El novio de Ayuso recurre la decisión de Peramato de mantener a García Ortiz como fiscal

Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no comparte el decreto de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que permite continuar en la carrera fiscal a su antecesor al frente del ministerio público, Álvaro García Ortiz, tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación y multa de 7.200 euros por la revelación de sus datos reservados. Para acreditar su legitimación y poder pronunciarse en el expediente contra esa permanencia, el empresario denuncia que García Ortiz, mientras estuvo al frente de la Fiscalía General y cuando ya estaba siendo investigado, participó en las causas abiertas en su contra.

En un escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el abogado del empresario, Gabriel Rodríguez Ramos, considera que ello es la "perfecta cristalización procesal de la indefensión" y solicita poder personarse en el expediente abierto en Fiscalía General a la hora de ejecutar la sentencia del Supremo conforme a lo previsto en el Estatuto y el Reglamento de la carrera fiscal. Para ello sería necesario que se retrotraigan las actuaciones al momento anterior a que se adoptara la resolución que permite a García Ortiz seguir siendo fiscal, decisión que se conoció el pasado 13 de enero, justo al día siguiente de saberse que se incorporaba en la Sala de lo Social del alto tribunal a petición propia; el decreto en realidad es del 23 de diciembre pasado.

El empresario apela a la intervención que García Ortiz habría tenido en las dos causas abiertas en su contra -una por delitos fiscales y falsedad y otra por supuestamente ocultar con la compra de una empresa sin actividad el cobro de comisiones- para declararse indefenso y armar su condición de "interesado en el expediente administrativo incoado como consecuencia de la remisión" del auto de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a García Ortiz "por un delito doloso a, entre otras, la pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por un periodo de dos años".

Antecedentes

Destaca que la tramitación del expediente se produjo en apenas 10 días y concluyó con "un decreto de la fiscal general del Estado en aplicación de los artículos 44 y 46" del Estatuto fiscal, por el que se entiende que, al tratarse de una condena que no incluye prisión, sino solo inhabilitación, y para equiparar el sistema disciplinario fiscal al de los jueces, García Ortiz puede continuar siendo fiscal.

La representación de González Amador discrepa, porque entiende que el Estatuto se refiere a delitos dolosos, condenados a penas superiores a seis meses, lo que incluye la inhabilitación por la que Álvaro García Ortiz fue condenado por el Supremo en una resolución que ya es firme, por la que tendrá "antecedentes penales al menos hasta el 22 de enero de 2029". Considera que ello supone su "incapacidad para el ejercicio de funciones fiscales", según lo previsto en el punto segundo del artículo 44. También se remite a lo previsto en los artículos 46.1.2º y 32.1.d) del Estatuto y 35 del Reglamento para que se declare su pérdida de la condición de fiscal.

Vulneración de derechos

El escrito, que comienza reproduciendo los hechos probados de la sentencia recaída sobre García Ortiz para añadir que aún no ha cumplido la pena impuesta, denuncia ante la fiscal general, la fiscal jefa inspectora y el teniente fiscal de Inspección que García Ortiz habría seguido participando "directamente en la función jurisdiccional del ministerio fiscal" en los procedimientos abiertos contra González Amador.

Recuerda que "los bienes jurídicos protegidos por el artículo 417 del Código Penal" (por los que se produjo la condena) son los "derechos fundamentales sustantivos y procesales protegidos por el deber de secreto y sigilo de los miembros del ministerio fiscal" por datos a los que accedió "en el ejercicio del cargo". Y ello supuso que se vulneraron "los derechos fundamentales a la intimidad, a la protección de datos, a la presunción de inocencia y a la defensa, relacionados con procedimientos judiciales en curso" de González Amador, en los que García Ortiz participó "directamente en la función jurisdiccional del ministerio fiscal".

Para acreditarlo reproduce decretos firmados por el entonces fiscal general sobre las dos causas abiertas contra el empresario y que fueron suscritos luego por la Fiscalía Provincial de Madrid. "García Ortiz no se abstuvo de intervenir después de haber protagonizado los hechos delictivos e iniciarse la investigación judicial de los mismos (solo lo hizo tras producirse la entrada y registro en su despacho profesional)", precisa el escrito, que considera que ello afecta tanto "a la ejecución de la sentencia del Supremo" como "al comportamiento institucional del ministerio fiscal" en las causas seguidas contra González Amador en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, con el consiguiente perjuicio a que pueda tener un juicio justo.

Como "González Amador no ha podido ejercitar ninguno de sus derechos como interesado y, especialmente, conocer el expediente, alegar con relación a la resolución a adoptar antes de que se adoptara", se declara víctima de una "perfecta cristalización procesal de la indefensión, no cabiendo mayor intensidad", por lo que reclama que se revoque la decisión de que García Ortiz siga perteneciendo a la carrera fiscal.

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