Un exdirectivo de Inverama admite que se pagó a una empresa de Pujol Ferrusola por la licitación de unos casinos en Argentina

El juicio por la fortuna oculta de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley avanza a través de la tupida red tejida por los negocios de su hijo mayor. En la sesión de este miércoles ha salido a relucir otro nuevo: la licitación de unos casinos en Argentina. El grupo Inverama (antes Casinos de Catalunya) contrató a Jordi Pujol Ferrusola para que les asesorara en esas adjudicaciones y le pagó en 2003 y 2006 a través de dos facturas giradas por Project Marketing Cat, una de sus empresas, un total de 379.000 euros, tal y como ha admitido el exdirector administrativo de Inverama en la Audiencia Nacional.

La sesión de este miércoles ha sido una vuelta al pasado, no solo por las fechas en que se produjo esta operación, sino porque el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo ha sacado a relucir en sus preguntas un antiguo proceso judicial que se tramitó en Barcelona por la presunta financiación ilegal de CDC por parte de Casinos de Catalunya, cuando el grupo estaba dirigido por Artur Suqué Puig, fallecido en abril de 2021, una causa que se archivó definitivamente en diciembre de 1998.

Tras la muerte de Artur Suqué, uno de los empresarios más destacados en Catalunya de la época e impulsor del Festival Castell de Peralada y fundador del Grup Peralada, sus hijos se hicieron cargo del negocio, que no solo está vinculado al sector del juego, sino también a la producción de vinos y cavas. Uno de ellos, Javier Suqué Mateu, ha comparecido como testigo en el juicio. El fiscal Bermejo ha reflotado el caso Casinos y le ha preguntado si sabía algo, a lo que ha respondido: "Mi padre nos contaba poco".

Y poco ha aclarado Suqué Mateu sobre la licitación de los casinos en Argentina (lograron la adjudicación de dos), pues, como ha aclarado, él entró como presidente de Inverama en 2018 y antes se dedicaba a la división vinícola del holding. "No tengo ni idea", ha contestado sobre los pagos a la empresa de Pujol Ferrusola, porque, según ha dicho el tema de los casinos solo le "sonaba".

El que sí ha puesto un poco de luz en la contratación de Jordi Pujol Ferrusola por parte del grupo Inverama, ha sido Jaime Ferrer, que fue director administrativo del 'holding' fundado por Artur Suqué. Ha reconocido que se contrató al hijo del expresidente para el asesoramiento en la licitación de unos casinos en Argentina junto con socios locales. Se lo explicó, ha precisado, un antiguo ejecutivo del grupo que, además, era quien mantenía el contacto con Pujol Ferrusola. "Yo solo pagaba las facturas", ha subrayado.

"Convergencia de intereses"

Durante la sesión de este miércoles también ha declarado uno de los miembros del Consejo de Administración de Isolux que aprobaron la compra de Azul de Cortés. Ángel Serrano Martínez ha defendido la operación con la que los entonces presidente y vicepresidente de la entidad, el imputado Luis Delso y José Gomis, consiguieron multiplicar por seis sus beneficios. Para ello ha llegado a decir que “habría sido una deslealtad” que le hubieran ofrecido la oportunidad de negocio a un competidor.

A preguntas de la Agencia Tributaria, ha admitido que él, como consultor, también informó a favor de la compra de Azul de Cortés, proyecto en el que ha destacado que lo importante era que se contaba con todas las licencias para edificar y desarrollarlo. “Nunca pensé que hubiera un conflicto de intereses. En nuestra profesión se llama convergencia de intereses”, ha aseverado para defender que él votara como consejero a favor de una gestión, apoyada por su propia consultora.

También ha defendido el pago de una comisión del 21% a los vendedores, entre los que encontraba Jordi Pujol Ferrusola, como que era lo “adecuado" porque la idea era acabar vendiendo el proyecto “en torno a 6.000 millones de euros con una inversión de 3.500 y 2.000 y pico”. Primero se pensó en ofrecer 129 millones y luego se reevaluó y se ofrecieron 79.

Serrano ha asegurado que una multinacional como "Isolux trabaja con 300 empresas" similares a Juandro Consultores, la entidad a través de la que Pujol Ferrusola participó en Azul de Cortés, y que un consejo de administración no puede analizar proyectos de 5 millones, porque para su volumen de negocio se considera un asunto menor. Lo que sí ha afirmado de forma rotunda es que "no hubo simulación alguna", porque se comprobó todo de forma exhaustiva con expertos y otras multinacionales.

Rafael Gutiérrez Apolinario Fernández de Sousa, responsable para OHL en 2006 de una obra "grandísima" en Ciudad de México, consistente en una autovía que circunvalaba la capital a lo largo de 52 kilómetros y para la que tenía un centenar de ingenieros a su cargo, no recordaba de nada Juandro Consultores.

Problemas con Puerto de Rosario

Por ahora, los testimonios que comparecen ante el tribunal de la Audiencia Nacional están vinculados, sobre todo, a los negocios del primogénito del exmandatario, Jordi Pujol Ferrusola, para quien el fiscal reclama 29 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, cuatro delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución. Las sospechas sobre la presunta simulación de contratos para canalizar comisiones de empresas constructoras adjudicatarias de obras públicas no solo se habrían producido en España, sino también en países, como México, Gabón o Argentina.

Este miércoles comparecieron testigos que participaron, por ejemplo, en la actividad de la mercantil Inter Rosario Port Service (IRPS), constituida en España en 2001 con el objetivo de concurrir a la licitación de una terminal en el puerto de Rosario (Argentina). En julio de 2007, Jordi Pujol Ferrusola y su entonces esposa, Mercè Gironès, adquirieron acciones de esta empresa —de la que dependía la argentina Terminal Puerto Rosario— por un precio de 451.793 dólares de la época, según el fiscal. En 2011 realizaron ampliaciones de capital que, a juicio de la acusación, eran préstamos simulados.

Ante el tribunal los dos testigos citados en relación con esta operación han declarado que abandonaron el proyecto porque "sus socios argentinos les engañaron", al solo comunicarles pérdidas, que consideraron propias de una mala gestión, sin entregarles cuentas. A preguntas de la defensa de Jordi Pujol Ferrusola, que ejerce Cristóbal Martell, señalaron que no coincidieron con él, porque la participación en el proyecto de ellos fue anterior.

En marzo de 2011, Gironès ofreció una opción de venta del 30% de Terminal Puerto Rosario a la compañía argentina Vicenti SA, una operación que se cerró un año después por 7,2 millones de euros (8,9 millones de dólares). La Fiscalía sostiene que esta transacción generó un beneficio para los acusados de alrededor de cinco millones de euros.

Una treintena de testigos

Al terminar la sesión de este miércoles el presidente del tribunal José Ricardo de Prada ha comunicado a las partes que desde la Audiencia Nacional no se consigue localizar a más de una treintena de testigos que habían sido propuestos por ellas. Para tratar de solucionarlo les ha pedido que determinen si pueden renunciar a ellos o si su testimonio es imprescindible para su acusación o defensa. En ese caso, les ha pedido que comuniquen a la Sala de lo Penal alguna vía alternativa para poder dar con ellos. El total de testigos previstos hasta el próximo mes de mayo ascendía a más de 250.

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