vergés, que enmarca la presentación del informe como una maniobra para obligar al PSC a posicionarse sobre "si quiere defender a los usuarios o a Renfe". La resolución del contrato de prestación del servicio es, de hecho, uno de los puntos que Junts llevará a votación la semana que viene en el pleno del Parlament. A su juicio, los últimos episodios en Rodalies evidencian que la "vía del acuerdo" para el traspaso está agotada y que la Generalitat debe ejercer a fondo "sus competencias para proteger a los viajeros".

Los posconvergentes sitúan además esta estrategia como el primer paso hacia un traspaso íntegro de Rodalies, en contraposición al modelo pactado entre el PSC y ERC, que prevé la creación de una empresa mixta con un 50,1% en manos de Renfe. Vergés ha advertido de que ese esquema condiciona cualquier movimiento posterior: "A partir del momento en que estés dentro, ya no puedes hacer una autorresolución del contrato", ha remachado. De momento, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha cerrado la puerta a esta estrategia: "Ni judicializar, ni rescindir; este no es el camino, el camino es el de la colaboración"

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