El Gobierno habilitará la vía telemática para evitar saturación en las solicitudes de regularización de migrantes

El Gobierno pondrá en marcha un plan específico operativo para gestionar las solicitudes de regularización de migrantes. La modificación en el reglamento de Extranjería aprobada este martes en el Consejo de Ministro a través de un real decreto beneficiará hasta medio millón de personas. Con el fin de evitar saturaciones ante un previsible aluvión de tramitaciones, se habilitará la vía telemática, además de espacios físicos que comprenderán tanto las delegaciones de Gobierno como subdelegaciones u oficinas de la Seguridad Social.

El objetivo, según ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, Elma Saiz, es que el proceso sea “ágil”, teniendo en cuenta el plazo de quince días que se marca desde la solicitud hasta la admisión a trámite. El trámite de resolución será de tres meses, pudiendo realizarse las solicitudes desde principios de abril y hasta el 30 de junio. Desde el sindicato policial Jupol ya han advertido sobre los riesgos de colapso en las oficinas de extranjería ante la tramitación masiva de solicitudes de residencia.

La carga burocrática se reducirá igualmente respecto a otros procesos similares llevados a cabo por gobiernos anteriores. Como requisito, los solicitantes no podrán tener antecedentes penales, estar en España a 31 de diciembre de 2025 y acreditar una estancia de al menos cinco meses en el país.

Esta estancia mínima de cinco meses podrá demostrarse con un certificado del padrón, pero también podrá acreditarse con una amplia variedad de documentos: desde informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte o facturas de suministros como luz, agua o teléfono.

La regularización exprés, tras aprobarse mediante una tramitación urgente, no tendrá que pasar por el Congreso al tratarse de un real decreto. Algo que la ministra con competencias en esta materia ha justificado por contar con una legitimación tanto política como social y parlamentaria al retomar el “espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular” respalda por 700.000 firmas y numerosas entidades, cuya admisión a trámite contó con una amplia mayoría, incluido el PP.

El Gobierno defiende que este proceso de regularización compatibiliza el crecimiento económico y la cohesión social. La última regularización de estas características se produjo en 2005, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

A contracorriente en la UE

Anteriormente, otros ejecutivos, tanto del PSOE como del PP, habían sacado adelante iniciativas similares. Sin embargo, la decisión del Gobierno en estos momentos contrasta con el giro en el modelo migratorio de otros países europeos, incluidos de tendencia socialdemócrata, y de la propia Comisión Europea. De ahí que desde el Ejecutivo respalden esta medida no solo como refuerzo de su modelo migratorio, sino como “faro” y “semilla” para luchar contra lo que denominan “ola ultra”.

Durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros, Saiz no ahorró en calificativos para tildar de "histórica" la aprobación de esta medida en el Consejo de Ministros. Asimismo, justificó el mecanismo elegido, sin pasar por el Congreso, por el hecho de que la ILP llevaba "bloqueada demasiados meses" y el proceso está "largamente trabajado y dialogado". Al rechazo de Vox, se han sumado las críticas del PP. Alberto Núñez Feijóo asoció la medida con una cortina de humo para desviar el foco de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) y advirtió sobre sus consecuencias de cara a un "efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos".

La regularización parte de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos. Las solicitudes tendrán carácter automático. En el momento de presentación, según apuntaban desde Podemos este lunes, "quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona". Además, cuando la solicitud se admita a trámite, para lo que se establecerá un plazo máximo de dos semanas, "se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria", detallaban los morados tras el acuerdo.

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