TRIBUNALES
La Complutense afirma que no es necesaria una titulación para redactar contratos de la Universidad y dificulta a Peinado acusar a Begoña Gómez de intrusismo
La opinión de la Universidad coincide con la de la Asociación de Abogados del Estado, que informó al instructor de que no se exige "una titulación concreta" para elaborar los pliegos técnicos de contratación para patrocinadores de la cátedra
El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla. / José Luis Roca
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoLa directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Carmen Mitxelena Kamiruaga, ha remitido un informe al juez Juan Carlos Peinado, en el que asegura que la normativa vigente "no exige la concurrencia de requisito alguno relativo a la titulación para la firma del pliego de prescripciones técnicas particulares", según especifica el documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En el escrito también se advierte de que la universidad desconoce quiénes fueron las personas que elaboraron los contratos de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, cuya codirectora era Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Peinado mantiene imputada a Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, malversación de caudales públicos e intrusismo. Sin embargo, el informe ahora remitido al juez por la Complutense pone en duda la imputación de intrusismo, pues el instructor investiga si la mujer de Pedro Sánchez ha cometido este delito por haber firmado pliegos técnicos de contratación para patrocinadores de la cátedra que codirigía.
Abogados del Estado
La opinión de la Complutense coincide con la de la Asociación de Abogados del Estado, que informó el pasado 2 de diciembre al magistrado de que para elaborar los pliegos de prescripciones técnicas en las contrataciones públicas "no se prevé una reserva de la función de redactar tales documentos a un cuerpo de funcionarios concreto y determinado, ni se exige una titulación concreta para su redacción".
Estos funcionarios públicos respondían de esta forma al requerimiento del magistrado. En el escrito, firmado por Lucía Pedreño Navarro en nombre y representación de la Asociación de Abogados del Estado, se concreta que "ni tan siquiera se prevé que el órgano de contratación deba redactar él mismo tales documentos pudiendo recabar la colaboración de empresas privadas en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o su asesoramiento durante la preparación del procedimiento de contratación".
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