En la negociación con el Gobierno
El Govern y ERC contemplan incluir el coste de la vida en la nueva financiación para que Junts la avale
La vía más factible que ven los promotores del modelo es incorporar este criterio en la negociación de las competencias no homogéneas
Población ajustada: qué es y cómo se calcula el criterio principal de reparto de la financiación autonómica
Catalunya se queda sola defendiendo la nueva financiación: "Es una oportunidad y la solidaridad no está en duda"
Junts asegura que "batallará hasta el último momento" por un concierto económico para Catalunya

El president de la Generalitat, Salvador Illa, con la consellera de Economia, Alícia Romero, y el conseller de Presidència, Albert Dalmau. / JORDI OTIX
Aunque se haya quedado solo defendiendo las virtudes de la nueva financiación, el Govern de la Generalitat considera que queda mucho camino por recorrer y que existen posibilidades de lograr un desenlace favorable en el Congreso. La confianza está más depositada en convencer a Junts que al PP porque los posconvergentes ya han ablandado la posición sobre otro asunto candente, la quita de la deuda del FLA. Aunque el partido de Carles Puigdemont mantiene el rechazo a la propuesta de financiación que se ha presentado porque su demanda es un concierto económico, tanto el Executiu de Salvador Illa como ERC ven una pista de aterrizaje para que entren a negociar el modelo. Se trataría de introducir el coste de la vida como una nueva variable en la fórmula para calcular el reparto de los recursos entre comunidades, un criterio que quedó fuera del acuerdo que se hizo público la semana pasada. Esto le permitiría a Catalunya conseguir algunos millones más.
¿Qué es la variable del coste de la vida, en términos de financiación autonómica? Sería un mecanismo corrector que compensaría a las comunidades autónomas donde es más caro vivir, como por ejemplo Catalunya. No es casualidad que el Govern recupere ahora este concepto cuando busca apoyos al acuerdo. Cuando se anunció el modelo, Junts realizó varias críticas, entre ellas, que la propuesta de Hacienda no contemplaba "el diferencial del coste de la vida" entre territorios.
La consellera de Economia, Alícia Romero, ya ha explicitado en los últimos días que este es un asunto que se quedó en el tintero porque no fue aceptado por el ministerio de Hacienda, pero que se trata de una cuestión que el Govern está dispuesto a reabrir si eso sirve para atar la mayoría necesaria en el Congreso para que el nuevo modelo salga adelante. La cuestión es cómo y si el Gobierno estaría dispuesto a abordarlo después de haberlo descartado del pacto con ERC.
Habría dos vías posibles para ello: introducirlo como un requisito más en el cálculo de la población ajustada o bien incorporando esta variable en la negociación de las llamadas "competencias no homogéneas", que en el caso de Catalunya serían los Mossos o la gestión de las prisiones. Es esta segunda la que los defensores de la nueva financiación ven más viable, puesto que abrir el melón del cálculo de la población ajustada, que incorpora hasta una veintena de criterios, supondría tener que volver a afrontar la cuadratura del círculo para, por ejemplo, garantizar la ordinalidad a Catalunya.
Como el Govern, ERC no vería con malos ojos abrir la carpeta del coste de la vida si esto sirve para convencer a Junts. "Para nosotros no es un problema esta cuestión", explican fuentes del partido republicano. Sin embargo, advierten de que es un tema complejo, ya que si se toca el modelo de recursos pactado para Catalunya, esto también afectará al resto de comunidades y puede acabar complicando aún más la votación en el Congreso. Así, ERC acepta buscar una "pista de aterrizaje" para Junts, pero advierte de que hay que partir de posiciones realistas porque "si vuelas muy alto, luego aterrizar es más difícil".

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, durante su encuentro en la Moncloa. / JOSÉ LUIS ROCA
Más allá de Junts, también los Comuns han puesto encima de la mesa que se incorpore la variable del coste de la vida en el reparto de los recursos. De hecho, lo ven como un filón para convencer a otros partidos bajo el paraguas de Sumar que recelan del modelo, como Compromís, Més per Mallorca o la Chunta Aragonesista. El grupo de Jéssica Albiach también defiende fijar un suelo fiscal para impedir que algunos territorios reciban más recursos y, al mismo tiempo, bajen impuestos a las rentas altas, aunque se trata de un criterio que difícilmente será avalado por Junts.
Tiempo para madurar
El Govern considera que el calendario también juega a favor de alcanzar el acuerdo con Junts, puesto que pasarán meses hasta que se lleve a votación en el Congreso -antes o justo después del verano- y la presión por que ningún partido catalán renuncie a 4.700 millones de euros más para la Generalitat irá creciendo. Para entonces, confían en que los posconvergentes hayan vuelto a la senda negociadora con el Gobierno de Pedro Sáncheze incluso, apuntan, si todo va según lo previsto, que la interlocución la pueda liderar Puigdemont ya desde Catalunya.
Es por eso que, por ahora, se toman el asunto sin prisas, priorizando la negociación de los presupuestos y esperando que, con el tiempo, Junts vaya madurando su posición a sabiendas de que no hay una unanimidad interna en estos momentos. No hay por ahora ningún encuentro más previsto entre el Govern y Junts. Tras reunirse la semana pasada con los grupos parlamentarios para dar cuenta de los detalles del modelo, la próxima estación de Romero se sitúa en el 21 de enero, cuando comparecerá en comisión en el Parlament para responder a las preguntas de la oposición. Será un termómetro más de hasta qué punto hay partido.
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