La defensa de Julio Iglesias insiste ante la Fiscalía para acceder a las acusaciones contra él y apunta a una denuncia falsa

A Julio iglesias no le basta con que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya archivado --por falta de jurisdicción de la justicia española-- la investigación preprocesal abierta a la raíz de la denuncia presentada contra él por dos de sus exempleadas, que le imputaban delitos de trata y agresión sexual. Su defensa presentó un nuevo escrito el pasado lunes, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que insiste en tener acceso a la denuncia presentada y apunta a la posibilidad, "sin presumir nada de antemano" de que se haya podido cometer "un posible delito de denuncia falsa, este sí en España".

El escrito, remitido a la atención del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, recuerda que una circular interna de la Fiscalía de 2020 establece que los fiscales "no pueden declarar secretas las actuaciones", a lo que se suma que "no existe ninguna Ley que limite el derecho del denunciado a conocer las actuaciones procesales, o preprocesales, desarrolladas en virtud de una denuncia dirigida contra él".

Así, la defensa incide en que las denunciantes "incluso habrían concedido entrevistas" a los medios que dieron en primicia la denuncia -- elDiario.es y Univisión -- "difundiendo los hechos que, siendo falsos, causaban un grave daño reputacional" al cantante, algo que según esta parte "se buscaba de propósito por determinados medios de comunicación que, en lugar, de esperar al resultado de la investigación, manteniendo el anonimato de las supuestas víctimas, decidieron orquestar una campaña mediática" contra el artista español.

Motivos del archivo

La defensa ya había intentado acceder al texto completo de la denuncia antes de que la teniente fiscal, Marta Durántez, diera carpetazo por la "inexistencia de vínculo relevante" con España de las denunciantes y del propio artista.

En su nuevo escrito, esta parte incide en que la denuncia que motivó la incoación de las diligencias de investigación no fue presentada directamente por las supuestas perjudicadas, sino por las letradas de Women’s Link Worldwide, "siendo notorio que se habría filtrado el contenido de la denuncia a determinados medios de comunicación social, al mismo tiempo que se solicitaba proteger la identidad de las víctimas". De hecho, se les concedió el estatus de testigo protegido.

Según esta parte, se desconocen los fundamentos y la motivación específica que llevaron a la Fiscalía a la adopción de medidas de protección y la atribución de la condición de testigos protegidos, e incluso a recibirles declaración por videoconferencia, "sin concurso del denunciado". Con independencia de ello, el abogado que representa a Julio Iglesias insiste que en que la ley "no autoriza que se prive al denunciado de su derecho a la información sobre la denuncia y el contenido de la investigación, incluso cuando sea archivada", como es el caso.

Exceso de la Fiscalía

Aún más, considera la defensa que las actuaciones realizadas por la teniente fiscal "exceden del mero examen de la competencia, porque el presupuesto para adoptar la medida de protección, esto es, que se aprecie adicionalmente un peligro grave para la persona, libertad o bienes de quien pretenda ampararse en ella”, ha tenido que ser previamente determinado en resolución motivada, para la atribución de la condición de testigos protegidos.

El abogado señala por ello que Julio Iglesias tiene derecho a conocer cómo se ha fundamentado ese peligro grave que se alude para aplicar a sus exempleadas la condición de testigos protegidos, y que presumiblemente se contienen en la denuncia cuyo acceso reclama. "Es evidente que las denunciantes no se han protegido cuando, a través de sus representantes y medios afines, han orquestado una agresiva campaña mediática contra mi representado, que ha lesionado irreversiblemente su derecho al honor", continúa, para rematar que "no resulta compatible con la demanda de protección que les ha otorgado la Fiscalía de España, aún sin jurisdicción".

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