Catalunya pone las primeras multas por vulnerar la ley de vivienda

El Govern ha impuesto las primeras multas por el incumplimiento de la ley de vivienda, una acción que permitirá desbloquear la negociación de los presupuestos con los Comuns. La crisis de Rodalies continúa coleando sin que se vislumbre un final, pero el Executiu no quiere demorar de nuevo -sería ya la tercera vez- el inicio del debate sobre las cuentas. El objetivo de aprobarlos en el Parlament en el primer trimestre del año se mantiene, pese a que el calendario es ya ajustado. Es por eso que, aunque los trenes no han vuelto todavía a la "normalidad" prometida, la consellera de Economia, Alícia Romero, se ha reunido este martes con los Comuns para hacer balance de todos los acuerdos alcanzados hasta ahora y lograr las condiciones para abrir de una vez por todas la carpeta de las cuentas la próxima semana.

Nos sentaremos a negociar los presupuestos conscientes de que Catalunya está sometida a un caos ferroviario

Jéssica Albiach

— Presidenta del grupo de los Comuns en el Parlament

Estas 13 primeras amonestaciones por saltarse los topes de los alquileres llegan un año después de que entrara en vigor el régimen sancionador pactado con el grupo de Jéssica Albiach y se derivan de siete de los expedientes tramitados por la Agència Catalana de Consum y otros seis de la Agència d'Habitatge de Catalunya. La mayoría de ellas se han impuesto a personas jurídicas, es decir, a inmobiliarias, y suman un montante de 120.000 euros. En camino hay más de un centenar de expedientes más -55 de Habitatge y 77 de Consum- que, según los Comuns, podrían alcanzar el medio millón de euros en sanciones.

Las infracciones sancionadas

Desde el Govern detallan que, de los expedientes gestionados por Consum, hay dos sanciones graves que suman 27.000 euros por incrementar el precio del alquiler sin justificación y por ejercer de administrador de fincas sin estar colegiado. También se está ultimando una sanción grave por no incluir el índice de referencia del alquiler y la etiqueta de eficiencia energética, una multa que puede alcanzar los 25.000 euros. Las otras cuatro de Consum son de carácter leve por no informar del índice de precios obligatorio en las zonas declaradas como tensionadas. Una de ellas, de 1.750 euros, ya se ha pagado, y las otras tres pueden ascender a 10.000 euros cada una. En cuanto a Habitatge, se están tramitando dos sanciones de 30.000 euros, otras dos de 3.000 y hay dos expedientes más que están a la espera de determinarse la cantidad a pagar. Este, han dicho los Comuns, debe ser solo "un punto de partida" para continuar aplicando el régimen sancionador.

Albiach sale así de la reunión luciendo esas primeras multas a infractores, que en su partido recalcan que están siendo como arrancar una muela al Govern. Llevaban meses insistiendo en que su aplicación era un requisito imprescindible para sentarse a hablar de los números para 2026. Así que se dan por satisfechos con lo anunciado. "Nos sentaremos a negociar los presupuestos conscientes de que Catalunya está sometida a un caos ferroviario", ha asegurado Albiach tras la reunión con Romero en una nueva jornada marcada por el caos en los trenes.

Un encuentro "a todo o nada"

En las horas previas al encuentro, los Comuns han sido especialmente críticos con el ejecutivo de Salvador Illa, al que reprochan haber gestionado "tarde y mal" tanto la crisis de Rodalies como la de vivienda. Habían advertido, además, de que la cita sería "a todo o nada" para los presupuestos, por lo que consideran que su presión ha sido clave para que Romero haya venido con los "deberes hechos". Más allá de las sanciones de la ley de vivienda, los Comuns han explicado que en materia educativa se ha reforzado la escuela inclusiva con más de 200 nuevas dotaciones docentes y más de 350 profesionales de atención educativa. También han explicado, como avanzó EL PERIÓDICO, que se han empezado a recuperar comedores en centros de secundaria de alta complejidad y que se han robustecido los Plans Educatius d'Entorn para impulsar cursos de refuerzo de catalán, inglés y matemáticas, aunque Albiach ha puntualizado que esto último se está cumpliendo de forma "desigual".

A partir de ahí, los Comuns abrirán el melón de los presupuestos y pondrán precio a su apoyo, un 'sí' que, han advertido, será más o menos rápido en función de si el Govern accede a atender sus peticiones. Ya han anticipado que exigirán duplicar la dotación de la ley de barrios -de 200 a 400 millones anuales- y que apretarán las tuercas con más medidas en vivienda, educación y sanidad. De hecho, la limitación de la compra especulativa será uno de los asuntos de peso, como también lo serán las exigencias en Rodalies, que pronostican que serán un lastre para el Govern durante toda la legislatura. "No pediremos responsabilidades hasta que se cierre la crisis", ha dejado caer Albiach, que ha insistido en que "no tiene sentido" que sobre la consellera Paneque recaigan tantas áreas y de tanto calado como Rodalies o vivienda, además de Transició Ecològica.

El flanco de ERC

Sin embargo, aunque la consellera Romero logre inaugurar las negociaciones con los Comuns, el Executiu necesita también despejarse el camino con ERC. Los republicanos continúan a la espera de desencallar la recaudación del IRPF del nuevo modelo de financiación, algo que depende de un gesto del Gobierno de Pedro Sánchez. Los socialistas catalanes esperan que, tras las elecciones en Aragón del domingo, se encauce este flanco y el partido de Oriol Junqueras se sume al debate de las cuentas y desgrane sus condiciones para apoyarlas.

Después de presentar la propuesta de la nueva financiación a principios de año, el Govern había calculado que a estas alturas tendría ya amarrado un pacto con sus socios, algo que no ha sucedido porque la hospitalización de Illa primero y el accidente de Gelida y el posterior caos en los trenes hizo saltar sus previsiones por los aires. Lo que no ha cambiado es su intención de llevar a cabo una negociación exprés para que los presupuestos entren en vigor antes del mes de abril. Los contratiempos, insisten fuentes gubernamentales, no los ha hecho desistir de este objetivo que para Illa supondría garantizarse la estabilidad para el resto de la legislatura.

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