La negociación entre Junts y Podemos para la delegación de inmigración: ¿en qué coinciden y en qué discrepan?

"No es una delegación de competencias, es una ley abiertamente racista". Así justificó Podemos en septiembre su voto en contra a la tramitación de la ley pactada entre el PSOE y Junts para que la Generalitat tuviera poderes en materia de inmigración. Cuatro meses después, sin embargo, el partido morado está dispuesto a revisar su posición. Lo hace después de haber conseguido que el Gobierno impulse la regularización de medio millón de inmigrantes. Era una condición del partido liderado por Ione Belarra para sentarse a hablar con los posconvergetes. Pero, de momento, solo está dispuesto a eso. Podemos sigue considerando la norma "racista", mientras que en Junts están dispuestos a modificar la exposición de motivos de la ley, pero no a grandes "rebajas". También quieren una disculpa por parte de los morados por usar dicho calificativo.

El preámbulo y la inmigración "segura"

El preámbulo de la ley firmada por PSOE y Junts es la parte más controvertida, ya que es donde se "justifica" el porqué de la delegación. Podemos considera que hay partes de este texto que vinculan a la población extranjera con inseguridad y reprocha al partido liderado por Carles Puigdemont que presente la llegada de extranjeros como un "riesgo para la convivencia y la cohesión social" y para el futuro de la lengua catalana. Unas expresiones que Podemos ha condenado duramente. Los posconvergentes niegan que el redactado pueda interpretarse como discriminatorio, pero están dispuestos a revisarlo. Esto sí, siempre que no se "desnaturalice el espíritu" de la norma, matizan fuentes de la formación.

Uno de los puntos que se abriría a matizar es el que habla de una inmigración "segura". Junts argumenta que en ningún caso se referían a que el fenómeno genera delincuencia, sino a la "seguridad jurídica", y estarían dispuestos a añadir el matiz. "A nosotros lo que nos interesa es el articulado", afirman desde la formación dirigida por Puigdemont. Consideran que se trata de una parte que es más bien "técnica" y no están dispuestos a ceder. Y aquí está el problema, porque en Podemos tampoco está dispuesto a aceptar una parte legislativa de la propuesta.

Más agentes de Mossos

Una de las partes que señala el partido liderado por Ione Belarra es una disposición adicional que amplía la plantilla de los Mossos d’Esquadra hasta los 26.800 agentes en 2032. Consideran que es una manera de "vincular inmigración con delincuencia". "Ellos querían pactar una proposición de ley con el PSOE que es abiertamente racista en su exposición de motivos pero también en su articulado, diciendo que básicamente el traspaso de competencias tenía que verse acompañado de un crecimiento de los Mossos, precisamente porque asocian la inmigración con un problema de delincuencia", señaló este miércoles Irene Montero.

Junts, en cambio, niega la mayor y defiende que es necesario contar con más mossos para que puedan asumir las nuevas competencias que les otorga la ley, como su presencia en los aeropuertos.

Belarra ya protagonizó una fuerte polémica el verano pasado alrededor de esta cuestión. "Si la policía catalana tuviera las competencias en inmigración haría 'batidas racistas'", afirmó, hecho que provocó un fuerte enfado de la mayoría de partidos del Parlament y también del Govern. El president Salvador Illa advirtió de que no permitiría que nadie "pusiera en duda la profesionalidad del cuerpo", mientras que Carles Puigdemont llegó a acusar la formación de "supremacismo español" y "xenofobia" y Oriol Junqueras le afeó que su discurso sonaba "como el de Ciudadanos".

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)

Hay otros asuntos que tampoco gustan a Podemos, como la cesión a la Generalitat de los Centros de Internamientos para Extranjeros (CIEs). El texto especifica que se transfiera a Catalunya la "gestión integral" de estos espacios, lo que incluye la "dirección, coordinación, gestión e inspección de los centros". La posición de los morados es que estos centros deben cerrarse, algo que en 2021 también defendieron abiertamente los posconvergentes. Durante la campaña electoral con Laura Borràs como candidata a la Generalitat, el partido pidió al Gobierno echar el cierre del centro de la Zona Franca.

¿Cuál es la posición de Junts en la actualidad?, es la pregunta que se hacen ahora en Podemos. En los últimos cinco años, Junts ha cambiado su dirección, su discurso en términos migratorios ha variado -especialmente algunos de sus alcaldes- y le ha salido un contrincante electoral: Aliança Catalana. El secretario general de la formación, Jordi Turull, hace más de un año defendió que no se habían movido. "Si los gestionamos, los podemos cerrar y ofrecer una alternativa más humana", alegó.

Los posconvergentes consideran incoherente que Podemos esté en contra de esta parte del articulado, ya que cuando su partido formó parte del Gobierno tampoco los cerró y, en todo caso, si hay traspaso de competencias sería el Govern socialista de Salvador Illa quien lo gestionaría y no Junts. "Prefieren que en un año lo acaben gestionando PP y Vox, que no que lo haga la Generalitat", les reprochan.

Trabajadores en origen

Finalmente, hay una última cuestión en la que han puesto el foco desde Podemos más allá del preámbulo, y es el hecho de que sea la Generalitat quien pueda determinar el número de trabajadores necesarios para la economía catalana. Se trata del artículo 5, por el que "se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya establecer la previsión anual de las ocupaciones y, en su caso, de las cifras previstas de empleos que se puedan cubrir a través de la gestión colectiva de contrataciones en origen en un período determinado, en relación con las necesidades de Catalunya".

En la exposición de motivos, se habla de que la inmigración tiene "beneficios", ya que aporta "una fuerza de trabajo indispensable en los diversos sectores económicos y que no puede ser cubierta de manera suficiente por la mano de obra autóctona". El partido de Belarra y Montero rechaza que la migración pueda verse únicamente desde el punto de vista de la productividad económica.

De momento, ni Podemos ha contactado con Junts, ni Junts con Podemos. Y no hay previsión, por ahora, de que esto pase. La interlocución del partido de izquierdas siempre ha sido con el Gobierno, pilotando las negociaciones con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Y la previsión es que siga siendo así, y que sea el Ejecutivo quien convoque a las partes, llegado el caso, para abordar esta cuestión. Después de lograr la regularización extraordinaria de migrantes, en Podemos limitan su compromiso con el Gobierno al de sentarse a negociar el texto, sin que exista un compromiso de llegar a un acuerdo o votar a favor de este traspaso. Una circunstancia que se determinará en las futuras negociaciones.

Suscríbete para seguir leyendo