¿Cederá Puigdemont al 'pressing Junts' y avalará la nueva financiación en el Congreso?

Ni la llave de la caja ni el dinero suficiente en el cajón. Para Junts, el modelo de financiación autonómica pactado entre el Gobierno, la Generalitat y ERC es una oportunidad perdida, y no una oportunidad única, como plantea el president Salvador Illa. Las filas posconvergentes son conscientes de que los impulsores de la reforma les ponen en la diana para presionarles, pero la posición está fijada. ¿Esto implica que Junts votará en contra en el Congreso? Hay partido.

En Junts conocían los detalles de la propuesta acordada por boca del gerente de ERC, Lluís Salvadó, antes de que se presentara públicamente el pasado viernes y ya le indicaron que no cumplía con sus ambiciones porque no avanzaba en la recaudación de impuestos. La propuesta de máximos siempre ha sido alcanzar un concierto económico, y a este relato se aferrará el partido hasta que se vote. Si es que llega a someterse a votación, matizan fuentes de la formación, convencidas de que ni el BNG ni Chunta Aragonesista se moverán del 'no' o de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantará las generales y el acuerdo quedará en nada.

Hay tres aspectos fundamentales en su argumentario. Uno, que el modelo no otorga un rango especial a Catalunya porque las 'singularidades' son 'generalizables' y 'voluntarias' para otras autonomías. Dos, que el principio de ordinalidad no queda garantizado -así lo reconoció la propia ministra María Jesús Montero- y tampoco se contempla un fondo compensatorio para que así sea. Y tres, que el cálculo de ingresos se hace sobre la población ajustada y no sobre la población real.

Esto lleva a Junts a la conclusión de que el sistema vigente, con una mayor inyección de recursos que la actual, tendría la misma repercusión que esta reforma y que, por lo tanto, es una simple 'actualización' por la que no cabe ni siquiera reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Pero, pese a este relato, Junts no quiere quedar fuera del foco ni ser tachado de un actor que se margina en el córner del 'no a todo' ante un acuerdo que prevé 4.700 millones más para Catalunya. Sería muy impopular echarlos a perder. Por eso, pese a que a algunos dirigentes de las filas les costó convencer al conjunto de la dirección, han encontrado una vía de escape que es la presentación de una enmienda a la totalidad con texto alternativo. Y esta abre la puerta a negociar tanto con ERC como con el PSOE, pese al divorcio anunciado a bombo y platillo.

Esto implica dos cosas: la primera, que el partido pone sobre la mesa una propuesta -aunque no sea ni mucho menos mayoritaria en el arco parlamentario del Congreso- y la segunda, más relevante en cuanto a los gestos, que esa enmienda la votarían ERC y Junts, pero no el PP. Será, pues, vislumbran en Junts, una maniobra que les permitirá evitar ríos de tinta que les señalen como socios de los populares contra el nuevo modelo de financiación y con la que pretenden exhibir que un frente común es posible, pero que Esquerra no quiere.

Para otras voces del partido, con esto no basta, y creen que deben pedir que les hagan un hueco en la mesa entre el Gobierno, la Generalitat y ERC para que en la segunda parte de la negociación, la de los ingresos por competencias específicas, se tenga en cuenta el coste de la vida en Catalunya, más alto que en otros territorios. Solo lo explicitan públicamente aquellos que tienen las manos libres, como es el exconseller Jaume Giró, el exalcalde de Barcelona Xavier Trias, o el expresident Artur Mas, quien en una conferencia emplazó a la dirección a sentarse a negociar y a influir para mejorarlo. Hubo quien tomó nota, literalmente, de sus palabras. Pero la clave está en qué opina el expresident Carles Puigdemont, quien públicamente ha optado hasta la fecha por un silencio ensordecedor.

En Waterloo hay malestar con Oriol Junqueras por las formas. Anunció en una entrevista en Catalunya Ràdio que había pedido cita a Puigdemont, y según Junts se refería solo a un mensaje en el que le proponía reunirse en Bélgica porque viajaría a Bruselas en febrero por otros asuntos, sin mencionar la financiación. Hay heridas entre los dos impulsores del referéndum del 1-O que siguen abiertas, pero ninguna de las partes descarta que se produzca este encuentro en las próximas semanas. Hay contactos para que así sea, pero Junts no quiere que la cita sea interpretada como un apoyo a la reforma del modelo que abandera ERC. Habrá que incluir otros asuntos en la cita, como lo es el posible regreso de Puigdemont a Catalunya.

El exjefe del Govern ya ha ordenado al partido que se ponga en marcha y planifique su vuelta. La idea es que sea antes del verano, pero las filas posconvergentes no quieren agarrarse a una fecha para evitar frustraciones. El calendario de la financiación en el Congreso puede hacerlo coincidir con este regreso. Hay quien ve en esta coincidencia una oportunidad para que Junts avale la financiación. Pero antes, habrá que negociar. Lo que está claro es que, cuando Puigdemont pise el Estado, querrá pasar a cobrar su amnistía política, aquella fotografía tan anhelada con un Sánchez que prometió "traerle de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia".

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