Sumar pide en el Congreso evitar la especulación en los transportes tras el accidente de Adamuz

Sumar denuncia la especulación en materia de transportes después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que ha dejado por ahora 41 fallecidos y ha provocado la interrupción de la línea ferroviaria entre Madrid y Andalucía al menos hasta el 2 de febrero.

La búsqueda de una alternativa de transporte ha llevado a que cientos de usuarios hayan denunciado la fuerte subida de precios. El socio minoritario del Gobierno ha puesto el foco en el tejado de las empresas y ha registrado una iniciativa en el Congreso reclamando mantener precios y evitar la especulación.

El grupo parlamentario de Sumar emitió este martes un comunicado anunciando esta proposición no de ley, sin carácter vinculante, que el diputado de IU Félix Alonso ha registrado en el Congreso de los Diputados. Si bien la iniciativa registrada, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, "insta al Gobierno a seguir desarrollando las medidas necesarias para proteger a las personas consumidoras de las prácticas abusivas", el comunicado emitido por la coalición evita hacer referencia al Ejecutivo del que forman parte y va únicamente dirigido "a la atención de los directores de las compañías", advirtiendo que ante este tipo de tragedias "se mide la altura moral y la responsabilidad social" de las "empresas que ofrecen servicios esenciales".

"Son muy preocupantes las informaciones aparecidas acerca del aumento significativo de precios", advierte la coalición de partidos de Yolanda Díaz en el comunicado. En este punto, advierte que a través de la iniciativa en el Congreso "instamos a todas las empresas de servicios de transportes y movilidad a mantener precios estables y razonables durante el periodo de afectación del servicio ferroviario", así como "evitar prácticas especulativas que agraven el impacto económico", y "colaborar activamente con las administraciones públicas para facilitar soluciones de movilidad".

Sumar exige así responsabilidad en las empresas pero evita de momento reclamar directamente una actuación concreta al ala socialista del Gobierno del que forma parte impulsar actuaciones para evitar este tipo de situaciones; actuaciones como las que se dieron durante la pandemia, cuando el Ejecutivo fijó un precio máximo para el precio de material sanitario esencial como mascarillas o test PCR. Tampoco se fija en el papel de las administraciones públicas a la hora de coordinarse con las empresas de transporte, en quien pone todo el peso de la actuación.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de Pablo Bustinduy ha emitido también una nota de prensa informando de que se incluyeron mecanismos para evitar esta subida en la última versión del anteproyecto de atención a la clientela, una norma que se encuentra en tramitación en el Congreso. "Las empresas tendrán que informar previamente del precio que tendrá un producto o servicio durante el tiempo que esté a la venta, prohibiéndose superar los precios anunciados para esa fecha", asegura el ministerio.

Suscríbete para seguir leyendo