Montero niega "trato de favor" a Catalunya y reta al PP a presentar un modelo de financiación alternativo

El Gobierno seguirá adelante con su propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica pese al rechazo mayoritario de las comunidades autónomas, a excepción de Catalunya, expresado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la legitimidad del Ejecutivo para poner sobre la mesa la reforma de un modelo caducado hace más de 13 años y minimizado la oposición territorial a una cuestión partidista, por priorizar la confrontación política a la mejora de la financiación, pese a que las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias tampoco la avalan.

Tras la reunión con las comunidades, que solo ha servido para constatar la soledad del Ejecutivo, Montero retó al PP a presentar un modelo alternativo y cuestionado que Alberto Núñez Feijóo rechazase sentarse a negociar una reforma. “Lo que no permite tener legitimidad es que uno critique un modelo sin tener otro alternativo”, arremetió tras asegurar que antes de pactar el modelo con ERC, el ‘pecado original’ repetido por los presidentes autonómicos del PP, “el primer invitado” para abordar un nuevo modelo fue el líder de la oposición.

Si para los populares un modelo "bueno para los independentistas no puede ser bueno para los españoles", Montero se defendió a puerta cerrada que "no puede ser solo cosa de independentistas si [Carles] Puigdemont ha dicho que no le gusta". Montero ha tratado así de sacudirse la etiqueta del agravio territorial a su propuesta del nuevo modelo de financiación, que aumentará en 21.000 millones los recursos para las comunidades. Pese a las críticas generalizadas, la mayor tensión en el encuentro, según fuentes presenciales, se produjo entre Montero y la consejera andaluza, Carolina España. La titular de Hacienda le afeó que Juanma Moreno, a quien se enfrentará en las próximas elecciones a la Junta de Andalucía, "pidió 4.000 millones más y ahora tiene 4.800 más".

A modo de ‘fact-checking’, enumeró en rueda de prensa tras la reunión las críticas de las comunidades del PP (y otras socialistas como Castilla-La Mancha) para tildar de “falso” que el modelo se haya hecho para “contentar a Catalunya”. “Esos partidos querían un cupo, nosotros estamos hablando de una reforma del régimen común”, replicó. Para concluir que no contiene “ningún privilegio ni trato de favor” a Catalunya, esgrimió que más del 70% de los nuevos recursos benefician a comunidades del PP. “Si hay un partido que se beneficia es el PP”, contrapuso.

Su intervención se centró también en tratar de desmontar las críticas a la la ordinalidad, que ha abierto una brecha incluso dentro del PSOE. Premisas que ha tildó de bulos porque “este sistema no tiene principio de ordinalidad, se cumple para algunas comunidades”, como sería el caso de Catalunya. “La ordinalidad que contiene este modelo es la misma que tenía el modelo de financiación que abandonamos”, argumentó para añadir que “está hecha con los mismos parámetros”.

El Ejecutivo todavía ve una rendija para limar asperezas, al menos dentro del PSOE, para lo que iniciará una ronda de reuniones de carácter técnico con las comunidades para combinar el carácter bilateral con el multilateral. Una exigencia que habían puesto sobre la mesa territorios como Asturias, cuyo gobierno lidera el socialista Adrián Barbón, y sigue sin avalar la propuesta, a pesar de rebajar sus críticas durante la reunión a puesta cerrada de miércoles. Desde el Principado expusieron que reclamarán, en la ronda de contactos bilaterales, que se tengan en cuenta sus singularidades y se refuercen criterios relacionados con la despoblación y la dispersión.

Nuevo o viejo sistema

Ante la presión unánime de las comunidades del PP, que incluso amenazan con la vía judicial, el Gobierno usó la carta de voluntariedad. Como en el caso de la quita de la deuda, la adscripción al nuevo modelo de financiación autonómica, con un aumento de los recursos de 21.000 millones de euros, será voluntaria. Esto es, cada territorio podrá decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el antiguo.

Se trata de una prerrogativa que no es nueva, como matizan fuentes de su departamento, pues ya está incluida dentro de la actual ley de financiación de 2009. Un planteamiento que recuerda al seguido con la quita de la deuda, pactada con ERC para Catalunya y posteriormente extendida a todas las comunidades que decidiesen voluntariamente acogerse.

Las comunidades autónomas que rechazan la propuesta han despreciado este mecanismo de voluntariedad desde el convencimiento de que no saldrá adelante en el Congreso o, en caso de hacerlo, que lo recurrirán en los tribunales. Esta oferta provocó que desde el ejecutivo socialista de Emiliano García-Page se elevase el tono contra el Gobierno.

Para el consejero manchego de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz, la opción de que las comunidades puedan acogerse al nuevo modelo de financiación o quedarse en el actual supone que el Gobierno traslade a los territorios “el chantaje” de que “o lo aceptáis o perdéis 1.240 millones”, que sería el aumento de recursos para este territorio según la nueva propuesta. Es lo peor que podía haber escuchado”, lamentó a la salida de la reunión el representante castellano-manchego, quien amenazó sobre que “si esa es la vía, además de la política habrá que ver la judicial”.

“Ventana de oportunidad” con Junts

Las comunidades que decidieran mantenerse en el sistema antiguo recibirían una dotación menor que las que se acogieran al nuevo. La reforma propuesta por el Gobierno incluye una mayor transferencia de recursos (por el incremento del porcentaje del IRPF y el IVA que se cedería a las regiones, entre otros factores). Con la revisión del modelo se repartirían 224.507 millones de euros a las autonomías el año que viene y ello representaría un incremento de 20.975 millones, con lo que el sistema vigente el año que viene aportaría unos 203.532 millones.

El modelo de financiación tampoco convence a una parte de los socios del Gobierno en el Congreso. Junts y el BNG ya han manifestado su profunda oposición, mientras que el plan ha dividido a Sumar, socio de coalición del PSOE en el Gobierno, con IU, Compromís y CHA cuestionándolo abiertamente. Frente a ello, Montero ha apelado al diálogo para tratar de acercar los apoyos necesarios y hasta ha reclamado, sin mencionar a Junts, que “si alguno no lo tiene claro, que pueda abstenerse y permitir que el modelo avance porque este modelo es mejor que lo anterior”.

El Gobierno confía en que la "presión ambiental" acabe llevando a Junts a posiciones más pragmáticas, como sucedió con ERC, que pasó de exigir una financiación singular a aceptar la reforma del régimen común. A ello suman la “ventana de oportunidad” de un hipotético regreso de Carles Puigdemont, ante la perspectiva de que se le aplique la ley amnistía, considerando que podría generar un cambio en la relación con los posconvergentes.

La vicepresidenta primera también se ha comprometido a iniciar una ronda de reuniones de carácter con las comunidades para combinar el carácter bilateral con el multilateral, para profundizar en el modelo. 

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