Correos frenó la adjudicación de ocho contratos por 51 millones al detectar "un conflicto de interés"

La sociedad estatal Correos y Telégrafos frenó ocho contratos de seguridad por un valor de 51,1 millones de euros tras detectar un "conflicto de interés" del principal responsable de la adjudicación, según especifica una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, al que ha tenido acceso este periódico.

Esta decisión tiene lugar después de que Correos fuera informada de que el informe técnico elaborado por el jefe de Área de Seguridad de la empresa pública, Julián César Lara Toribio, había sido determinante para que el Lote número 9 de los contratos de seguridad, que tenía un presupuesto de 13 millones de euros, fuera adjudicado a Transportes Blindados SA (Trablisa), la empresa en la que este había trabajado antes de incorporarse a la firma pública.

En concreto, una resolución de 4 de diciembre de 2024 dictada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), un organismo integrado en el Ministerio de Hacienda, confirmaba que Julián Césa Lara Toribio "había trabajado en la empresa licitadora dentro de los dos últimos años previos a su participación como experto en la evaluación de criterios sujetos a juicio de valor". Asimismo, destacaba que la posición laboral concreta que este ocupaba en Trablisa era "relevante", pues era "director de proyectos”; un puesto semejante al que desempeña en Correos, en el que ocupa el puesto de jefe de área de Seguridad.

"Absolutamente improcedente"

Correos considera que las mismas razones que han servido de fundamento para anular la adjudicación del Lote 9 son aplicables al resto en el que aparece Trablisa, del 2 a 8, y por eso ha decidido desistir del procedimiento de estas contrataciones. Esta empresa pública concluye, en este sentido, que resultaría "absolutamente improcedente que, una vez constatado el conflicto de intereses respecto de uno de los Lotes (el 9), continuara los trámites para formalizar los contratos de los restantes Lotes; cuando el conflicto de intereses es exactamente el mismo", especifica el documento.

Por eso ha desistido de la contratación de los Lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de los servicios de seguridad, vigilancia e inspección de correspondencia, "puesto que uno de firmantes del informe técnico (el que lo hace en calidad de jefe), estaba afectado por un conflicto de intereses", por lo que, afirma, está "claro que se ha producido dicha infracción". En todas estas resoluciones la empresa Trablisa es la mejor valorada en un informe técnico firmado "por una persona en situación de conflicto de intereses".

Solo uno de los nueve Lotes que conforman el contrato de seguridad de las oficinas de Correos no está afectado por el conflicto de intereses detectado. Primero fue el Lote número 9, que ya fue anulado por Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, para después extenderse a los Lotes 2, 3, 5 y 6, que pese a ser adjudicados a Trablisa, los correspondientes contratos no fueron formalizados; pues Correos suspendió el trámite, decisión que el tribunal califica de “prudente”.

En el mismo sentido, la adjudicación de los Lotes 4, 7 y 8, que estaba pendiente, fue pospuesta en previsión a la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, pues Correos advirtió de que en caso de haber continuado la tramitación la adjudicataria habría sido también Trablisa, cuyos recursos han sido desestimados por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

"Delcygate'

Tal y como adelantó esta redacción, el exjefe de seguridad de Correos, el teniente coronel de la Guardia Civil Arturo Crespo Arranz, renunció a su puesto en marzo de 2025, apenas tres meses después de que se instara a la anulación del primer contrato, de 13 millones pero que se adjudicó por 10 millones de euros, al detectar el primer conflicto de interés. Crespo Arranz era comandante de la Guardia Civil en Barajas en la fecha en la que la presidenta encargada del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, acudió al Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas el 20 de enero de 2020, según informan a esta redacción fuentes conocedoras de los hechos.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales sostiene que este conflicto de intereses "no fue declarado", por lo que "fue detectado a posteriori". Por eso, los hechos solo se conocieron "externamente" a través de la reclamación de una empresa, por lo que critica la actuación de los directivos de Correos, pues se han detectado "fallos en los controles preventivos. Ni el evaluador declaró su situación, ni se aplicaron eficazmente los procedimientos de control ex ante [antes del evento] para evitar este tipo de circunstancias".

Audiencia Nacional

Un portavoz de Correos, cuyo presidente es ahora el socialista murciano Pedro Saura, reconoció a esta redacción que el Lote número 9, el primero de todos, "se anuló al detectarse una interferencia en el proceso de adjudicación, tras lo cual se ha vuelto a licitar y a adjudicar". Trablisa no ha hecho declaraciones al respecto.

En 2023, la Audiencia Nacional ya desestimó un recurso contencioso-administrativo que interpuso la Compañía de Seguridad Omega en el que reclamaba la exclusión de Trablisa en un concurso para la contratación de Servicios de Seguridad, Vigilancia e Inspección de Correos. El recurrente ponía en duda que esta empresa fuera merecedora del máximo de puntuación pues consideraba que carecía de un análisis de riesgos válido. También le acusó de incurrir "en baja anormal" en una de sus ofertas.

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