El Supremo ordena entregar a González Amador 10.000 euros de la condena al exfiscal general

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha pedido al empresario Alberto González Amador que le informe de una cuenta bancaria de la que sea titular "a efectos de transferirle la cantidad de 10.0000 euros, acordada en concepto de responsabilidad civil" del total de los 17.500 que han sido entregados por la Unión Progresista de Fiscales a nombre de Álvaro García Ortiz.

Este total responde a la multa y a la indemnización que le fueron impuestas al ex fiscal general del Estado al ser condenado por cometer un delito de revelación de datos reservados contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En la diligencia de ordenación dictada en la pieza de ejecución de la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se da cuenta de la aportación de García Ortiz, que fue obtenida en un "crowfounding" impulsado por la Unión Progresista de Fiscales a la que éste pertenecía. Concretamente, la Sala ordena a transferir a favor del Tesoro Público la cantidad de 7.200 euros a la que fue condenado en concepto de multa y pide los datos bancarios al empresario para entregarle los 10.000 restantes.

Tal y como informó este diario, en solo un mes los fiscales progresistas consiguieron recaudar "íntegramente las responsabilidades pecuniarias" a las que fue condenado el exfiscal general. La campaña de recaudación se hizo pública el pasado 22 de diciembre y desde entonces, según la asociación, "decenas de fiscales, de todos los territorios y categorías" respondieron a un llamamiento que, según sus organizadores, "no era económico, sino ético".

Origen del dinero

El Supremo requirió a la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, que manifestara "la naturaleza y finalidad del ingreso de 17.200 euros efectuado en la cuenta de depósitos y consignaciones" del juzgado como consecuencia del fallo de la sentencia que inhabilitó al último fiscal general para ejercer esta función por dos años, lo que precipitó su salida del cargo.

Desde los Servicios Jurídicos del Estado respondieron el pasado miércoles que este importe se entregó "a todos los efectos, siendo los fondos empleados procedentes de aportaciones voluntarias cuya canalización y coordinación fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales". García Ortiz asumía dicho pago "como propio".

Indulto y reingreso

La Unión Progresista de Fiscales también ha prestado su apoyo a una organización de derechos humanos que ha iniciado una campaña en change.org para lograr que el Gobierno indulte a Álvaro García Ortiz. Aunque se desconoce si está relacionado con esta campaña, esta semana trascendió que el Ministerio de Justicia ya tramita una petición concreta y por ello ha pedido un informe al Supremo y a la Fiscalía, después de que dos particulares hayan solicitado su indulto total.

Mientras tanto, y gracias a un decreto validado por su sucesora en el cargo, Teresa Peramato, el exfiscal general ha logrado eludir su expulsión de la Carrera Fiscal y ha reingresado en la sección de Contencioso-Administrativo de la Fiscalía del propio tribunal Supremo. Además, prepara su pelea en el Tribunal Constitucional para intentar demostrar que sus derechos fundamentales fueron vulnerados proceso penal que se dirigió contra él.

Un sector minoritario de la Fiscalía, junto con destacadas figuras progresistas de la judicatura, la abogacía y la sociedad civil, consideran que la condena fue injusta y manifiesta su apoyo público a García Ortiz. Este mismo jueves recibió un homenaje en el Ateneo de Madrid con motivo de la presentación de un manifiesto firmado por 150 juristas en el que se defiende que el fallo del Tribunal Supremo "ha dado un golpe muy serio a la confianza en el Alto Tribunal", porque "no descansa en pruebas directas, sino únicamente en indicios, es decir, en conjeturas basadas en hechos indirectos".

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