La Audiencia Nacional archiva por segunda vez el espionaje con Pegasus a Sánchez y sus ministros

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado por segunda vez el sobreseimiento provisional de la causa abierta por la infección con el programa informático Pegasus de los móviles del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente, ante la "impotencia investigadora" que supone no poder avanzar en las pesquisas.

En un auto, el magistrado explica que “la frustración de la ejecución” de las comisiones rogatorias por parte de Israel “impide investigar sobre la atribución de la autoría de los hechos investigados a persona concreta alguna”, lo que lleva al juzgado de la Audiencia Nacional al decretar el sobreseimiento provisional, que puede retirarse en el caso de que aparezcan nuevos indicios, como ocurrió la vez anterior.

Calama archivó inicialmente la investigación en julio de 2023 y la reabrió unos meses después para incorporar la información facilitada por las autoridades judiciales francesas en el procedimiento que se seguía en aquel país por la infección con el software Pegasus de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros del Gobierno francés y diputados. 

En la resolución dictada ahora, el juez señala que de las investigaciones realizadas por sus colegas franceses no se desprenden nuevos datos que permitan determinar la autoría de los hechos investigados y que podrían enmarcarse en delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Solo cantidad

"Los nuevos informes emitidos por el Centro Criptológico Nacional, a la vista de la información facilitada por las autoridades judiciales de Francia, ponen de manifiesto que el análisis de la información facilitada por las autoridades judiciales de Francia no aporta ninguna novedad sobre los datos que han podido ser extraídos de los teléfonos infectados, ya que el código dañino no deja registros de actividad en el sistema más allá de la cantidad de datos extraída y enviada a sus servidores de mando y control. Es, por tanto, técnicamente imposible afirmar nada sobre la naturaleza de la información a la que hayan podido tener acceso los atacantes", explica la resolución.

Los informes del CNI destacan "que resulta imposible precisar relación alguna o vinculación de las infiltraciones a los teléfonos móviles objeto de la investigación judicial en Francia con la de los dispositivos móviles objeto de investigación" española. De ahí que sin respuesta a las comisiones rogatorias libradas a las autoridades de Israel, emitidas, ampliadas y recordadas en distintos momentos en los últimos años, la investigación de la Audiencia Nacional queda frustrada, porque no puede profundizar en "la atribución de autoría de los hechos delictivos investigados a persona concreta alguna, abocándonos, de forma indefectible, a acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones por falta de autor o autores conocidos”. 

Interrogar a la compañía

A través de esa solicitud de cooperación jurídica internacional, reiteradamente emitida, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 pretendía requerir información a la mercantil israelí NSO Group, propietaria del software Pegasus, así como tomar declaración como testigo al CEO de la compañía.

Ante la falta de respuesta resulta imposible avanzar en las pesquisas relativas al Gobierno de Pedro Sánchez a diferencia de las denuncias presentadas en los juzgados de Barcelona por políticos independentistas, también espiados con Pegasus, puesto que en estos casos el juez ha dirigido las actuaciones contra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o la Guardia Civil, instituciones a los que atribuye el uso del software espía.

Calama señala que no poder practicar más diligencias "conlleva que el proceso permanezca aletargado o en situación de latencia hasta que la información obtenida a través de un eventual y poco probable cumplimiento de la comisión rogatoria que el Estado de Israel tiene obstruida, o bien nuevas fuentes de prueba permitan, en su caso, la continuación de la investigación”. La situación procesal en la que se encuentra la causa, añade, es lo que el Tribunal Supremo califica de “impotencia investigadora”.

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