Los fiscales progresistas reúnen en un mes el dinero que el exfiscal general fue condenado a pagar

En solo un mes la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha conseguido recaudar "íntegramente las responsabilidades pecuniarias" a las que fue condenado el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Se trataba de un total de 17.200 euros, que se dividían en una multa de 7.200 euros que acompañaba a los dos años de inhabilitación para el ejercicio de su cargo impuesta por el Tribunal Supremo y de 10.000 euros más, en concepto de indemnización al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La asociación que presidió el propio García Ortiz y también su sucesora al frente de fiscalía, Teresa Peramato, ha informado a través de un comunicado de que, al haberse cubierto íntegramente las cantidades que deberá abonar el exfiscal general, "no será preciso realizar nuevas aportaciones" y anuncia que, "en su caso", las que excedan la cantidad impuesta a García Ortiz "serían reintegradas".

La campaña de recaudación se hizo pública el pasado 22 de diciembre y desde entonces "decenas de fiscales, de todos los territorios y categorías, han respondido a un llamamiento" que, según sus organizadores, "no era económico, sino ético. Un gesto colectivo que expresa algo muy sencillo y profundo a la vez: que nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional", añade la nota hecha pública por la UPF.

Destaca que, además de las contribuciones de los fiscales, se han recibido mensajes de ciudadanos que, sin pertenecer al ministerio fiscal, se pusieron en contacto para manifestar su deseo de colaborar con García Ortiz. "Muchos de esos mensajes —cargados de respeto, empatía y sentido cívico— nos han emocionado profundamente. Nos recuerdan que la justicia no es solo una estructura institucional, sino también un vínculo de confianza entre quienes la sirven y la sociedad a la que se deben", destacan los fiscales progresistas que se han caracterizado por realizar una defensa cerrada de García Ortiz desde que se inició el procedimiento en su contra.

Aseguran que "Álvaro García Ortiz asumió en primera persona una responsabilidad institucional que protegía a la fiscalía en su conjunto" y "no fue en vano", como consideran que demuestra la respuesta solidaria recibida. "Defender a un compañero en estas circunstancias es también defender la dignidad del servicio público, la independencia profesional y la idea de que la justicia nos concierne a todos", concluyen.

El alcance de la condena de García Ortiz se ha limitado finalmente a su responsabilidad al frente de la Fiscalía General del Estado, al no incluir pena de prisión y limitarla el propio Supremo al cargo con el que cometió el delito por el que se le impuso la pena. El decreto de su sucesora al frente de la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, que le permite seguir siendo fiscal se conoció un día después de saberse que había incorporado como fiscal de Sala a la Fiscalía de lo Social del Tribunal Supremo, a petición propia.

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