Pleno monográfico
¿Funciona el "ascensor social" en Catalunya? El Parlament debatirá sobre la "crisis" de movilidad y el progreso económico de los catalanes
El Govern da por cumplidas las condiciones para abrir la negociación de presupuestos con los Comuns
El Govern intensifica las negociaciones ante las huelgas de médicos, profesores y maquinistas

El grupo parlamentario de Juns en el Parlament. / Ferran Nadeu / EPC

En un febrero atravesado por tres frentes abiertos del Govern con manifestaciones en la calle -debido a las huelgas de médicos, profesores y maquinistas, además del enfado de los usuarios de Rodalies-, el Parlament celebrará la próxima semana un pleno monográfico para debatir sobre la pérdida de poder adquisitivo de los catalanes y las dificultades de muchas familias para llegar a fin de mes. La petición para convocar la sesión la registró el grupo parlamentario de Junts el pasado octubre, y quedó pendiente de encaje en el calendario parlamentario hasta que la junta de portavoces, según fuentes parlamentarias, ha avalado situarla en el pleno de los días 10, 11 y 12 de este mes.
Bajo el título "crisis del ascensor social", la formación de Carles Puigdemont pretende que la Cámara catalana se pronuncie sobre el ensanchamiento de las diferencias de renta, la "inseguridad de las clases medias" y la dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda, enmarcando el debate en el estado del bienestar y en la idea de que los hijos de esta generación vivirán peor que sus padres. En la solicitud, Junts reclama un debate general sobre la "crisis de la movilidad social, el progreso económico y el estado de bienestar" en Catalunya, con un listado de ámbitos que va desde la vivienda y el empleo hasta la fiscalidad y la calidad de los servicios públicos.
El contexto del caos de Rodalies
El monográfico llega, además, en un momento políticamente delicado para el Executiu por el caos de Rodalies, con un servicio aún renqueante tras semanas de incidencias, y con la presión añadida de las movilizaciones de los usuarios, que saldrán a la calle este fin de semana para reclamar un servicio de trenes digno. Además, en este pleno se espera que el hemiciclo vuelva a votar la petición de dimisión de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, por segunda vez en un año, por la crisis de Rodalies. Junts buscará conectar esa tensión -el transporte, la sanidad y la educación- con un diagnóstico más estructural: el de un ascensor social que, sostiene, se ha estropeado por el encarecimiento de la vida y la inflación, la precarización y un estado del bienestar que no da abasto.

1La consellera de Economia i Financer, Alícia Romero, en el Parlament. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press
En ese marco, también pondrá el foco en el crecimiento de la población en las últimas cuatro décadas, un incremento que, según su planteamiento, ha tensionado los servicios públicos y las infraestructuras sin que los recursos hayan acompañado al mismo ritmo.
La estrategia de Junts pasa por contraponer los datos macroeconómicos españoles, como el crecimiento sostenido del PIB o la bajada de la tasa de desempleo por debajo del 10% anunciada hace pocos días -un registro que no se veía desde 2008-, con la percepción de deterioro de la vida diaria. En el escrito que registró en su día, la formación apunta a la inflación, el coste de la vivienda y la pérdida de poder de compra como elementos que han erosionado la confianza en la capacidad del Govern para garantizar bienestar, un caldo de cultivo -advierten- para la "desafección y el auge de opciones populistas". En ese sentido, entre otras medidas, exigirán que el Parlament vuelva a votar que Catalunya tenga un salario mínimo propio.
La financiación singular
Otro de los ejes que planeará, previsiblemente, sobre el monográfico es la reforma del modelo de financiación autonómica pactada por socialistas y ERC, que Junts rechaza al exigir un modelo de concierto económico, parecido al vasco o navarro. En la solicitud registrada por Junts -cuando todavía no se había presentado la propuesta de cambio de modelo fiscal-, se denuncia un "espolio fiscal" y se cuantifica el impacto en "más de 11.000 millones anuales", vinculándolo a la falta de recursos para sostener servicios públicos e inversiones. De ahí que los posconvergentes tengan la intención de volver a usar este debate como escaparate de crítica a este modelo, que consideran "insuficiente".
El Govern y ERC, por su parte, tratan de vincular directamente los servicios públicos y el estado de bienestar con ese nuevo modelo, por el que los catalanes recibirían 4.700 millones de euros más para las arcas de la Generalitat, así que, de nuevo, en este monográfico previsiblemente insistirán en ese argumento y presionarán a Junts para que se sumen a esta reforma, pues sus votos en el Congreso, donde debe superar el trámite parlamentario, son imperativos.
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