Catalunya defiende que la financiación pactada es justa y reta a las autonomías del PP a presentar una alternativa

La historia se repite: como ocurrió en el año 2009, Catalunya acude al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra este miércoles siendo la comunidad que más va a defender con uñas y dientes el nuevo modelo de financiación acordado en una triangular con el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC. Pero ni en el contexto es el mismo ni el éxito de la propuesta está garantizado. De nuevo, las acusaciones de "insolidaridad" y los reproches a esa negociación bilateral vuelven a estar en boca de los presidentes autonómicos del PP, por lo que el Govern, que está dispuesto a defender a capa y espada que la fórmula de reparto de recursos planteada es "más justa", sabe que lo suyo va a ser una prédica en el desierto ante una mayoría territorial popular.

Lejos de darse por vencida, la consellera de Economia, Alícia Romero, será la principal defensora de un modelo que reivindica que blinda la ordinalidad en base a la población ajustada y, al mismo tiempo, garantiza la solidaridad interterritorial y una mayor suma de recursos generalizada. Está dispuesta a reafirmar las bondades del acuerdo no solo para Catalunya pese haberlo liderado, sino para el resto de autonomías, especialmente después de más de una década con la financiación caducada. "Nadie pierde", insisten desde el Govern subrayando la inyección de 21.000 millones adicionales, 4.686 de ellos para Catalunya. Sin ir más lejos, las otras dos comunidades más beneficiadas son Andalucía -4.846 millones- y Valencia -3.669 millones-, ambas gobernadas por el PP.

Los argumentos de la Generalitat

En los últimos días la consellera Romero ya ha ido ensayando una puesta en escena que sabe que va a ser dura y un despliegue argumental que vendrá seguido de una compleja negociación para atar una mayoría en el Congreso que lo avale. Horas antes de encarar esa cita, la consellera ha replicado que no se puede acusar de insolidaria a Catalunya cuando es, junto a Madrid y Baleares, "aportadora neta" al sistema en estos momentos y lo continuará siendo.

Además, el principal elemento en el que centrará su diatriba es que se pasa de un modelo "muy desigual" a uno de "mucho más justo" porque se reduce la distancia entre la comunidad que más recibe y la que menos. "Me gustaría que me contaran las consejeras y consejeros del PP dónde está la desigualdad y la injusticia cuando pasamos de un modelo en el que entre la comunidad que más recibe y menos recibe por habitante hay 1.500 euros de diferencia, y vamos a un modelo con una diferencia de 490 euros por habitante", espetó en tono desafiante en una entrevista en TV3 antes de poner rumbo a Madrid.

Y es que uno de los reproches que más hace el Govern de Salvador Illa al partido de Alberto Núñez Feijóo es que no ponga una alternativa encima de la mesa y renuncie a negociar pese a que hace más de una década que el modelo está caducado. De hecho, uno de los temores que tienen los socialistas es que los representantes territoriales acaben levantándose de la silla del Consejo y protagonizando una "performance alejada de la seriedad" que el asunto requiere. "Lo que no es aceptable es ni sentarse a discutir ni proponer nada", lamentó la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, este martes.

Otro de los huesos duros de roer para el Govern es el paraguas legal para que la Agència Tributària de Catalunya asuma la recaudación del IRPF, ya que ERC exige que se ponga fecha a la tramitación de su proposición de ley en el Congreso como requisito para sentarse a negociar presupuestos. Se trata de un asunto que la Generalitat, que tiene prisa por aprobar las cuentas, espera que se desencalle pronto y, de hecho, es uno de los asuntos que prevé que se aborden en el Consejo.

Cómo atraer a Junts

Así que a la expectativa de cuál es el tono y el ambiente que se acaba imponiendo, el Govern ha hecho un último llamamiento a mantener un debate "sosegado y sereno" centrado en los argumentos tomando consciencia que lo que está en juego es cómo se financian los servicios públicos de los territorios. Da por hecho que difícilmente el PP cambiará de opinión por más que haya barones populares que alberguen dudas, pero aspira a que sí lo haga Junts, que por ahora también mantiene un rechazo explícito y rotundo a la financiación. Para los socialistas, es difícilmente justificable que los posconvergentes acaben votando en contra de una cantidad de recursos tan importante para Catalunya.

A sabiendas de que los votos del partido de Carles Puigdemont pueden ser determinantes, la presión que ejerce el Govern sobre Junts es con guante de seda, invitándolo a sentarse a negociar mejoras y dando por sentado que el partido querrá jugar un papel en beneficio de los catalanes. No hay por ahora más reuniones previstas del ejecutivo con los posconvergentes más allá de la que mantuvo la semana pasada con todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, Romero ha reconocido que el coste de la vida ha quedado fuera del cálculo de la población ajustada por decisión del Gobierno y ha dejado entrever que la recuperación de este criterio podría ser un filón al que agarrarse de la mano de Junts. De hecho, queda aún por negociar la financiación de las competencias no homogéneas, las que deben apuntalar la "singularidad" catalana.

Está por ver si esta vía da frutos, pero se trata de un requisito que también los Comuns reivindican para sumar el apoyo al modelo de formaciones como Compromís, Més per Mallorca o la Chunta Aragonesista. Aunque la historia no sea exactamente la misma que en el año 2009, el PSC aspira a que el final se le parezca. Y entonces la CiU de Artur Mas, que venía de acordar el Estatut con Zapatero a espaldas del 'tripartit', acabó pulsando el botón del 'sí', aunque fuera a regañadientes y sin considerarlo suficiente.

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