Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera

El que fuera exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de coronavirus, Carlos Mur, ha reconocido este lunes durante su declaración ante la jueza de Madrid Sonia Agudo que los denominados 'protocolos de la vergüenza' que evitaron la hospitalización de ancianos procedentes de las residencias tenían sentido siempre que estos centros estuvieran medicalizados, y que de hecho esa era la intención que tenía sobre la mesa la Consejería de Sanidad durante la gestión de la crisis por el covid.

Sin embargo, y a preguntas de la letrada de la acusación que representa a las familias, Alejandra Jacinto, el excargo de Isabel Díaz Ayuso ha reconocido que el caso concreto que se investiga en la plaza número 23 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, por un fallecimiento en una residencia del barrio de Valdebernardo, en Madrid, no podía decirse que dicha medicalización existiera realmente. En el centro no había médico ni en las noches ni en fin de semana.

Se trataba de la quinta ocasión en la que se intentaba una declaración de Mur como investigado, tras diversas incidencias que habían impedido que se le pudiera interrogar tanto por este juzgado como por otros en los que también se tramitan causas contra este directivo y otros exresponsables sanitarios. Lo hizo por videoconferencia desde Andorra, y se le imputa un presunto delito de denegación sanitaria por discriminación.

Envío a Dávila

Mur se ha defendido señalando que él no redactó los protocolos de actuación para las residencias de ancianos, sino que esta labor la realizó Francisco Javier Martínez Peromingo, quien le sucedió en el cargo. Este responsable ya había declarado ante la misma jueza el pasado 9 de diciembre, cuando descargó en su antecesor en el cargo la responsabilidad de la inclusión de pautas discriminatorias en las normas de actuación en las residencias de ancianos.

Mur también ha implicado este lunes en la redacción de estas normas de actuación a una veintena de geriatras a los que ha atribuido un profundo conocimiento clínico. Por su parte, se ha limitado a señalar que desde su dirección general se limitó a revisarlos, firmarlos y enviárselos a la viceconsejera de Sanidad, Ana Dávila.

"Todo parece indicar que el intento de Peromingo de salirse de la ecuación no ha sido secundado por Carlos Mur, que ha dicho que fue ese responsable quien elaboró los protocolos, y además elaboró la versión larga, más técnica y más clínica", ha señalado Jacinto a las puertas del juzgado al término de la declaración. "Se echan la pelota el uno al otro", ha comentado la letrada. Las declaraciones previstas para este lunes de cuatro médicos relacionados con las residencias no han podido celebrarse por un problema en las citaciones alegadas por sus abogados.

La jornada de este lunes viene a sumarse a otras citaciones realizadas en los últimos meses que la acusación considera claves para reactivar la instrucción. Varios jueces se inhibieron de sus causas a favor de otra jueza, la de la Plaza número 3 de Instrucción de Madrid con la finalidad de unir los mismos hechos en una macrocausa, pero la jueza María Isabel Durántez rechazó la solicitud y, tras un recurso de la Fiscalía, esa posibilidad ahora está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid. La causa investigada concretamente este lunes corresponde al fallecimiento del padre de Ángela Armingol en la residencia Amavir Valdebernardo.

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