Feijóo acusa a Sánchez de intentar "desviar la atención" y "desbordar los servicios públicos" con la regularización migratoria

El acuerdo entre el Gobierno y Podemos para acometer una regularización masiva de migrantes que llegasen a España en 2025, cuya cifra podría llegar al medio millón, provocó la furibunda crítica de Vox y una reacción también muy crítica del Partido Popular (PP). El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Pedro Sánchez de tratar de "desviar la atención" de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), así como de "aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos". El presidente del PP sintetizó que "la política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria" y se comprometió a cambiarla "de arriba a abajo" en caso de llegar a la Moncloa.

Para los populares, según trasladan fuentes de la dirección del partido, "regularizar sin capacidad real de integración no mejora la vida de nadie", sino que por el contrario "alimenta la economía sumergida, incrementa la presión sobre los servicios públicos y genera frustración social". En esa línea, los conservadores se reafirman en abogar por una política migratoria bajo la premisa de que "contribuir debe ser motivo para permanecer". Los populares presentaron un plan el pasado otoño en el que se pedía la expulsión de los inmigrantes que delincan o reincidan, la limitación de la figura del arraigo y el recorte de las ayudas públicas a migrantes, singularmente la del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Santiago Abascal, por su parte, clamó en las redes sociales en primer lugar únicamente con la cantidad estimada de esa regularización: "¡500.000!", escribió, para a continuación lanzar una dura diatriba personalizada en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con argumentos recurrentes en la formación de la extrema derecha.

"El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo. Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión. Hay que detenerlo. Repatriaciones, deportaciones y remigración", planteó frente a la medida anunciada.

En su estela, otros dirigentes de Vox como su portavoz nacional y diputado en la Asamblea de Madrid, José Antonio Fúster, arremetieron contra el acuerdo alcanzado por el PSOE y la formación que lidera la exministra Ione Belarra. "Por Real Decreto, sin pasar por el Congreso, en contra de toda lógica y toda razón. El número uno de la banda y sus secuaces gobiernan contra los españoles", sentenció. La medida, que se aprobará en la reunión ordinaria del Consejo de Ministros de este mismo martes, no necesita la convalidación parlamentaria, al tratarse técnicamente de una reforma del Reglamento de Extranjería ya existente.

Vox, contra la ILP de regularización

Según detalló la eurodiputada de Podemos y también exministra, Irene Montero, los requisitos para ser regularizado serán demostrar cinco meses de residencia o estancia en nuestro país y carecer de antecedentes penales de relevancia. Lo primero podrá demostrarse en cada caso mediante billetes de transporte o certificados de asistencia de recursos sociales.

Vox ha aprovechado la ocasión para recordar que fue el único partido político que se opuso en todo momento, sin dar una mínima posibilidad a su tramitación -como sí hizo el Partido Popular (PP) votando a favor de que se tramitase- a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) favorable a la regularización de un número similar de inmigrantes, la que más apoyo ha tenido en la historia de la democracia y que llegó al Parlamento con el respaldo de numerosas asociaciones y también de la Conferencia Episcopal.

El antagonismo y las invectivas de Abascal a la Iglesia Católica no son nuevas, como quedó de manifiesto el pasado verano, cuando el presidente de Vox arremetió con particular énfasis contra la jerarquía eclesiástica por haber defendido, en línea con la comunidad musulmana, la libertad de rezo frente a la enmienda aprobada en el ayuntamiento murciano de Jumilla, con una alcaldesa del PP pero a iniciativa de Vox. Una resolución aprobada por el pleno municipal que excluye la posibilidad de que allí, y como viene siendo habitual, se celebre el Ramadán o el rezo del cordero en las instalaciones deportivas municipales. Una iniciativa que ha sido recurrida por el Gobierno, por considerar que atenta contra la libertad religiosa consagrada en la Constitución.

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