García Ortiz se da un baño de masas en la presentación del manifiesto contra la sentencia que le condenó por revelar datos de la pareja de Ayuso

Álvaro García Ortiz ha acudido, acompañado de su mujer, la también fiscal Pilar Fernández, y de su hija, al Ateneo de Madrid para asistir de primera mano a la presentación del manifiesto firmado por 150 juristas, entre los que figuran catedráticos, abogados y fiscales, pero también magistrados jubilados, varios de ellos cuyo último destino fue el propio Tribunal Supremo, contra la sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La asistencia de García Ortiz ha sido recibida con el público del salón de actos del Ateneo puesto en pie y los aplausos y abrazos le han acompañado hasta que ha tomado asiento en la primera fila del salón de actos del centro, lleno a rebosar para asistir a este acto de "dignidad", en palabras de la abogada Paca Sauquillo, encargada de introducir el debate, en el que han participado el magistrado jubilado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Joaquín Giménez, la vicepresidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Pepa Berdugo García-Maestro, y los abogados Nicolás Sartorius y Manuel de la Rocha.

De la Rocha ha sido el primero en intervenir y su crítica a la sentencia ha sido tan feroz que ha recordado el mensaje que el que era portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, mandó a sus compañeros de partido en el que decía que, de nombrarse presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a Manuel Marchena, controlarían la Sala Segunda “por detrás”, para añadir que lo hacen “por delante”. Marchena renunció a cualquier posibilidad de presidir el poder judicial.

Por su parte, Pepa Berdugo se ha centrado en la instrucción de la causa seguida por el Supremo, que ha calificado de "inquisitorial", desde la apertura de la causa contra García Ortiz hasta el registro que se realizó en el despacho de García Ortiz en la Fiscalía General del Estado y de la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, cuya imputación fue luego levantada.

Joaquín Giménez ha afirmado que "la sentencia es absolutamente decepcionante, porque el sistema judicial es la última esperanza de la ciudadanía". Ha explicado que "un juez debe ser independiente de su propia ideología", pero desde "hace meses ha surgido una justicia militante desde el color de su opción política y desde ahí interpreta la pena", en referencia al PP. Ha añadido que ello "ha prendido en algún sector minoritario, pero muy bien situado en la nomenclatura judicial".

Por su parte, Nicolás Sartorius ha señalado que el 'in dubio pro reo' era 'in dubio pro estacazo' de las dictaduras. Aunque ha señalado que no quiere comparar al actual Tribunal Supremo con el que le condenó a 19 años de cárcel, la referencia que la sentencia hacía a que la filtración la había hecho García Ortiz o "alguien de su entorno" le ha llevado a afirmar con ironía que "al señor entorno no se le puede condenar". Su conclusión ha sido que "hay magistrados, muy bien colocados", que consideran que "hay salvar a la patria de comunistas y terroristas y acabar con este Gobierno infame", algo que considera "muy preocupante", tanto que se han visto obligados a actuar.

"Golpe a la confianza en el Supremo"

Los firmantes del manifiesto, que ha sido leído para dar por terminado el acto, abogan por la revocación de la sentencia en el Tribunal Constitucional. Argumentan que el fallo "ha dado un golpe muy serio a la confianza en el alto tribunal", porque "no descansa en pruebas directas, sino únicamente en indicios, es decir, en conjeturas basadas en hechos indirectos".

El manifiesto, suscrito entre otros por los que fueron magistrados de la Sala Segunda del Supremo Perfecto Andrés Ibáñez, Joaquín Giménez, Alberto Jorge Barreiro y José Antonio Martín-Pallín, explica que "el propio tribunal admite que no está acreditado que el fiscal filtrara el correo electrónico remitido a la Cadena SER, limitándose a sostener que pudo haberlo hecho el acusado 'o alguien de su entorno con su conocimiento', una afirmación totalmente inaceptable para fundamentar una condena penal". También lo ha suscrito el que fue magistrado de la Sala Cuarta Fernando Salinas o el exjuez Baltasar Garzón, en su día también condenado por la Sala Segunda, por escuchar las conversaciones de los entonces imputados del caso Gürtel con sus abogados.

El texto, que, según Sauquillo, querían firmar más juristas, pero se decidió cerrar la recogida de firmas para proceder a su presentación, señala que "la construcción de la prueba indiciaria elaborada por el Tribunal Supremo es deficiente, al no aceptar la clara alternativa existente favorable al fiscal general", extremo del que los firmantes discrepan, al considerar que "en un proceso penal no bastan las sospechas, ni las imaginaciones: es preciso acreditar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, exigencia que, en este caso, no se cumple".

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