Negociación contra reloj
El Gobierno separa en dos el decreto ómnibus para salvar las pensiones
Se ha aceptado la reivindicación del PNV, que está haciendo de una suerte de intermediario con Junts en la negociación con el Gobierno, para que la prórroga de los desahucios no afecte a los propietarios de una vivienda en alquiler

Lucía Feijoo Viera
El Gobierno troceará en dos el decreto ómnibus para salvar las pensiones. El Ejecutivo pretende reducir los riesgos y votar dos decretos por separado, que se prevén llevar este martes al Consejo de Ministros. Uno para la revalorización de las pensiones y otro para los desahucios, lo que permitiría que las medidas se votaran por separado en el Congreso, como ya avanzaba EL PERIÓDICO este lunes.
Fuentes del Ejecutivo confirmaban a primera hora de la mañana que aún se negociaba a contrarreloj, justo antes de un Consejo de Ministros que ha dado comienzo a las 9:00 horas de la mañana. Finalmente, se ha aceptado la reivindicación del PNV, que está haciendo de una suerte de intermediario con Junts en la negociación con el Gobierno, para que la prórroga de los desahucios no afecte a los propietarios de una vivienda en alquiler. Una petición compartida por los posconvergentes.
Con un Gobierno sin mayoría clara de izquierdas, la aritmética parlamentaria es clave y obliga a un juego de equilibrios constante. El decreto con la prórroga del escudo social, donde se incluyó la revalorización de las pensiones, es un claro ejemplo. “Nuestra intención es llevar un decreto de medidas de escudo social que cuente con una amplia mayoría en el Congreso”, justificaban fuentes de Moncloa.
Las conversaciones se centraron así en lograr para ello el apoyo de Junts, pero procurando que las cesiones a los posconvergentes alejen a otros socios del arco progresista. “Si ofrecen cosas que podría hacer también el PP sobraría de la ecuación el eje de la izquierda”, avisaban ya la pasada semana fuentes parlamentarias de uno de los grupos que más ha defendido la prórroga del escudo social.
El Congreso tumbó la pasada semana el llamado decreto ómnibus con los votos en contra de PP, Vox y Junts. Populares y posconvergentes coincidieron en criticar que se mezclase el alza de un 2,7% para las pensiones medias con la extensión de la prohibición de desahucios a familias vulnerables hasta encontrarles una alternativa para su realojo.
Los socialistas se centraron desde el primer momento en atraer a Junts en materia de vivienda con mecanismos que ofrezcan más garantías a los propietarios por impago de alquiler. Tanto a nivel de dotación presupuestaria como de agilidad. Finalmente se ha optado por dejar exentos a los propietarios con una sola vivienda en alquiler "de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad", según confirman desde el grupo parlamentario del PNV.
Avales a propietarios
El Consejo de Ministros ya presupuestó en 300 millones los avales financiados por el Estado para este fin. La línea de ayudas para la cobertura en caso de impagos del alquiler de viviendas para jóvenes y colectivos vulnerables ya formaba parte del Plan Estatal de Vivienda, pero ante su retraso se aprobó un decreto el pasado mes de diciembre y ahora se ha dotado presupuestariamente.
Tras un intenso fin de semana de negociaciones, este lunes en el Gobierno se abrían ya a la posibilidad de llevar por separado las medidas del decreto. Un cambio sustancial con respecto a la semana pasada, cuando la pretensión era “mantenerlo entero”, como también exigía el socio minoritario de la coalición. Pedro Sánchez fue contundente este domingo durante un mitin en Teruel, a dónde acudió para respaldar a la candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, que las pensiones “se van a revalorizar sí o sí, con o sin el PP".
Se busca así un encaje compaginando la protección de familias vulnerables con la cobertura a los propietarios. El otro comodín que todavía se reserva el Gobierno tiene que ver con la delegación de competencias en inmigración a Catalunya, después de que Podemos se abriese a levantar su veto como fruto de su acuerdo con el Gobierno para la regularización exprés de hasta medio millón de migrantes. El desbloqueo de esta carpeta depende ahora de modificar el preámbulo del proyecto, a lo que se abren los posconvergentes y que Podemos exige para dar su apoyo, eliminando referencias que consideran “racistas”.
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