El Supremo rechaza el intento de Vox de incluir a Chivite en el caso Koldo a cuenta de los contratos investigados

El Tribunal Supremo ha dado carpetazo a la querella con la que Vox pretendía incluir en el caso Koldo a la presidenta navarra, María Chivite, a cuenta de los contratos de obra pública realizados en esa comunidad en los que habrían participado imputados en la causa que, al menos de momento, se investiga en el alto tribunal, en la que está imputado el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La Sala de lo Penal afirma que el intento del partido de ultraderecha para incriminar a la política socialista no incluye actos que permitan sostener "siquiera indiciariamente" algún amaño en la adjudicación de obra pública.

Vox atribuía a Chivite los delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal en relación con la adjudicación de contratos públicos, pero el Supremo es tajante, al afirmar que los actos concretos que le atribuye no permiten "sostener, siquiera indiciariamente, que emitiera directrices encaminadas a alterar procedimientos de contratación pública, que interviniese de forma directa o mediata en la valoración de ofertas, o en la composición de las mesas de contratación, o en la resolución de expedientes".

"Ni se presentan -añade el tribunal- marcadores de que pudiera haberse beneficiado de dádivas, promesas, contraprestaciones, ventajas o beneficios vinculados causalmente a una actuación administrativa que le correspondiera ni, en definitiva, que exista un nexo objetivo entre su conducta y los delitos denunciados de cohecho, tráfico de influencias u otros".

Varios imputados

La querella de Vox se dirigió contra Chivite, que es aforada ante el Supremo de acuerdo a la Ley de Amejoramiento, pero también contra los ya imputados Santos Cerdán, Koldo García y el que fue delegado de Acciona Construcción en Navarra Fernando Agustín Merino. La querella incluía también al director general de Obras Públicas e Infraestructuras de Navarra, Pedro López Vera, y el que fue director del Servicio de Nuevas Infraestructuras Jesús Polo Soria, así como a los funcionarios que hubiesen participado en la licitación de los contratos públicos relacionados en la querella. Vox sostenía que se habrían concertado para beneficiar a determinadas empresas.

El alto tribunal destaca que la querella se basa, no en documentos o elementos probatorios que haya aportado el querellante, sino en algunos extremos de un informe de la UCO entregado al magistrado del Supremo Leopoldo Puente, que instruye la causa contra el exministro José Luis Ábalos y otras personas.

Las adjudicaciones de contratos públicos que se refieren en la querella de Vox son la concesión administrativa y obra de la Mina Muga, para explotación de un yacimiento de potasa, en Sangüesa, en la que los investigadores centran el origen de la presunta trama de corrupción; la adecuación de los lotes 4 y 5 del pabellón Navarra Arena en Pamplona; la concesión de un contrato de derribos y adecuación en la plaza de Los Fueros de Milagro, y el Proyecto panadero en Huarte, Navarra.

Reuniones con Antxon

Los magistrados señalan que la querella vincula a Chivite con los contratos únicamente por su condición de presidenta del Gobierno navarro así como por haber mantenido, según ellos, cuatro reuniones con Antxon Alonso Egurrola entre 2020 y 2021 y tener una gran relación personal y profesional con Santos Cerdán, quienes detentarían el capital social de la empresa adjudicataria Servinabar, de la que el primero figura como administrador único, pero los investigadores creen que vendió un 45% al expolítico socialista.

El auto indica que los elementos invocados por Vox “carecen de concreción, individualización y soporte objetivo bastante, quedando anclados en un plano de sospecha genérica derivado de ostentar una posición institucional de máxima responsabilidad en la comunidad autónoma y de haber tenido una relación personal y profesional más o menos intensa con dos de los querellados, lo que no equivale necesariamente a haber participado o influido en adjudicaciones eventualmente irregulares que les hayan favorecido”.

Conforme a ello, la Sala acuerda la inadmisión y archivo de la querella, “sin perjuicio de que los hechos, en cuanto pudieran referirse a personas no aforadas y a actuaciones administrativas susceptibles de depuración penal, puedan suscitar su denuncia ante el órgano judicial territorialmente competente y ser investigados conforme a las reglas ordinarias de competencia”.

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