La corrupción más allá de Koldo o la Gürtel: solo en 2025 fueron procesadas 106 personas por estos delitos en España

Decidido a demostrar que no solo luchan contra la corrupción la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) empezó en 2015 a recopilar los datos de procedimientos, sentencias y condenados por delitos vinculados a la corrupción, con información elaborada por el servicio de estadística judicial a partir de la proporcionada por los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), los ministerios de Justicia e Interior, Instituciones Penitenciarias y las comunidades con competencia en la materia.

Del repositorio, que se actualiza trimestralmente y que se puede consultar a través de la página web del Poder Judicial, se desprende que la corrupción va mucho más allá de los casos que llenan los telediarios o los periódicos, e incluso, de los que con nombre propio se suceden o se solapan, como en cierta medida ocurrió con la Gürtel y ahora con el caso Koldo. Por otra parte, estas grandes causas mediáticas conviven con los distintos fraudes detectados en relación con los hidrocarburos o los casos de Plus Ultra y la Sepi. En este último, además, una de sus protagonistas, la exmilitante del PSOE Leire Díez también está imputada en otra causa por tratar de desprestigiar a los que luchan contra la corrupción.

Como la corrupción como tal no está recogida en el Código Penal, más allá que como el delito de corrupción en los negocios -que fue incorporado en una de sus últimas reformas-, el repositorio trata de presentar la acción que la justicia realiza "en el marco global de la lucha contra la corrupción" a través de una decena de delitos que se consideran significativos de ella, en la modalidad que supera lo estrictamente político para abarcar todo lo público.

Se trata de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función (artículos 439, 441, 442, 443 y 445 del Código Penal); malversación (432, 433, 434 y 435); cohecho (419, 420, 421 y 422); prevaricación de funcionarios públicos (404, 405 y 408); ordenación del territorio (320); patrimonio histórico (322); infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (413, 414, 415, 416, 417 y 418); tráfico de influencias (428, 429 y 430); fraudes y exacciones ilegales (436, 437, 438 y 438 bis), y propiedad intelectual e industrial, mercado y consumidores (en el que se incluye el de corrupción en los negocios -286 ter-).

Casi un centenar de presos

Según los datos recogidos por el Consejo del Poder Judicial, en cárceles españolas a fecha de 1 de enero de 2025 había un total de 98 personas cumpliendo condena o en situación de preso preventivo, que es como lo están el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, aunque ninguno de ellos aparece en el cómputo, porque su encarcelamiento se produjo el pasado 27 de noviembre. De los presos, tres se encuentran en cárceles del País Vasco, 11 en las de Catalunya y el grueso en las del resto de España.

Los datos, hechos públicos con una periodicidad trimestral, reflejan que la corrupción sigue ahí. Los últimos datos facilitados reflejan que en 2025 se han concluido un total de 19 procedimientos por delitos de corrupción contra un total de 106 personas (97 físicas y nueve jurídicas). Uno de ellos fue la pieza relativa a la venta de mascarillas a organismos dependientes de Transportes, en el que están imputados Ábalos y Koldo.

Con independencia de los datos más recientes, el año en que los jueces abrieron juicio oral o procesaron por corrupción a más personas fue 2016, cuando la cifra ascendió a 659 personas. Fueron condenadas 266 en las 104 sentencias dictadas, de las que el 76% fueron condenatorias.

En número de personas contra las que se abrió juicio oral o fueron procesadas le sigue 2017 con 411, entre las que estaba Iñaki Urdangarin, que fue yerno del rey emérito y al que el Supremo rebajó la pena que le había sido impuesta por el caso Nóos a 5 años y 10 meses. El que fue ministro del PP y presidente balear Jaume Matas también fue condenado en esa causa a 3 años y ocho meses de prisión, aunque en su caso este solo fue un juicio de más de casi una decena.

El juicio en el que resultó absuelta la infanta Cristina fue uno los 97 procedimientos concluidos por delitos vinculados a la corrupción ese año y una de las 93 sentencias que resultaron condenatorias de las 126 dictadas. El siguiente año en número de personas contra las que se abrió juicio oral por corrupción fue 2021 con 344 personas físicas y jurídicas. Entonces se concluyeron 53 procedimientos y se dictaron 65 sentencias, de las que dos de cada tres fueron condenatorias.

Cambio de Gobierno

No obstante, el año que más trascendencia política ha tenido una sentencia por corrupción fue 2018, cuando la sentencia de la principal pieza del caso Gürtel dictada por la Audiencia Nacional, en la que se declaró que el PP se había financiado por una caja b, sirvió de detonante para la moción de censura que quitó el Gobierno a Mariano Rajoy y se lo dio a Pedro Sánchez.

También de ese año fue la condena del caso Pretoria, en la que la Audiencia Nacional impuso 5 años y 8 meses de prisión al exalcalde de Santa Coloma de Gramanet Bartomeu Muñoz. En esa causa también se condenó al exdiputado del PSC Lluís Andrés García, 'Luigi', al que se consideraba el líder de la trama, y a los hombres fuertes del Govern de Jordi Pujol: el exsecretario de Presidència de la Generalitat Lluís Prenafeta y el 'exconseller' d'Economía Macià Alavedra, ya fallecido, que aceptaron una pena de casi dos años con la que eludían la cárcel.

En 2019 se abrió juicio oral o se procesó por delitos de corrupción a 253 personas; se concluyeron 42 procedimientos y se dictaron 91 sentencias, de las que 26 fueron absolutorias. En 2020 los procesados por corrupción fueron 261 personas y se concluyeron 56 procedimientos. Ese año el 69% de las 67 sentencias dictadas acabaron en condena.

Los juicios orales abiertos se dirigieron contra 200 personas físicas y jurídicas en 2022, año en que se concluyó la investigación en 38 procedimientos. Siete de cada 10 sentencias fueron condenatorias. Al año siguiente los procesados aumentaron a 256 personas físicas y jurídicas, pero solo se concluyeron 32 procedimientos. Además, ocho de las 13 sentencias que se dictaron fueron condenatorias. En 2024 se sentó en el banquillo por corrupción a 146 personas físicas y jurídicas, se concluyó la investigación de 35 procedimientos y 30 de las 51 sentencias que se dictaron supusieron la imposición de penas.

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