Podemos pedirá al Gobierno que los migrantes regularizados puedan votar y una reforma legal que acorte los plazos de nacionalización

Podemos pedirá al Gobierno que los migrantes que obtengan permiso de residencia y trabajo gracias a la regularización extraordinaria tengan también derecho a voto. Una semana después de anunciar el proceso para dar permiso de trabajo y residencia a entre 500.000 y 800.000 migrantes, el partido morado amplía su lista de exigencias al Ejecutivo, reclamando no sólo el derecho al voto sino una modificación legal para reducir el plazo necesario para obtener la nacionalidad española.

En rueda de prensa este lunes, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha avanzado estas nuevas peticiones, tras el acuerdo alcanzado la semana pasada con el Ejecutivo, a cambio de abrirse a traspasar las competencias de migración a Catalunya. "Desde Podemos vamos a por más. No nos conformamos. Queremos, y así se lo trasladaremos al Gobierno de España en los próximos días, queremos derogar la ley de extranjería", comenzó el dirigente morado, que también reclamó "cerrar los centros de internamiento de extranjeros (CIE), acabar de una vez por todas con las redadas racistas", y "agilizar los procesos de nacionalización acortando los plazos".

En este punto, reclamó también "evidentemente, modificar la ley para que las personas no nacionalizadas que viven y que trabajan ya en España legalmente puedan ejercer su derecho a voto como el resto de personas", defendió Fernández. En este apartado estarían todas las personas que adquieran el permiso de trabajo y de residencia mediante el proceso de regularización extraordinaria que tendrá lugar entre abril y el 30 de junio de 2026 para todos los migrantes que residieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar cinco meses de estancia continuada en el momento de la solicitud.

Uno de los grandes debates azuzados por la oposición es la regularización implicará una alteración del censo electoral, con una nueva bolsa de votantes migrantes. Una versión que no se ajusta a la realidad, al menos de manera inmediata, puesto que el proceso regulatorio sólo conllevará la concesión del permiso legal de residencia y de trabajo para aquellos beneficiarios, sin que tenga una traducción inminente en el derecho a voto.

Estos permisos de trabajo y residencia, eso sí, activan el reloj para que estas personas puedan acceder a la nacionalización, para lo que tendrán que esperar los plazos establecidos; es decir, diez años para la mayoría de los casos; una cifra que se reduce a dos para aquellos países con convenios de reciprocidad y muchos países de América Latina -como Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay o Perú).

"Escoria fascista"

El portavoz de Podemos cargó directamente contra la oposición, aseguranodo que "las derechas y la ultraderecha han puesto el grito en el cielo por la sencilla razón de que saben perfectamente que esta medida hace que estas personas dejan de ser mano de obra casi esclavas a las que poder explotar en las peores condiciones".

En este punto, también lanzó una crítica velada al Gobierno, asegurando que el acuerdo para la regularización "ha demostrado que basta con tener contener voluntad política en la izquierda para que su racismo sea frenado mediante el respeto a los derechos humanos".

A su juicio, la medida "ha servido para que la derecha y la ultraderecha hayan vuelto a a demostrar lo que son: escoria fascista que no quiere derechos para las personas más vulnerables".

Negociación aplazada

El dirigente, preguntado por la negociación sobre el traspaso de la inmigración a Catalunya, insistió en la idea de que sólo se sentarán a negociar una vez que se haya culminado la regularización migratoria. "Una vez que se acometa y se culmine ese proceso de retribución extraordinaria, nos sentaremos a hablar de la delegación de de competencias en en Cataluña", determinó, apuntando a "dos premisas".

La primera de las condicoines es que "se elimine el sesgo racista y xenófobo que había en ese en esa exposición de motivos". La segunda apunta a reformas legales, para que "se acaben con los centros de internamiento de extranjeros y que se acaben con las redes racistas que a día de hoy suceden con mucha frecuencia". El partido morado sitúa así dos condiciones que no no están dentro del texto legal que pactaron PSOE y Junts, sino que pone otros dos requisitos que supondrían a su vez otras modificaciones legales.

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