Las huelgas de maquinistas y médicos cuestionan la 'estabilidad social' del Gobierno en pleno ciclo electoral

La reducción de la conflictividad social y laboral, unida a la normalización institucional con Catalunya tras el ‘procés’ y el crecimiento económico son los principales pilares con los que el Gobierno asegura sustentar su estabilidad frente al clima de desgaste agitado por la oposición. Pedro Sánchez enarbola con frecuencia la “paz social” como sello de su gestión, pero si bien sigue siendo el único presidente del Gobierno desde la vuelta de la democracia que no ha capeado con una huelga general, las huelgas sectoriales anunciadas por médicos y maquinistas amenazan con agrietar este mantra. Principalmente, la de maquinistas, pues el coste político iría más allá del marco estrictamente laboral. Al pivotar sobre la seguridad tras el accidente ferroviario de Adamuz y el posterior en Gelida con la muerte de otro maquinista, en este caso de Rodalies, se extiende sobre el Gobierno una responsabilidad sistémica.

En Moncloa dicen confiar en reconducir la situación en la mesa de negociación. Como ejemplo, ponen el acuerdo que Renfe con SEMAF para desconvocar huelga de maquinistas en octubre de 2021. Este mismo jueves, el Govern llegó a un acuerdo con los sindicatos para restablecer la circulación en Rodalies, tras el plante de los maquinistas denunciando falta de seguridad. Asimismo, en el Ejecutivo tratan de desmontar con “datos, no relatos” que el sistema es seguro y la inversión en las infraestructuras y mantenimiento se ha multiplicado.

“Desde 2018, el número de accidentes ferroviarios graves o significativos ha caído un 11% respecto al periodo anterior, a pesar de que el número de viajeros y trayectos ha aumentado notablemente. Nuestras vías son más seguras hoy que hace ocho años y más seguras que las de Francia, Alemania o la media de la Unión Europea”, concluyen en un documento elaborado por el Gobierno. La inversión en infraestructuras ferroviarias, según se sostiene en el mismo documento, se ha triplicado desde la llegada de Sánchez al Ejecutivo, “pasando de 1.700 millones de euros a más de 5.000 millones en 2025”. En lo referente al mantenimiento, cifran su aumento en un 54% desde 2018.

La huelga anunciada por el sindicato de maquinistas SEMAF entre el 9 y el 11 de febrero, a la que valoran sumarse CCOO y UGT, irrumpe frente al Gobierno en pleno ciclo electoral. El día anterior al inicio de la huelga se celebrarán las elecciones en Aragón, mientras que las de Castilla y León serán el 15 de marzo y las andaluzas están previstas para junio. A su juicio del sindicato, existe un problema estructural de seguridad en el sistema.

El sindicato médico CESM y sindicatos autonómicos, por su parte, han convocado huelga nacional indefinida desde el 16 de febrero por el estatuto propio. Aunque el Gobierno ha afrontado otras huelgas sectoriales, como en la judicatura, su impacto suele menor que las de servicios esenciales como el ferrocarril o la sanidad. La huelga de transportistas en 2022, afectando a las cadenas de suministro y la inflación, tuvo también un fuerte calado siendo el más conflictivo desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa hace más de siete años.

A nivel político, tras la tragedia de Adamuz se decretó una tregua política que el PP rompió el miércoles y se hizo patente el jueves. Tras el anuncio de las convocatorias sindicales, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habló telefónicamente con el secretario general de SEMAF, Diego Martín, para transmitirle su solidaridad.

La sensación de inseguridad como arma política

Desde el PP han acompasado sus argumentos a las reivindicaciones de los maquinistas para cuestionar que el Gobierno no adoptara medidas de seguridad en el sector ferroviario antes de los accidentes que se han producido en los últimos días. Se evita así que Vox se lance a capitalizar en solitario posibles responsabilidades del Gobierno en su gestión o canalice la indignación ante las críticas de falta de seguridad.

En el PP, el sector duro encabezado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue la primera en abrir brecha al señalar a los suyos que mantener la "sensibilidad" con las víctimas no debe servir para que impere "la ley del silencio o del miedo a pedir responsabilidades o querer saber qué ha sucedido". Su Gobierno ya se refirió este miércoles a una situación de "caos ferroviario" en España.

El Gobierno trata de centralizar la gestión de la crisis en el ministro competente en la materia, el titular de Transportes Óscar Puente. El perfil que está adoptando, como ya hizo durante la tragedia de la dana en Valencia, es pretendidamente pedagógico y técnico y, al menos por el momento, busca alejarse la batalla política. Puente actúa como único cortafuegos y se presente como protagonista ante hipotéticas responsabilidades, aislando de forma preventiva al presidente del Gobierno. Tras anunciar que comparecería a petición propia en el Congreso, los populares han demandado que haga lo propio el presidente del Gobierno.

Mientras tanto, en el Ejecutivo ponen el foco en contrarrestar una sensación de inseguridad tras los accidentes de tren. Desde que llegaron al Gobierno, sostienen, “la media anual de accidentes ferroviarios graves o significativos ha descendido un 11%” respecto al período del ejecutivo anterior y “pese a que el número de pasajeros ha aumentado más de un 15%”. La tasa media de accidentes por kilómetro recorrido, aseguran, “es también inferior”.

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