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DECRETO ANTIDESAHUCIOS

El Gobierno pacta con el PNV que continúen los desahucios de 'inquiokupas' a propietarios que tengan una vivienda en alquiler

Podemos carga contra el "acuerdo criminal", que limita la suspensión de desahucios por impago de alquiler para inquilinos vulnerables

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 15 de enero de 2026, en Madrid (España).

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Ana Cabanillas

Ana Cabanillas

Madrid
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El Gobierno pacta con el PNV limitar la suspensión de desahucios en caso de impago de alquiler por parte de inquilinos que se declaren vulnerables, y se mantendrán los lanzamientos de viviendas en caso de que el propietario tenga una única vivienda en alquiler. El Consejo de Ministros ha terminado por desgajar el decreto ómnibus que decayó la semana pasada y separar la subida de pensiones, una petición que hicieron Junts y PP, y llevar a otro decreto las medidas sociales.

En este segundo paquete es donde el PSOE ha tratado de recabar el apoyo del PNV concediendo una protección extra a los pequeños propietarios para tener su aprobación. Pero los equilibrios no son fáciles en esa mayoría de investidura. Y es que el apoyo de los nacionalistas vascos contrasta con la reacción de Podemos, que de momento no ha avanzado su voto pero que ha mostrado su rechazo absoluto a lo que ha venido a definir como "acuerdo criminal".

"Aclaro para que se entienda: el PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que “sólo” tienen una vivienda para alquilar. Pobrecitos, sólo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad. Asco absoluto", criticó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en redes sociales.

En declaraciones a la prensa desde Zaragoza, Belarra ha abundado en sus críticas. "A consecuencia de este pacto criminal entre el PSOE y el PNV va a haber muchas personas desprotegidas", señaló, antes de considerar "especialmente lamentable la forma en lo que lo han contado", dijo, en referencia a la expresión empleada por el Gobierno para fijar una protección a los pequeños propietarios.

A su juicio, sin embargo, "no se está protegiendo a las personas que son caseros y tienen más de dos viviendas, lo que se está haciendo es desproteger a las personas que están alojadas en esas viviendas, en su casa". En este sentido, Belarra ha reclamado a PSOE y PNV "un poquito de seriedad y contarle la verdad a la gente, no esta narrativa falsa, que lo que hace es no contarle a la gente que van a dejar en la calle a inquilinos vulnerables". Belarra sin embargo ha evitado dejar clara el voto en el Congreso de los cuatro diputados de Podemos, que son necesarios para que la medida salga adelante.

Desde Sumar, socio minoritario del Gobierno, no ponen objeción al acuerdo y aunque advierten de que hubieran preferido un único decreto, se felicitan de que se hayan mantenido todas las medidas en estos dos paquetes, incluyendo el decreto antidesahucios.

Dos vías del decreto

Este escudo antidesahucios, incluido en el decreto social, incluía dos patas: la primera (artículo 1 del texto) hacía referencia a las situaciones de impago de alquiler, la llamada 'inquiokupación', suspendiendo los desahucios para aquellos casos en que el inquilino se declarase vulnerable.

En este punto, el texto no discriminaba entre propietarios, y se aplicaba en todos los casos independientemente del número de viviendas que tuviese en su poder. Y es en este punto donde el PNV reclamó distinguir entre pequeños propietarios, con un único piso en alquiler, del resto, para garantizar que sigan pudiendo percibir su renta de alquiler.

La segunda situación que contemplaba (artículo 1 bis) afectaba a los casos de okupación, que está considerado delito y es la posesión de un inmueble sin título habilitante. En esos casos, los desahucios sólo se suspenderían si el ocupante se declaraba en situación vulnerable y el propietario fuera una persona jurídica (empresa o fondo) o grandes tenedores de vivienda, a partir de diez propietarias.

Hasta ahora el Gobierno ha defendido que la suspensión de desahucios solo afectaba a grandes tenedores y fondos, un debate que ha generado rifirrafes con el principal partido de la oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió al Ejecutivo "eue tramite este tema en exclusiva como le ha pedido la Cámara, y deje de convertir a los pensionistas en rehenes de la inquiokupación".

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