El Ayuntamiento de Alicante ya advirtió de un posible conflicto de intereses en la polémica promoción de vivienda protegida

El Ayuntamiento de Alicante ya advirtió de que la polémica promoción de vivienda protegida Les Naus podía esconder un posible conflicto de intereses. Un informe municipal, que el ejecutivo local fecha a finales de enero, alertaba de que la lista de adjudicatarios de los inmuebles incluía beneficiarios "vinculados a personal municipal que había intervenido en la gestión del contrato".

Así se recoge en la denuncia presentada por el propio Ayuntamiento este martes ante la Fiscalía, donde se detalla que el Servicio de Gestión Patrimonial "alertó de que personal municipal posiblemente interviniente en la gestión del contrato resultó adjudicatario, directa o indirectamente, de una vivienda protegida en el complejo construido". Aquel documento ya "señalaba posibles conflictos de intereses" derivados de esta adjudicación y hacía referencia al deber legal de abstención, para aquellos empleados o autoridades con interés personal en un asunto de su competencia.

Dicho escrito avanzó también un "posible incumplimiento de las condiciones legales de acceso a las VPP [Viviendas de Protección Pública] construidas", ya fuera "por no cumplirlas directamente" o bien "por haber faltado a la verdad u omitido esta a la hora de declararlas". El departamento municipal apreciaba supuestos en los que "la mera condición, nivel y categoría de los adquirientes harían previsiblemente imposible la compatibilidad con los requisitos de capacidad económica exigibles".

En concreto, la denuncia registrada por el Consistorio este martes en Fiscalía, hace referencia a que el informe de Patrimonio destacaba que "al menos un arquitecto municipal participó activamente en el asesoramiento y seguimiento del contrato con la cooperativa durante su ejecución, sin que conste que hubiera puesto de manifiesto su interés personal ni se hubiera abstenido, incumpliendo presuntamente lo previsto en el artículo 23.2.a de la Ley 40/2015".

Sin participación

No obstante, el informe encargado en enero de este año por el alcalde, Luis Barcala, después de que INFORMACIÓN desvelara la polémica adjudicación, determina que Rocío Gómez, María Pérez-Hickman y Francisco Nieto (las tres personas investigadas en el expediente) accedieron a la promoción en diciembre de 2021 (en el caso de la exconcejala y la funcionaria) y que el arquitecto municipal lo hizo ya en enero de 2025, en sustitución de otro socio de la cooperativa.

No obstante, en todo ese tiempo, el escrito elaborado por el secretario municipal, responsable de las averiguaciones, aprecia que ninguno de los tres investigados participó en ningún trámite administrativo al respecto. Los funcionarios, según indica el texto, por no tener potestad para ello al no formar parte de las votaciones (aunque Pérez-Hickman sí estuvo presente con voz pero sin voto en trámites de la Mesa de Contratación), y la exedil, por encontrarse de baja durante largos periodos a lo largo del presente mandato.

Las dudas "persisten"

Pese a ello, los letrados municipales aprecian que "subsisten incógnitas y aspectos fácticos no esclarecidos" mediante la investigación interna. En particular, "preocupa la posibilidad de que pudieran haberse dado intervenciones materiales o influencias funcionales no documentadas oficialmente por parte de las personas implicadas", lo que podría haber favorecido la adjudicación de viviendas a su favor o al de sus allegados.

En este apartado, se vuelve a señalar al arquitecto municipal, puesto que "prestó apoyo" durante la tramitación del contrato, "manteniendo reuniones con el personal del servicio de Patrimonio e incluso con representantes de la Cooperativa", llegando a ser propuesto como responsable municipal del contrato en el año 2024. Finalmente, se designó a otro funcionario "por directriz de la Concejalía de Urbanismo", aunque ello no elimina que "este empleado intervino de facto en la gestión del contrato", al menos durante el 2024, "sin que conste que advirtiera ni se apartara" pese a su "interés personal".

Del mismo modo, los servicios jurídicos del Ayuntamiento apuntan que "quedan sin aclarar eventuales influjos informales" que, al margen de los canales reglados, "pudieran haberse ejercido en el proceso de adjudicación de las viviendas". Todas esas cuestiones, reconocen los letrados, "no han podido ser disipadas mediante los medios administrativos internos del Ayuntamiento", por lo que se acuerda poner los hechos en conocimiento de Fiscalía para esclarecer todas las circunstancias inherentes a la polémica.

Suscríbete para seguir leyendo