Las declaraciones de exaltos cargos del Gobierno y empresarios de hidrocarburos amenazan con incrementar los indicios contra Ábalos

El último informe entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la trama de fraude de IVA en hidrocarburos en la que participa el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, señaló la existencia de nuevas corruptelas en torno a la obtención por parte de la empresa Villafuel de los permisos necesarios para operar a gran escala. Los nuevos datos, aportados el pasado mes de diciembre, amenazan con reforzar los indicios de corrupción que ya existen contra el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García en la causa del Tribunal Supremo que ya tiene previsto juzgarles próximamente.

Tras conocer este informe, el titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia acordó un calendario de interrogatorios que se inicia este miércoles con las citaciones en calidad de testigos de los que fueron jefe de gabinete del entonces Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Juan Ignacio Díaz Bidart; y jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Marc Isaac Pons. A ellos se sumará el jueves el actual director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández.

Han sido llamados a declarar después de que el último análisis de la Guardia Civil apuntara que el comisionista Víctor de Aldama habría empleado un millón de euros para comprar voluntades políticas que permitieran Villafuel -- investigada por un presunto fraude millonario cuantificado en 49,2 millones euros durante los años 2021 y 2022-- lograr su autorización administrativa.

Los agentes apuntan que a cambio de obtener contactos con los responsables de los ministerios que interesaban a estos empresarios se compensó a Ábalos con la compra del chalet en La Alcaidesa (Cádiz), un contrato de trabajo para Koldo(en el que cobró sin prestar servicio alguno) y pagos directos al propio Aldama.

Ex altos cargos

Con respecto a los ex altos cargos del Gobierno, son citados a petición del fiscal Anticorrupción designado a esa causa, Luis Pastor, que considera que el informe de la UCO y lo ya instruido por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo permiten concluir que "las influencias ante distintas instancias ministeriales se materializaron en las reuniones con Juan Ignacio Díaz Bidart, primero de forma informal el 21 de diciembre de 2020 y, después, en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el 28 de diciembre de 2020 y el 13 de enero de 2021.

Anticorrupción también apunta a los contactos que Koldo García Izaguirre mantuvo con Marc Isaac Pons, jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los días 8 de abril y 8 de julio de 2021". A ello habría que añadir que Aldama "mantuvo contactos con el Director General de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, concretamente el 12 de marzo de 2021", que está citado ante el juez el próximo jueves.

También el jueves será el turno de Aldama, de quien se espera pueda ahondar en este asunto dado que se encuentra en libertad en esta causa - solo estuvo en prisión algo más de un mes, entre octubre y noviembre de 2024-- en función de un pacto con la Fiscalía en el que se comprometió a colaborar con la justicia. El viernes será el turno de las empresarias Carmen Pano y su hija Leonor González Pano, quienes presuntamente, a través de empresa Have Got Time, adquirieron en chalet de La Alcaidesa (Cádiz), "previamente elegido por el ministro" por 585.000 euros, simulando más tarde que se lo arrendaban con opción a compra.

A principios del pasado mes de diciembre, Pedraz acordó una nueva prórroga, que se extenderá hasta finales de próximo mes de junio, para avanzar en sus pesquisas contra la trama de fraude de IVA. Lo justificó en las diligencias que quedan pendientes, entre las que destaca un informe definitivo de Hacienda que determine las cantidades defraudadas y datos solicitados a Portugal, donde se sospecha que podría haberse movido parte del dinero distraído a la Hacienda Pública, mediante comisión rogatoria.

Una entrevista organizada

Con la ronda de declaraciones de esta semana se trata de aclarar si, en el marco de estas supuestas "labores de favorecimiento de los intereses" y "con el conocimiento y la aprobación de don José Luis Ábalos", en palabras del propio fiscal, se pudo haber influido también para que se concertara una entrevista entre Rivas y Carmen Pano, que estaban interesados en obtener una licencia de operador de hidrocarburos para la mercantil Villafuel, "con don Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe en ese momento del gabinete de la ministra de Industria, que era entonces doña María Reyes Maroto".

La entrevista fue organizada por Koldo García siguiendo instrucciones de Víctor de Aldama y se celebró el día 14 de enero de 2021 en el Ministerio de Industria. Allí, presentados por el asesor ministerial, se reunieron con el jefe del gabinete de la ministra Claudio Rivas y María del Carmen Pano Sánchez persona de su máxima confianza, junto a dos técnicos de Villafuel. "Tras la reunión, quedó Claudio Rivas muy satisfecho y esperanzado en que las gestiones para la obtención de la licencia tras la que llevaba tiempo interesado iban por fin a dar su fruto", agregaba en su escrito el representante del Ministerio Público.

Igualmente, ha sido citado el jueves Manuel Sallés, habría participado en las dádivas a la trama mediante la contratación del asesor ministerial por la mercantil Instalíbero District S.L., de la que sería administración. Según la UCO, y "bajo la apariencia de un puesto de consultor en seguridad y sobre el que no hay constancia de prestación efectiva de servicios", Koldo recibió en concepto de nómina 1.950 euros, y seis días después, 5.000 euros en concepto de adelanto.

También está citado principal socio de Aldama y dueño de Villafuel, Claudio Rivas, imputado desde el inicio del procedimiento, y cierra el listado el viernes Álvaro Gallego, la persona que supuestamente llevó a Carmen Pano en su coche una de las dos veces que acudió a entregar 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE, según ha manifestado ya en varias ocasiones esta empresaria ante la justicia.

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