El Govern quiere destinar las sanciones de Antifrau a proteger a los alertadores

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) arranca el año con un nuevo director, el magistrado Josep Tomàs Salàs, que tomará posesión este miércoles en el Parlament, después de haber recibido el aval de la mayoría de la Cámara catalana el mes pasado. Entre los retos más importantes que tiene por delante la entidad este 2026 figura que el Govern y los partidos lleguen a un acuerdo, más de una década después de comprometerse a ello, para sacar adelante una ley catalana de alertadores que proteja a las personas que denuncian presuntos casos de corrupción. De momento, el Govern de Salvador Illa trabaja en un texto propio.

A falta de esta norma autonómica, Antifrau actúa como principal autoridad de protección de las personas alertadoras desde 2023, cuando el Estado aprobó la ley de alertadores para dar cumplimiento a una directiva europea, en la que se prevén organismos de control autonómicos. La idea era que Antifrau asumiera esa función de manera temporal y que el sistema quedara blindado en la futura ley catalana. Sin embargo, casi tres años después de aquel compromiso, la norma sigue sin ver la luz. En este tiempo, Antifrau solo ha impuesto una sanción, que todavía no es firme. Ahora, según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Executiu quiere habilitar a la entidad para que pueda destinar el dinero recaudado por sanciones a proteger a los alertadores de casos de corrupción.

Así queda también por escrito en la ley de acompañamiento de los presupuestos que el Govern presentó el martes al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), que deberá emitir un dictamen previo a su tramitación. Es un primer paso, aunque no definitivo, para avanzar en la protección de los denunciantes. El escenario óptimo sigue siendo la aprobación de la ley de alertadores, una norma registrada en el Parlament hace siete años, pero que nunca llegó a aprobarse al quedar su tramitación atascada entre legislaturas, pese al compromiso explícito, reiterado año tras año, de todos los grupos parlamentarios. En 2025, el Govern empezó a redactar una ley desde cero, que se encuentra actualmente en fase de revisión tras la consulta pública.

Falta de recursos

En estos momentos hay unas 60 personas con estatus de denunciantes protegidos. La posibilidad de reinvertir los fondos que Antifrau ingrese por vulnerar la protección de quienes denuncian corrupción en medidas de amparo no será suficiente, tal como reconocen fuentes cercanas. De nuevo, todo ello debería quedar concretado en la futura norma catalana, en la que se establezcan las líneas de financiación que la Generalitat destinará a proteger a estas personas. Con todo, se trata de un primer paso para habilitar el uso de estos recursos.

Las entidades llevan tiempo reclamando al Govern y al Parlament que conviertan la protección de los alertadores en una política efectiva, en línea con los estándares internacionales y la directiva europea vigente. Se trata de una norma clave. El 70% de los casos de corrupción se destapa gracias a ciudadanos o empleados que, al denunciar abusos, se juegan su carrera profesional o incluso su seguridad personal. Por ese motivo, la futura ley de alertadores, que los partidos se han comprometido a desencallar, prevé medidas de protección como garantías jurídicas, anonimato, asesoramiento institucional y sanciones para quienes revelen la identidad de los denunciantes.

La mayoría de partidos firmaron en 2015 un pacto social contra la corrupción donde ya daban cuenta de la necesidad de proteger a los denunciantes. Paralelamente, ese mismo año se puso en marcha el Observatori Ciutadà contra la Corrupció, un organismo que desde 2020 organiza cumbres bianuales con todos los firmantes del pacto para sellar acuerdos concretos, hacer seguimiento del trabajo hecho y rendir cuentas sobre lo que no se ha cumplido. El pasado mayo, todos los partidos del Parlament, salvo PP, Vox y Aliança Catalana, volvieron a comprometerse a aprobar la ley de alertadores.

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