Granados afronta su primer banquillo por los amaños de la Púnica: contratos para organizar fiestas populares por ser "amigo del PP"

El exsecretario general del PP de Madrid y exconsejero Francisco Granados, junto al que fuera senador de este partido David Erguido y otras doce personas, se sientan a partir de este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional para responder de unas corruptelas cometidas presuntamente hace casi 20 años.

Se analizan presuntas irregularidades en los contratos adjudicados a la empresa Waiter Music para la celebración de las fiestas populares en distintos municipios de la Comunidad de Madrid. A cambio de estas adjudicaciones, según la acusación, la empresa organizaba sin cobrar actos del partido popular en la región

Se trata de la primera pieza de la trama Púnica que sienta en el banquillo al que fuera mano derecha de la expresidenta Esperanza Aguirre en el PP de Madrid, que únicamente ha sido juzgado en relación con esta macrocausa de corrupción por un tema tangencial, el "chivatazo" que el agente en excedencia José Luis Caro Vinagre dio al político de que estaba siendo investigado en relación con esta trama corrupta. Granados fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años de cárcel porque dicha revelación produjo "un intenso" daño a la investigación que se estaba realizando, y la condena fue confirmada por el Tribunal Supremo en marzo de 2019.

Pese a que los hechos fueron presuntamente cometidos entre 2007 y 2010, la investigación de los contratos presuntamente irregulares de Waiter Music no concluyó hasta julio de 2021, cuando el juez ya jubilado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dio por concluida su investigación sobre esta pieza, la número siete de la macrocausa Púnica. En ese momento se archivó la causa para otra treintena de personas que resultaron salpicadas inicialmente en este procedimiento.

Granados se enfrenta a una petición de 6 años de cárcel que pide para él la Fiscalía Anticorrupción, por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, aunque también solicita su condena la Comunidad de Madrid, que eleva en un año esta petición. Para el PSOE, personado como acusación popular, los hechos merecen ser castigados con hasta 38 años de cárcel. Anticorrupción también solicita 46 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por dos delitos continuados de fraude en la contratación, dos delitos continuados de prevaricación administrativa y un delito continuado de prevaricación

No cobraba actos electorales

Los contratos presuntamente irregulares fueron obtenidos por la empresa Waiter Music y otras sociedades propiedad de José Luis Huerta --ya fallecido-- para la organización de fiestas populares en varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como Valdemoro -donde Granados fue alcalde- Algete, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio y Móstoles, varios de cuyos responsables municipales en el momento de los hechos son ahora enjuiciados. El empresario confesó durante la instrucción, en 2018, que organizó actos electorales del PP en Madrid y que no los cobraba, al mismo tiempo que resultaba adjudicatario de la planificación de las fiestas de numerosas localidades de la comunidad.

El empresario también declaró que el PP le llamaba para organizar este tipo de actos porque le debían mucho dinero y porque además consideraba que lo hacía muy bien, y que cuando había algún cambio de color político en los municipios madrileños y pasaba a gobernar el PP, aprovechaba para visitar al nuevo equipo para ofrecer sus servicios de organización de eventos.

En su día, el juez García Castellón acordó fijar como responsabilidad civil las cantidades de 300.000 euros para Granados y de 50.000 euros para los otros trece encausados. La Comunidad de Madrid, personada en calidad de perjudicada, reclama para Granados una condena a 7 años de cárcel, 28 de inhabilitación y una multa de 364.200 euros por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos. La administración regional solo formula acusación contra otra persona más: Carmen Plata Esteban, que fue concejal en el Ayuntamiento de Getafe. Para ella, pide 4 años de cárcel y 16 años de inhabilitación por malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. Igualmente, piden penas de cárcel para sus exmandatarios los Ayuntamientos de Valdemoro y Móstoles.

PP no será partícipe

A ellos se suma la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), bajo cuya coordinación actúa el PSOE, que solicita que Granados sea condenado a 38 años de cárcel y una multa que asciende a los 15,5 millones de euros por los contratos con Waiter Music. Además, el PSOE pedía incluir al PP como partícipe a título lucrativo, algo que García Castellón rechazó en su día alegando la "extemporaneidad" de la petición.

Los escritos de acusación describen dinámica de presunta adjudicación irregular de contratos públicos. Según el relato de las acusaciones, dicha relación comercial fue posible debido a que los diferentes expedientes administrativos, cuando los había, estaban predeterminados para que fuesen adjudicados a Waiter o a empresas controladas directa o indirectamente por Huerta.

Servicios gratis

Así, se podía contar con una empresa que, por una parte, realizaba los festejos de conformidad y, por otra y muy importante, "proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos, bien en extras decididos al momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal, bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados".

Huerta habría realizado dichos encargos para seguir contando con el favor de los diferentes políticos municipales en la adjudicación de festejos, asumiendo el coste de algunos directamente y, en otros casos, presentando facturas por un importe mayor al propio del beneficio mercantil del coste de los actos.

Huerta llegó a confesar que tampoco cobró la comunión de la hija de la entonces alcaldesa de Algete, Inmaculada Juárez, que ascendió, con su beneficio, a 41.000 euros. Según explicó, el teniente de alcalde, David Erguido, le aconsejó pasar una factura por la mitad del precio real al marido de la alcaldesa y así cobró 14.000 euros.

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