Solo el 10% de las ocupaciones en Catalunya en 2025 fue en primera o segunda residencia

Las ocupaciones que más preocupan a los propietarios -las que afectan a primeras y segundas residencias- son minoritarias en Catalunya. Solo una de cada diez denuncias por ocupación en 2025 se corresponden con este supuesto, según datos facilitados por la conselleria de Interior a los que ha accedido EL PERIÓDICO a partir de una respuesta parlamentaria de los Comuns. En el documento, el Govern ofrece una fotografía del total de denuncias en Catalunya por este delito en 2025, que asciende a 4.806, con datos actualizados hasta el 31 de octubre. De media, son 480 ocupaciones al mes, menos que el promedio de 2024, que es de 530. Es la cifra más baja, siempre teniendo en cuenta la media mensual, de los últimos seis años.

Dentro del "fenómeno de la ocupación", explican desde Interior, se agrupan dos tipologías de delito penal: la usurpación, que suele darse en pisos vacíos, locales, terrenos o propiedades que no constituyen la residencia habitual (corresponde el 90% del total de denuncias del año pasado), y la violación de domicilio, que implica entrar o permanecer en un espacio habitado sin consentimiento, es decir, una primera o segunda residencia. En este segundo cajón es donde se contabiliza el menor número de demandas: en 2025 supusieron en torno al 10% del total, unas 500 al año.

Badalona lidera en denuncias

Si miramos las grandes ciudades de Catalunya, aquellas de más de 50.000 habitantes o las capitales de provincia, la tendencia general es una disminución de las denuncias por ocupación en 2025 respecto al año anterior, como ocurre con el total de Catalunya. Las únicas excepciones en los 25 municipios que entran en esta lista son Badalona, con un 18% más que en 2024, Cornellà de Llobregat (un 50%), Terrassa (45%) y Rubí, esta última con un incremento del 110% (de 58 a 122 demandas en un año).

En el otro extremo, El Prat de Llobregat y Sant Boi de Llobregat han experimentado una reducción del 80% de avisos por este tipo de delito, así como Castelldefels, con un 70% menos. En Barcelona y en L’Hospitalet de Llobregat, por ejemplo, las denuncias por ocupación han disminuido alrededor de un 40% entre 2024 y 2025. Aun así, las cifras son muy distintas: en Barcelona hubo 337 demandas en 2025 y en L'Hospitalet de Llobregat, 49. La media de denuncias en las 25 mayores ciudades de Catalunya es de unas 120 al año.

De todos los municipios, destaca Badalona, que encabeza el listado con casi 800 denuncias al año. Su alcalde, Xavier García Albiol (PPC), ha hecho de la lucha contra la ocupación una de las señas de identidad de su acción política y la coloca de forma recurrente en el centro del debate municipal, como uno de los "grandes problemas", dice, que se propone atajar en la ciudad. Los datos también muestran que su ciudad es la que más desalojos efectúa -de todo tipo de viviendas- por parte de Mossos d'Esquadra o Policías Locales de toda Catalunya, con unos 320 al año. Muy por encima de los municipios que le siguen, que son Barcelona, con unas 160 desocupaciones anuales, o Mataró y Girona, que suman un centenar.

La respuesta penal

La respuesta parlamentaria pone negro sobre blanco un matiz que Interior repite desde hace tiempo: que las ocupaciones que afectan a viviendas habitadas, ya sean primeras o segundas residencias, son minoritarias. La mayoría de casos se concentran en inmuebles vacíos o sin uso residencial habitual -hasta un 80% de grandes tenedores, como explicó la subjefa ejecutiva de Mossos, Alícia Moriana, a la ACN- donde el recorrido suele ser más largo porque entran en juego los juzgados, los trámites y, a menudo, procedimientos que se enquistan en la vía civil. Un ejemplo reciente es el desalojo del B9 de Badalona, ahora investigado por la Fiscalía. Sin embargo, cuando se acredita que se trata de una entrada en un domicilio de primera o segunda residencia, el Govern sostiene que el marco es distinto y que la intervención puede ser más rápida.

También cambia la respuesta penal. La ocupación pacífica vinculada a la usurpación se castiga con multas de tres a seis meses. En cambio, la violación de domicilio puede conllevar penas de prisión de seis meses a dos años si no hay violencia, y de hasta cuatro años, además de multa, si la hay. Interior añade que, si los agentes confirman que se trata de un domicilio habitual, "pueden actuar sin autorización judicial previa", aunque insiste en que este tipo de casos representa una parte pequeña del total.

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