El Govern prepara un acuerdo con patronales y sindicatos para los presupuestos de 2026

El Govern acelera en su negociación para perfilar los presupuestos de este 2026. En paralelo al flanco político, condicionado este por el acuerdo para actualizar la financiación autonómica, la conselleria de Economia lleva ya al menos dos reuniones con las patronales y los sindicatos más representativos para armar un frente social que avale sus cuentas públicas. Médicos que controlen las bajas laborales, incremento de los subsidios sociales, ayudas al transporte o más recursos para industria y formación profesional son algunas de las contrapartidas que están sobre la mesa.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, este martes está previsto un nuevo encuentro donde los agentes sociales esperan que el Ejecutivo les acabe de concretar cuál será el perímetro final del potencial preacuerdo, que todos los actores dan por hecho que se cerrará en breve, según apuntan distintos actores implicados y consultados por este medio.

Durante la anterior legislatura, el entonces president, Pere Aragonès, inauguró una tradición que su sucesor, Salvador Illa, ha preservado. Cada vez que el Govern negocia unos nuevos presupuestos con las fuerzas políticas, en paralelo también trata pactar una batería de medidas de consenso con Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT para dotarse de una mayor legitimidad desde las esferas económica y social. Y, cumpliendo con dicho objetivo, desde la conselleria de Economia ya han ido avanzando posiciones.

Poco antes de acabar el año y justo el día después de Reyes, los agentes sociales más representativos acudieron a la llamada del Govern para tratar de definir un consenso mínimo de cara a las cuentas de 2026, según coinciden en señalar varias fuentes conocedoras de los contactos. Entre medio ha habido intercambio de documentos y propuestas por parte de patronales y sindicatos, algunas con mayores visos de prosperar que otras.

Disenso entre las partes

Una de las que generó más polémica fue la que puso encima de la mesa la patronal Pimec. Esta entidad le reclamó al Govern que habilitara una partida presupuestaria para contratar a 130 médicos para reforzar la atención primaria, pero con un cometido muy concreto: hacer seguimiento de los procesos de incapacidad temporal de los trabajadores. Una pretensión que ya intentaron colocar en la negociación de los suplementos de créditos del año pasado, sin éxito. Los sindicatos rechazaron frontalmente la medida, ya que interpretan que ese seguimiento lo que busca es “presionar” a los afectados para acortar los plazos de reincorporación. La falta de consenso hace difícil que la Generalitat acceda a dicha pretensión, al menos en los términos planteados desde Pimec.

Hay más medidas sobre la mesa que tienen pocos visos de prosperar, como la reclamación de los sindicatos de actualizar el Indicador de Rendas de Suficiència de Catalunya (IRSC) un 6,5%, según coinciden distintas fuentes consultadas. Dicho incremento implicaría aumentar el importe de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), que se rige por esa referencia, así como otros subsidios sociales. El desembolso presupuestario que dicha actualización implicaría complica que desde Economia accedan, al menos en esas cuantías.

Consenso en industria

Hay otras reivindicaciones, compartidas estas entre patronales y sindicatos, que tienen más visos de prosperar. Los agentes sociales le han pedido al Ejecutivo catalán que meta más leña al Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), la estrategia de desarrollo industrial del Govern que actualmente está renovando la conselleria dirigida por Miquel Sàmper. La primera cifra que barajaba el conseller era de 4.393 millones de euros hasta 2030 y los agentes sociales ambicionan llegar a los 5.000 millones de euros –a tenor de 1.000 millones por ejercicio-, además de la reclasificación de algunas prioridades de gasto, sobre todo las más vinculadas con lo digital y la innovación.

Otro elemento que genera bastante consenso entre las partes y que ha sido una constante en anteriores pactos es el refuerzo de la formación profesional (FP). Tanto empresarios como representantes de los trabajadores entienden que inyectar más recursos a los oficios debe ser una prioridad de país.

Los sindicatos presentaron a finales de año en rueda de prensa una batería de reivindicaciones para trasladar al Govern. Entre las mismas se cuentan aumentar la dotación de agentes de la Inspección de Trabajo, incrementar las líneas de autobuses para hacer llegar el transporte público a polígonos o municipios poco poblados y aumentar la plantilla de orientadores laborales del SOC para ayudar a los parados a encontrar empleo, entre otros.

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