Euskadi acapara la mitad de las competencias traspasadas esta legislatura a las comunidades

El Gobierno ha acelerado el ritmo de transferencias a las comunidades autonómicas. Un total de 24 en lo que va de legislatura, frente a los 17 con los que se cerró la anterior. De todas ellas, Euskadi acapara la mitad. Son también las de más entidad, tanto en términos de autogobierno como de coste efectivo y personal.

Las últimas cinco, selladas en un mismo paquete en la Comisión Mixta de Transferencias celebrada el pasado 16 de enero, incluyen cesiones como las prestaciones de la Seguridad Social, convirtiendo a Euskadi en la primera comunidad en gestionarlas. Solo esta competencia conlleva un volumen anual de recursos cercano a los 822 millones de euros. Antes de este último paquete se había cedido la gestión de ferrocarriles, litoral, meteorológica homologación de títulos universitarios o permisos de trabajo para no comunitarios.

Por volumen de traspasos, le sigue Catalunya, que tras el parón de la bilateralidad por el ‘procés’ suma un total de cinco. Algunas de ellas se limitan a la ampliación de los medios patrimoniales adscritos a servicios ya traspasados o de funciones, pero comprenden además nuevas competencias como la gestión de las becas universitarias. El Gobierno y la Generalitat siguen avanzando ,por otra parte, en le traspaso de Rodalies, pactado con ERC en el acuerdo de investidura. En toda la legislatura anterior las transferencias se limitaron a tres, por apoderamiento.

Navarra, Castilla y León, Andalucía y Galicia completan la lista de comunidades que ha pactado traspasos con el Gobierno esta legislatura. La última de ellas, correspondiente a la titularidad de la AP-68, se publicó en el BOE esta misma semana. Asimismo, desde el ministerio de Política Territorial, que dirige Ángel Víctor Torres, trasladan que hay otras seis peticiones de comisiones mixtas sobre la mesa de diferentes comunidades.

Más allá del peso cualitativo y cuantitativo en las transferencias a Euskadi, desde este departamento destacan su voluntad de diálogo con las comunidades que pidan ampliar competencias. En esta línea fue llamativa la cesión a Galicia en materia de ordenación y gestión del litoral el pasado año, puesto que fue la primera tras casi 15 años. Una sequía que se había prolongado desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Xunta, tras la época del bipartito de PSdeG-PSOE y BNG. Las comunidades de Andalucía y Castilla y León han roto así esta legislatura con más de una década sin nuevas transferencias.

El acuerdo de investidura con el PNV incluía el compromiso de cerrar el traspaso de todas las competencias recogidas en el estatuto de Gernika. Se ponía como plazo el 31 de diciembre de 2025, pero este se ha superado quedando todavía pendientes una quincena. Con todo, el acelerón es notable, puesto que en apenas dos años se ha desbloqueado doce nuevas competencias frente a las 22 que había sumado desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.

La pretensión ahora es darle un impulso a los traspasos restante en la próxima reunión bilateral fijada para antes de Semana Santa. Un encuentro en el que los nacionalistas vascos priorizan un de los traspasos más complejos, el de los aeropuertos, que además cuenta con la oposición de Aena, el operador aeroportuario.

La carpeta de la inmigración

Desde el Gobierno remarcan la complejidad de esta cesión y la necesidad de encontrar un punto de encuentro donde se rebajen expectativas. “Estoy convencido de que seguiremos avanzando, no sin dificultades”, apuntaba el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras el encuentro entre Sánchez y Pradales en Moncloa. Tras señalar que hasta ahora siempre han logrado sacar adelante los acuerdos con consenso de ambas partes, concluyó que en cualquier caso se desarrollarán “siempre dentro del marco de respeto absoluto a la Constitución y los estatutos”.

Los jeltzales tampoco dejan de poner el foco en arrancar más “herramientas” en gestión migratoria, mirando de reojo la ventana que se abre para recuperar la delegación de competencias en esta materia a Catalunya. En esta línea, reivindican que se facilite la cooperación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la Ertzaintza en materia de extranjería para los procedimientos de expulsión. Tanto con Catalunya como con Euskadi se avanzó al inicio de la legislatura en el marco de la Junta de Seguridad para extender competencias de las fuerzas de seguridad autonómicas. 

El acuerdo con Podemos para la regularización exprés de hasta medio millón de migrantes se brindó con vistas a que los morados suavicen su veto a la delegación de competencias en inmigración a Catalunya, uno de los principales compromisos pendientes con los de Carles Puigdemont. Los morados tumbaron en el Congreso el proyecto de ley y ahora se abren a reconsiderar su posición. Para los nacionalistas vascos es una prioridad conseguir el estatus de ‘Frontera Norte’, que supondría recursos adicionales y capacidades de interlocución con el gobierno galo, ante la realidad de que este territorio atiende a personas en tránsito hacia Europa.

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