Del "concierto económico solidario" a los 4.700 millones: así ha evolucionado la financiación pactada por ERC

La principal contrapartida de ERC para votar a Salvador Illa como president de la Generalitat fue elaborar un nuevo modelo de financiación singular para Catalunya. Sin embargo, desde el primer momento se vieron las dificultades que tendría la negociación, que pasaba inevitablemente por el ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero. Los republicanos aseguraron haber conseguido un "concierto económico solidario", un término que los socialistas -ni en Catalunya ni en Madrid- no asumieron nunca. Para sortear el debate nominal y evitar molestar a Esquerra, aunque el documento hablaba solo de "financiación singular", desde el PSC defendieron que cumplirían con la "literalidad" del acuerdo.

A grandes rasgos, se afirmaba que Catalunya recaudaría todos los impuestos y que, posteriormente, cedería una parte al Estado por todos aquellos servicios que este presta de forma directa. También se aseguraba que la Generalitat haría una "aportación solidaria" para el resto de comunidades, aunque limitada por el "principio de ordinalidad". Un año y medio después de rubricar el acuerdo, la dirección de los republicanos -ahora liderada por Oriol Junqueras, a pesar de que el documento lo firmó Marta Rovira- ha cerrado un pacto con el Gobierno que dista del contenido estipulado en verano de 2024.

El incremento de recursos

El pacto alcanzado entre el PSC y ERC no hablaba de cifras, pero prometía un "incremento sustancial de recursos" para Catalunya. La propuesta del Gobierno es aumentar en 4.686 millones de euros la aportación que recibirá la Generalitat en 2027. Según el Govern y ERC, son 1.700 euros adicionales por catalán -se pasaría de 3.400 euros por habitante a 5.100-. Se trata de un cálculo hecho a partir de lo que se denomina la "población ajustada", que tiene en cuenta variables como la edad, la dispersión geográfica o la insularidad. Si se calcula con la población real -8 millones- son 585 euros por habitante.

La cifra no es menor, equivale prácticamente a todo el presupuesto que destina la Generalitat al año a mantener el sistema de atención primaria, a la mitad del presupuesto destinado a educación o a 1,5 veces el dinero que destina a políticas sociales. Sin embargo, Junts, cuyos votos son imprescindibles para que la propuesta salga adelante en el Congreso, reprocha que no reduzca el déficit fiscal y que el cálculo hecho por el Gobierno no tenga en cuenta el coste de la vida, más elevado en Catalunya que en otras comunidades.

De salir adelante en el Congreso, Catalunya sería la segunda comunidad que más incrementaría sus recursos en 2027, por detrás de Andalucía que recibiría 4.846 millones de euros. Valencia ganaría 3.669 millones y Madrid, 2.555 millones.

El principio de ordinalidad

El texto de julio de 2024 establecía que la Generalitat contribuiría a la solidaridad con el resto de autonomías, pero fijaba varias condiciones: que estas hicieran un "esfuerzo fiscal similar", que la aportación fuera "explícita" y "transparente" y que estuviera "limitada por el principio de ordinalidad". Hasta ahora Catalunya era la tercera comunidad en aportar recursos a la caja común, pero la décima en recibir. La ministra Montero reconoció que el nuevo modelo "tiende" al principio de ordinalidad, pero que no lo garantiza, y tampoco se contempla ningún fondo compensatorio en caso de que cambie el contexto.

Sin embargo, al menos para 2027, en el caso de Catalunya se garantizará: será la tercera en aportar y la tercera en recibir, en lugar de la décima como ahora. Podría cambiar en caso de que hubiera una crisis económica intensa que afectara de manera especial a Catalunya, porque en este caso caería la recaudación impositiva.

La recaudación de impuestos

ERC y PSC también daban un papel preponderante a la Agència Tributària de Catalunya (ATC). El documento establecía que la hacienda catalana fuera una prioridad para el Govern y le imponía un "traspaso de medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos" para que, de forma "progresiva", pudiera hacer la "recaudación, gestión, liquidación e inspección de todos los tributos que se generan en Catalunya". En este sentido, las dos formaciones acordaron empezar la recaudación por el IRPF en 2026. Sin embargo, en verano el Govern ya anunció que lo retrasaba hasta 2028.

Ahora la propuesta de Montero habla de un "nuevo modelo en red" y propone que "cada administración autonómica asuma más competencias en la gestión de impuestos cedidos, en coordinación con la Administración Estatal". También ofrece que las comunidades puedan adherirse de forma voluntaria a un sistema de "caja compartida" para que "los ingresos del IRPF lleguen de manera simultánea a las administraciones central y autonómica".

ERC tiene registrada en el Congreso una ley para que Catalunya recaude íntegramente su IRPF. Los republicanos han puesto como condición al Govern de Illa que el PSOE permita, al menos, la tramitación de esta ley para sentarse a negociar los presupuestos.

Las competencias no homogéneas y el consorcio de inversiones

Republicanos y socialistas catalanes también pactaron actualizar la financiación de las competencias no homogéneas. Estas son las que ejerce Catalunya de forma singular y que no tienen otros territorios, como por ejemplo los Mossos d'Esquadra. El compromiso era hacer el cálculo contemplando "todas las variables relevantes, como el aumento de la población en edad escolar o el factor del envejecimiento, para poder reflejar las singularidades de Catalunya". Esta parte sigue pendiente, aunque ERC ha asegurado que tiene pactado que se haga con un porcentaje adicional del IVA del 22,5%.

Tampoco está resuelto el consorcio para las inversiones para hacer frente al "déficit de inversiones en Catalunya y a la baja ejecución de las inversiones previstas". Según los republicanos, los estatutos ya están definidos y solo queda acabar de ultimarlos con los ministerios de Transportes y de Hacienda.

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