Vivienda, impuestos y ahora financiación autonómica: los temas en los que chocan Salvador Illa y Foment

Las críticas de Foment del Treball al acuerdo para renovar el modelo de financiación autonómica han abierto una nueva brecha entre la histórica patronal catalana y el Govern de Salvador Illa. La entidad presidida por Josep Sánchez Llibre calificó de "claramente insuficiente" los avances negociados entre el Gobierno y ERC y ello generó un profundo enfado de Illa y los suyos. El Ejecutivo catalán esperaba un espaldarazo unánime desde el diálogo social y las críticas de Foment, si bien no las únicas, sí fueron las más explícitas.

Las relaciones entre el Govern y Foment empezaron con buen tono la legislatura, hasta el punto de que el president de la Generalitat recurrió al líder empresarial para proyectar una imagen 'business friendly' y de cambio de ciclo político en Catalunya. 'Los tiempos del 'procés' han terminado y ahora la estabilidad y el buen gobierno regresan', es la consigna que quería divulgar Illa. El presidente de Foment llegó a organizarle una reunión discreta en Madrid con la flor y nata del empresariado, concretamente en la planta 50 del edificio de la consultora PWC.

No obstante, a medida que Illa empezó a gobernar y armar mayorías parlamentarias con ERC y Comuns llegaron los primeros choques. En materia de vivienda es donde las posiciones se han ido alejando más. Primero con la regulación del alquiler de temporada, a la que inicialmente el PSC se resistió, pero que acabó impulsando para acercarse a ERC y Comuns. Foment se ha opuesto duramente a dicha línea y calificó la normativa de "atentado contra la propiedad privada". Los escarceos del Govern para limitar de alguna manera la compra especulativa de vivienda, tal como le reclaman desde los Comuns, amenazan con ahondar todavía más esa brecha.

"Infierno fiscal"

Otra materia en la que choca Illa con Foment es en lo relativo a impuestos. El Govern no está dispuesto a bajarlos y los empresarios no paran de reclamárselo, hasta el punto de considerar Catalunya un "infierno fiscal" y soñar con el trato que da a los suyos Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Sánchez Llibre ha defendido que impuestos como el de patrimonio o el de sucesiones son anticonstitucionales, hasta el punto de promover -de momento sin éxito- causas que los tumben legalmente.

Precisamente el acuerdo de financiación, de materializarse, acrecentar esta brecha, ya que podría activar un efecto dominó en el que la última pieza implicara a subidas de impuestos. No tanto de las comunidades autónomas, que ven reforzadas sus fuentes de financiación, sino del Estado, que para hacer posible el nuevo esquema deberá inyectar más recursos y cederlos de su bolsillo. Si la economía se contrae a futuro y la administración central requiere dinero, una subida impositiva podría ser una de las vías para conseguirlo.

"Por un lado, estamos pidiendo más recursos para inversiones y políticas públicas y, por el otro, pedimos que nos bajen los impuestos. ¿De dónde se piensa que llegan los recursos para hacer políticas públicas? Llegan de los impuestos. Los recursos que tiene el Estado o la Generalitat no caen del cielo, vienen de los impuestos que paga la gente", le espetó la consellera de Economia, Alícia Romero, el pasado viernes en una entrevista en TV3.

En contra de los delegados territoriales de prevención

Desde Foment defienden que sus críticas -que no rechazo- al acuerdo de financiación se derivan de un ejercicio de coherencia. Desde que se logró el primer acuerdo entre el Gobierno y ERC en la materia ellos han defendido que el mismo debiere incluir la competencia para recaudar desde Catalunya tributos como el IRPF o el reconocimiento de una relación bilateral entre Estado y Generalitat, anclándose en los postulados más maximalistas que sostenían la propia ERC.

No es la única materia en la que han expresado una opinión y no se han movido de la misma. En mayo del año pasado el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, anuncio el despliegue inminente de un plan de choque contra la siniestralidad laboral. No en vano, el número de accidentes mortales está disparado y en 2025, a falta de los datos definitivos de diciembre, hubo 99 fallecidos, uno de los ejercicios más mortíferos en años.

Dicho plan de choque contemplaba un plan piloto para que técnicos de prevención de riesgos laborales dispuestos por patronales y sindicatos, a partes iguales, visitaran por parejas las empresas catalanas en busca de fallos en los protocolos de seguridad. La idea que transmitió Sàmper era ayudar a dichas empresas a mejorar, si bien Foment lo interpretó como un ejercicio fiscalizador del que no quería participar.

El 'no' de Foment contrasta con el 'ok' de la otra patronal, Pimec, así como el de los sindicatos. Esa falta de unanimidad ha provocado que desde la conselleria de Empresa hayan tenido congelada esta iniciativa, similar a la ya existente en otras comunidades autónomas, como Asturias, donde sí tiene el apoyo de la patronal. Durante este último medio año, Sàmper ha tratado de consensuar con Foment su participación del proyecto, sin éxito. Ahora, la Generalitat ha dado un 'ultimátum' a los empresarios: o se adhieren de alguna manera a este programa piloto o el mismo tirará hacia adelante, con un formato todavía por determinar.

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