Arranque parlamentario
El Gobierno enfrenta su primer examen del año en el Congreso bajo la amenaza de Junts al decreto de pensiones
Los posconvergentes se oponen al real decreto que revaloriza las pensiones por contener medidas antidesahucio
El PP busca poner a prueba la lealtad de los socios del Ejecutivo pidiendo la comparecencia de Sánchez y ocho ministros

La última votación en el Congreso queda lejos ya. Fue el 11 de diciembre y el Gobierno logró cerrar el año con media decena de victorias y una derrota, la de la senda de déficit, que, por previsible, apenas tuvo impacto. Más de un mes después, el Ejecutivo afronta la primera votación parlamentaria del año y la música no ha cambiado. Pedro Sánchez volverá a llegar a la Cámara Baja con la amenaza de Junts de tumbar al menos uno de los dos reales decretos que se debaten, el que revaloriza las pensiones y prorroga la prohibición de desahuciar a familias vulnerables.
Tras unas semanas en las que la intervención de Donald Trump en Venezuela y sus deseos anexionistas sobre Groenlandia, primero, y los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, después, han copado el foco mediático, la primera votación en el Congreso de 2026 devuelve al primer plano la endeble mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo de coalición. Y el responsable, nuevamente, es Junts, que en noviembre del año pasado anunció la ruptura de relaciones con el Gobierno.
Disputa por las medidas
Ahora, los posconvergentes arrancan el año con la amenaza de tumbar el real decreto que impulsó el Gobierno a finales de diciembre y que eleva las pensiones un 2,7%. Los posconvergentes denunciaron este lunes que esta medida ha quedado "secuestrada" al "mezclarse" con medidas que nada tienen que ver. En concreto, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, cargó contra la prórroga de la prohibición de desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de los cortes de suministros básicos.
Sin llegar a anunciar un voto en contra de la norma, lo que implicaría una derrota directa del Gobierno al sumar sus votos a los de PP, Vox y UPN, los posconvergentes dejaron claro que no respaldan el texto y registraron su propia proposición de ley para actualizar las pensiones y adaptarlas al coste de la vida de cada comunidad. En el PSOE, acostumbrados a esta dinámica, defendieron este lunes que se van a "esforzar" hasta el final en las negociaciones.
Fue la portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, la que quitó hierro a las palabras de Nogueras. "Ya conocen ustedes cómo funciona y estaremos pendientes hasta el último momento", dijo. Después, hizo un llamamiento a todos los partidos para que vean los "beneficios" de este real decreto y del segundo, que contiene el nuevo abono único de transporte. Y, lejos de arremeter contra Junts, Mínguez cargó contra Alberto Núñez Feijóo: "Los pensionistas no cuentan con el PP para nada". Así, criticó que los populares no den sus votos para aprobar esta subida.
Una decena de peticiones
Lograr sacar adelante los dos reales decretos no será la única prueba que enfrente el Gobierno. Este martes, a media tarde, comenzará un debate de la diputación permanente del Congreso para debatir más de una decena de peticiones de comparecencia que ha registrado el PP y para las que necesita del apoyo de algún socio para aprobarlas, con lo que pondrá a prueba la lealtad de los aliados del Ejecutivo.

Una persona indica el número de votación durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. / Europa Press
Al margen de la comparecencia de Sánchez sobre los accidentes de trenes programada para el 11 de febrero, los conservadores quieren que el presidente del Gobierno dé explicaciones sobre su posición respecto a lo ocurrido en Venezuela, por un lado, y sobre los presuntos casos de corrupción en el seno del PSOE, por otro. Además, quieren que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, informe sobre el nuevo modelo de financiación autonómico y sobre la situación económica de las familias españolas.
En el listado de peticiones también están la ministra de Sanidad, Mónica García, por el caos en los exámenes MIR; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el uso de las balizas V-16; la responsable de Vivienda, Isabel Rodríguez, por el precio de los alquileres; o la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los supuestos casos de acoso del exasesor de Moncloa, Paco Salazar.
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