Montoro acusa al juez de Tarragona de prorrogar la causa para justificar su "inactividad" pese a abrir la causa hace más de siete años

Antes de que el juez de Tarragona Rubén Rus decidiera este miércoles prorrogar por seis meses la investigación del caso Montoro y acordar nuevas diligencias -- entre ellas la de analizar los bienes del exministro de Hacienda del PP y su mujer-- la ley le obligaba a dar oportunidad a las defensas para pronunciarse al respecto. En su escrito, el abogado Javier Gómez-Ferrer, que defiende a Cristóbal Montoro, acusa al instructor de vulnerar la jurisprudencia del Supremo, que señala que la ampliación de las pesquisas "jamás podrá ser utilizada para justificar la inactividad jurisdiccional tensionando la presunción de inocencia del investigado y extendiendo su inquietud ante la eventual respuesta penal hasta límites intolerables para una sociedad democrática".

Lo argumenta porque la causa se empezó a investigar en secreto en agosto de 2018, y tampoco ha avanzado mucho desde que este secreto se levantó el pasado mes de junio. Fuentes de la defensa han señalado a EL PERIÓDICO que están preparando recurso contra la prórroga, entre otras razones porque esta se dictó sin que concluyera el plazo dado a las partes para que se pronunciaran al respecto, que vencía este jueves. Lo ven como otra vulneración de las garantías procesales.

"Pese a que alguna de las acusaciones populares, con más sentido del humor que el deseable en un procedimiento de esta naturaleza, ha calificado esta instrucción como embrionaria, lo cierto es que han pasado más de siete años, desde que se acordó la incoación del presente procedimiento", señala, para añadir que desde que en junio de 2025 se levantó dicho secreto y se imputó formalmente a Cristóbal Montoro tampoco se ha desplegado "ninguna actividad investigadora por parte de la fuerza instructora".

Por su parte, el juez ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que se requiera a las notarías las escrituras de constitución y el inventario de bienes de los investigados, entre los que figura el exministro Cristóbal Montoro, y de sus cónyuges. El magistrado ha acordado librar los mandamientos necesarios para recopilar esta información, que también afecta a excargos de Hacienda y a otras personas vinculadas al despacho fundado por el exdirigente del partido Popular, antes denominado Equipo Económico.

Según el letrado, el Supremo establece que la limitación temporal de las investigaciones supone una garantía para los investigados impidiendo que quedes ometido a largos procesos penales, "con el perjuicio que ello conlleva, cuando la actividad judicial no se haya desarrollado con la debida diligencia".

Medio año sin diligencias

En este caso, incide en que "parece razonable pensar que, en estos más de 6 meses, el juzgado de instrucción ha tenido tiempo más que suficiente para, al menos, acordar las diligencias que considerara necesarias para continuar la investigación", pero "no lo ha hecho". Es más esta parte está aún a la espera del traslado del procedimiento íntegro, tal y como ha reclamado de forma reiterada al titular de la plaza número dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarragona.

Por ello, concluye que prorrogar la instrucción por un plazo adicional, "habida cuenta de la total ausencia de actividad investigadora del Juzgado de Instrucción durante los últimos meses de instrucción prorrogada, supondría una flagrante vulneración del derecho fundamental de mi representado a la tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas".

Agrega que la inexistencia de prórroga tendría como consecuencia el sobreseimiento libre o, subsidiariamente provisional de Montoro, "en la medida en que la conducta que se le atribuye (la iniciativa legislativa), no le es imputables a título individual y, parece innecesario decirlo, no puede en ningún caso constituir delito alguno".

En esta causa se investiga y a gran parte de su equipo en Hacienda de intervenir influir decisivamente en reformas legislativas favorables", en primer término para unas empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM). Se les atribuyen indiciariamente delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

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