Cerdán insta al Supremo a exigir ya a la UCO su informe patrimonial para defenderse de la "verdad oficial" de corrupción

A la defensa del que fuera secretario general del PSOE Santos Cerdán se le acaba la paciencia. Las semanas pasan y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no acaba de presentar el informe sobre su situación patrimonial que, a juicio de esta parte, servirá para demostrar su inocencia en relación con la adjudicación irregular de contratos públicos que se investigan en la trama Koldo.

Por ello ha presentado un escrito de impulso procesal ante el instructor de la causa ante el instructor del caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, a quien reprocha que se esté "asentando en la opinión pública la verdad oficial de su supuesta corrupción, sin posibilidad de defensa alguna".

Es por ello que la defensa considera ineludible que "a la mayor brevedad posible se requiera a los guardias civiles para que aporten a las actuaciones el informe sobre la investigación patrimonial realizada al señor Santos Cerdán". De otro modo, agrega, no pueden acudir a la vía civil para reclamar frente a publicaciones periodísticas que, a su juicio, "se limitan a reproducir bajo la técnica del llamado “reportaje neutral” las afirmaciones contenidas en atestados y resoluciones judiciales".

Hitos procesales

En el escrito remitido al alto tribunal, la defensa ejercida por los letrados Jacobo Teijelo y Benet Salellas realiza un resumen de todas las actuaciones procesales contra su cliente desde que en febrero de 2024 se acordó requerir a la UCO un informe sobre las comunicaciones del comisionista de la trama, Víctor de Aldama, y, entre otros, el entonces diputado y secretario general del PSOE.

Otro de los hitos de la instrucción de este caso, en el que Cerdán --que estuvo cinco meses en prisión preventiva-- es investigado junto al exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García, es el informe del pasado noviembre en el que los investigadores se centraron en la relación entre Acciona y la empresa Servinabar, que los investigadores vinculan con el político investigado.

Uso de atestados

La defensa incide en que, desde que se desvelara el informe que destapó la presunta implicación de Cerdán en el caso, "vienen publicándose en los medios de comunicación todo tipo de atribuciones delictivas" contra el exdiputado y su familia. "Y no se trata de meras invenciones de dichos medios de comunicación, sino de informaciones extraídas parcialmente de los atestados de la Guardia Civil y, por ende, de las resoluciones dictadas por este tribunal", crítica.

Los abogados como ejemplo el hecho de que, en el auto por el que se acordó enviar a prisión provisional a Cerdán el pasado junio --el juez le puso en libertad en noviembre--, se afirmara que éste "podría haber recibido al menos 4.500.000 euros". "Esta manifestación contenida en una resolución judicial debe ser o confirmada por la Policía Judicial o expresamente descartada pero no puede quedar en el aire, sin más concreción o confirmación", denuncian.

En el mismo sentido, indican que los investigadores han señalado a Cerdán como dueño del 45% de una empresa, Servinabar, que actuaría como pantalla para el cobro de sobornos procedentes de adjudicaciones de obra pública. "Más allá de que hayamos negado la titularidad de ese porcentaje atribuido por la fuerza actuante y el instructor, tampoco es cierto que Servinabar sea una empresa pantalla", aclaran.

En uno de sus últimos informes, la UCO señala que Cerdán y su "entorno familiar" se beneficiaron de Servinabar, una de las empresas que habría resultado favorecida con los presuntos amaños de obra pública que investiga el Tribunal Supremo, mediante el cobro de nóminas, alquileres de casas y una tarjeta de crédito.

Suscríbete para seguir leyendo