La Fiscalía de la Audiencia Nacional interrogará a las denunciantes de Julio Iglesias y reclaman que sean como testigos protegidos

La representante de la organización Women's Link Yovana Ríos ha señalado este miércoles en rueda de prensa que, aunque la Fiscalía de la Audiencia Nacional aún no ha decidido si es competente o no para investigar la denuncia por agresión sexual y trata contra Julio Iglesias, ya ha acordado tomar declaración a las dos exempleadas que le acusan.

Desde esta organización consideran que ello constituye un paso muy importante y aprecian que se esté respondiendo de forma ágil por parte de la justicia española, y además reclaman que se les otorgue la condición de testigo protegido. Esta medida de protección, al igual que otras solicitadas por las víctimas, está "en progreso", según ha señalado la abogada de la organización Gema Fernández.

Las organizaciones Women’s Link y Amnistía Internacional han apoyado legalmente a las dos exempleadas en su denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y este miércoles han dado una rueda de prensa telemática para explicar las últimas novedades en torno al proceso. Con respecto a todo lo que han afirmado, desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional se limitan a aludir al carácter secreto de las diligencias de investigación, por lo que no se informará "hasta que no haya una resolución que ponga fin a las mismas en el sentido que proceda".

De acuerdo con la denuncia presentada, Laura y Rebeca (nombres elegidos para proteger su verdadera identidad) vivieron múltiples y distintas formas de violencia —sexual, psicológica, física y económica— por parte de Julio Iglesias, entre enero y octubre de 2021 mientras trabajaban en villas de lujo del artista en República Dominicana y Bahamas. Según su testimonio, Iglesias las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus teléfonos móviles les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban, además de exigirles jornadas laborales de hasta 16 horas al día.

Posibles delitos

El 5 de enero se pusieron en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional estos hechos, que según la denuncia "podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, además de “delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual”, así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores. 

Las experiencias denunciadas por Rebeca (trabajadora del hogar) y Laura (fisioterapeuta) se habrían producido, según subrayan estas organizaciones, en un contexto de "profundo desequilibrio de poder y de normalización del silencio". Durante cerca de cinco años, no hablaron de lo sucedido por temor a represalias, según la información revelada en la investigación de elDiario.es y Univisión.

A juicio de las impulsoras de la denuncia, Julio Iglesias actuó desde el poder "derivado de su capacidad económica e influencia", por lo que la acción penal, presentada directamente por las presuntas víctimas, va acompañada de la solicitud de medidas de protección como que se evite el contacto entre ellas y sus familias con el denunciado, además de otras para proteger su intimidad y "evitar su revictimización".

Ríos ha señalado las razones por las que estas mujeres han realizado sus denuncias, que en el caso de Rebeca, la empleada del hogar son tres: por ella misma, por las mujeres que trabajan en las casas del artista y por su país, la República Dominicana, en el sentido de que Iglesias debería vivir en él sin asumir las consecuencias de sus actos. En cuanto a la fisioterapeuta, no quiere que ninguna otra mujer pase por algo similar.

Legislación española

Gema Fernández, abogada de la organización, ha explicado que ellos defienden que el asunto sea llevado por la justicia española por aplicación del "principio de extraterritorialidad", que se aplica especialmente a delitos contra los derechos humanos que se protegen en tratados internacionales. Si la Fiscalía decidiera no actuar finalmente en esta causa, las denunciantes podrían presentar querella igualmente contra Julio Iglesias en España como acusación particular.

La decisión de denunciar en España y no en los países en los que se produjeron presuntamente los hechos responde a la legislación existente en nuestro país con respecto a los delitos denunciados, en especial los de agresión sexual, a lo que se suman las normas que podrían asegurar que los hechos puedan acabar siendo investigados por la Audiencia Nacional.

Por su parte, la miembro de Women's Link Eliana Alcalá de Ávila ha querido subrayar el "marco estratégico, feminista y anticolonial" de esta acción penal, dirigido a "tumbar la impunidad y la existencia de estructuras de poder contra las mujeres", que deben tener derecho a "una vida libre de violencias". El objetivo es que los estados no puedan "ampararse en interpretaciones restrictivas del acceso de las mujeres a la justicia".

Las comparecientes a la rueda de prensa no han aclarado el origen de las denuncias, únicamente han señalado que las periodistas de elDiario.es que realizaron la investigación, "en su deber ético", recomendaron a las mujeres que tuvieran una asesoría legal, y por ello éstas acudieron a Women's Link. Afirman que han podido contactar con otras trabajadoras en mansiones del cantante, pero no han querido aclarar si también denuncian situaciones inapropiadas o ser víctimas de delitos.

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