La ley para regular los alquileres temporales sigue bloqueada por el 'no' de Junts pese a las cesiones del Gobierno

El punto débil del bloque de investidura está, sobre todo, en la política de vivienda y la fractura no deja de agrandarse. Dos meses y medio después de que el PSOE cerrara un acuerdo con la mayoría de sus socios para aprobar la regulación de los alquileres de temporada y habitacionales la norma sigue cogiendo polvo en un cajón ante la negativa de Junts a respaldarla. Pese a las cesiones del Ejecutivo a los posconvergentes -en dos semanas se aprobará la ley contra la multirreincidencia- los de Carles Puigdemont mantienen bloqueada la negociación y el resto de aliados reprocha al Gobierno la parálisis.

A principios de noviembre, en un intento de recuperar a Junts, el PSOE puso en marcha la tramitación de la ley contra la multirreincidencia. Y, para compensar la balanza con los socios de izquierdas, reactivó el debate de la norma impulsada por ERC, junto con Sumar, EH Bildu y Podemos para otorgar a los inquilinos con contratos temporales los mismos derechos que aquellos que tiene contratos de vivienda habitual. El acuerdo con estas formaciones, a las que se sumó el PNV, se alcanzó en apenas una semana.

Sin embargo, desde entonces no se han producido más movimiento ante la amenaza del 'no' de Junts. El voto en contra de los posconvergentes en la comisión de Vivienda no resulta decisivo, pero en el siguiente trámite, cuando el texto se debata en el pleno, implicaría que la norma decayese. Así, la proposición de ley quedó paralizada. Distintas fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que todo sigue igual, "sin avances", y que no tienen constancia de que el PSOE tenga pensado reactivarlo en el corto plazo.

La correlación de fuerzas

"Espero poder contar con el apoyo del Parlamento para sacar adelante la regulación de este tipo de alquiler para combatir el fraude que se está produciendo", decía este mismo viernes la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sobre esta norma. Durante una comparecencia extraordinaria en el Congreso, en la cual no puso sobre la mesa fecha alguna para retomar la tramitación, evitó referirse a Junts, aunque sí dijo que quería contar "con todos los grupos" porque no cree que haya discusión en que el alquiler temporal se ha convertido en una de las "grandes espitas" del mercado del alquiler.

La portavoz de Junts en la comisión, Marta Madrenas, hizo oídos sordos a las palabras de la ministra. No así algunos de los otros socios. La líder de Podemos, Ione Belarra, reprochó a Rodríguez que el PSOE ya sabía durante la redacción de la Ley de Vivienda de 2023 que los alquileres de temporada eran un "agujero" y que no quisieron resolver. Y, en la misma línea, la diputada de ERC, Etna Estrems, denunció que la situación actual es "culpa" de los socialistas por no haber regulado este aspecto en la legislatura pasada. "Ahora nos encontramos llorando por las esquinas", dijo.

"Como ahora el Parlamento es de derechas, no hay manera de regular esta cuestión", aseveró Estrems, en un análisis similar al que hizo el diputado de EH Bildu Óscar Matute que admitió ser "consciente de la correlación de fuerzas" en el Congreso. En este sentido, el Ejecutivo trató de recuperar el respaldo de Junts con la futura ley de multirreincidencia y con un real decreto con medidas económicas que se aprobó en diciembre. Sin embargo, esta semana, con su voto en contra al decreto que revalorizaba las pensiones, se comprobó que los posconvergentes no están dispuestos a ceder tan fácilmente.

El objetivo de la norma

La norma, tras los últimos acuerdos cerrados, establece que los contratos temporales no puedan durar más de 12 meses, en lugar de los 9 establecidos originalmente; se incluye a los alquileres de temporada y de habitación en los topes de precios en zonas tensionadas impuestos en la Ley de Vivienda; se establece la prohibición explícita de cobrar a los inquilinos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) u otros tributos; y se detalla que los pisos turísticos no pueden superar los 31 días continuos.

Por otro lado, se mantiene la obligación de que en los alquileres temporales los arrendadores acrediten "la causa que motiva el desplazamiento temporal del arrendatario"; que este tipo de contratos no puedan encadenar más de una prórroga, ya que de lo contrario se convertirán en vivienda habitual; que el desistimiento del contrato se pueda realizar una vez haya transcurrido un mes sin penalización alguna; o que la fianza no pueda superar una mensualidad en los contratos de corta duración y los dos meses en los de larga duración.

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