El juez requiere a los bancos los movimientos de la cooperativa que recibió 376.000 euros de la empresa atribuida a Santos Cerdán

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha accedido a lo solicitado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al considerarlo "imprescindible" para poder profundizar en las pesquisas abiertas en relación con el presunto amaño de adjudicaciones de obra pública que se investiga en esta parte del caso Koldo. En concreto, ha ordenado a los bancos que remitan a los agentes toda la información de que dispongan sobre la cuenta bancaria que aparece a nombre de la cooperativa Erkolan a la que Servinabar, la empresa cuya titularidad los investigadores atribuye en un 45% a Santos Cerdán, "transfirió un total de 367.290 euros entre junio de 2020 y mayo de 2025".

Los agentes destacan que el pago coincide con la contratación de la hermana del ex secretario de Organización del PSOE, Belén Cerdán León, por parte de la cooperativa. En informes anteriores la Guardia Civil había concluido que los pagos realizados por la empresa en la que consta como administrador único Antxon Alonso -uno de los tres detenidos en el caso Sepi, también por el presunto amaño en la adjudicación de contratos- "habrían tenido por objeto soportar el abono de las nóminas de la hermana" del político navarro.

El auto del magistrado, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, hace suyo el oficio de la UCO y ordena a las entidades bancarias implicadas informen de los movimientos registrados en las cuentas de los últimos imputados en esta pieza, al resultar ello "imprescindible" para profundizar en la investigación sobre las relaciones económicas existentes entre Acciona Construcción y Servinabar. La Guardia Civil ya concluyó que el 75% de los beneficios de la empresa en la que Alonso firmó un contrato privado para cederle el 45% de las acciones a Cerdán se correspondía con lo obtenido con el 2% pactado con Acciona. El pago se producía a través de la unión temporal de empresas (UTE) que la constructora firmaba con Servinabar o mercantiles relacionadas.

"Atendiendo a estas relaciones económicas, y en pos de continuar con la trazabilidad de los fondos manejados por Servinabar con origen en Acciona, resulta imprescindible ampliar la información bancaria a nuevos intervinientes". En este sentido, "considera necesaria la ampliación de la información bancaria a los trabajadores de Acciona Construcción" investigados: el que era responsable de Acciona Construcción España Justo Vicente Pelegrini -que está fuera de la entidad desde que se conoció su vinculación con la empresa- y sus subordinados Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, ambos suspendidos de funciones desde que fueron imputados.

Afección a la intimidad

El magistrado es consciente de que la medida "afecta en cierta medida a la intimidad" de los investigados, pero considera que debe profundizar en el análisis del patrimonio y las relaciones con Servinabar de los imputados, por lo que ordena conocer los movimientos registrados en las 11 cuentas identificadas por la UCO a nombre de Vicente Pelegrini, las cuatro de Olarte y las siete de García Alconchel, cuatro de ellas canceladas. Erkolan solo cuenta con una cuenta. La Guardia Civil había pedido los "movimientos realizados en dichas cuentas -saldo, ingresos y pagos- desde el enero de 2014 o su contratación, en caso de ser esta posterior a aquella fecha, hasta el día de recepción del mandamiento judicial, identificando las cuentas de origen y destino, así como las personas físicas y jurídicas intervinientes, en virtud de la legislación existente sobre prevención del blanqueo de capitales".

Conforme ha ordenado el magistrado la entidad bancaria también remitirá a los investigadores un Excel con "información sobre las transferencias Swift, OMF y nacionales, emitidas o recibidas, cambio de divisas, reintegros e ingresos en efectivo, todo ello por importe superior a 300 euros".

Nuevo abogado

El juez Leopoldo Puente, además, ha dictado una providencia en la que acepta el cambio de abogado del exministro José Luis Ábalos, que, tras la renuncia de su anterior letrado, Carlos Bautista, será a partir de ahora defendido por el abogado Marino Turiel, que ha podido asistir a la vista que se ha celebrado en el Tribunal Supremo para revisar su encarcelamiento.

La defensa de los argumentos contenidos en el recurso de apelación estudiado por los magistrados Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Pablo Llarena ha correspondido al propio Bautista, como acordó el juez Puente al admitir su renuncia, al ser él quien solicitó la celebración de una vista para exponer sus razones para negar la existencia de riesgo alguno de fuga.

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