Josep Maria Vallès (Junts), alcalde de Sant Cugat: "Habría que pedir 20 años de padrón para poder acceder a un piso de protección oficial"

Josep Maria Vallès (Barcelona, 1967) llegó a Sant Cugat en 1995. Periodista de profesión, ha dedicado más de 30 años a la prensa local del municipio. En 2019 cambió de lado, y pasó de seguir informativamente los plenos del ayuntamiento a participar en ellos. Desde 2023 ejerce como alcalde y preside el espacio municipalista de Junts.

¿Qué balance hace de estos dos años y medio de legislatura? ¿Cuáles son los principales problemas?

Estamos muy satisfechos. Veníamos de un momento complicado, de un experimento de tripartito que paralizó muchísimas cosas. Hemos puesto orden. Sant Cugat ha crecido bien. Hoy podría ser una ciudad de 230.000 habitantes, y, en cambio, tiene 98.500. El crecimiento hace que muchos servicios estén tensionados. Un ejemplo es la vivienda, hay muchos jóvenes que tienen que irse.

¿Y qué propone?

Desde 1993 se ha hecho mucha vivienda pública, y seguimos haciéndola. Hay varias promociones en marcha, pero son pequeñas, no resuelven el problema. Por eso hemos presentado dos proyectos muy potentes. Uno ya se estaba trabajando en el anterior mandato, que es el de la zona de Ca n'Ametller y otro con terrenos del Incasòl, que la previsión es construir 3.000 pisos. No queremos más gente en Sant Cugat; un 70% de los ciudadanos dice que no quiere crecer. Estos dos proyectos se los presenté al president de la Generalitat, pero hace seis meses y no me ha dicho nada más.

No queremos más gente en Sant Cugat. Un 70% de los ciudadanos dice que no quiere crecer

¿Por qué considera un problema este crecimiento?

Somos más y el territorio es el que es. Hay un problema de movilidad. La gente usa el coche porque no hay un transporte público óptimo. Tenemos 32 autobuses de los que solo se salvan cinco. Pero esto mejorará. Después de una lucha con el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en julio aprobamos la compra de 27 nuevos buses eléctricos. También faltan instalaciones deportivas.

Usted propuso que el requisito para acceder a un piso de protección oficial en Sant Cugat fuera contar con 10 años de padrón, y no tres como marca ahora la ley.

Es una manera de primar el arraigo y la integración. Yo habría puesto incluso más años, un mínimo de 20 años de padrón para acceder a un piso de protección oficial. Y que si alguien ha tenido que irse, por la razón que sea, no pierda los años empadronado. Creo que es una buena medida, que es justa. Junts la llevó al Parlament, pero no prosperó. Estamos mirando si internamente podemos modificar los criterios de acceso y adjudicación.

Creo que [el requisito de los 10 años de empadronamiento para acceder a un piso de protección oficial] tiene todo el sentido del mundo, es premiar a la gente que lleva más años viviendo aquí, que está integrada y que participa de la ciudad.

¿Por qué es justa?

Se apunta muchísima gente y se entra en un sorteo. Si gana una persona que lleva dos días frente a una que lleva 20 años, surge la queja. Creo que tiene todo el sentido del mundo premiar a la gente que lleva más años viviendo aquí, que está integrada y que participa de la ciudad.

Pero puede haber una persona que ha llegado hace cinco años y que esté más integrada en la vida municipal que una que lleva diez y usa Sant Cugat como ciudad dormitorio, ¿no?

Sí, tienes razón. Si lo analizamos todo en detalle, seguro que hay personas que llevan veinte años viviendo en Sant Cugat y que quizá no están del todo integradas. Pero, en cualquier caso, es una propuesta que yo considero justa.

Anunció que estaba trabajando en un nuevo protocolo más exigente para el empadronamiento. ¿Ya lo tiene?

En agosto hubo un intento de empadronamiento de 354 personas en tres o cuatro semanas y saltaron las alarmas. La gente llegaba con la documentación correcta: documento de identidad, contrato de alquiler... Decidimos hacer una inspección y fuimos vivienda por vivienda. De las 354, solo dos estaban empadronadas correctamente. El resto había presentado contratos falsos, direcciones inventadas y habían probado suerte. Detrás hay mafias que buscan permisos de residencia. Les engañan.

¿En qué consistirá este nuevo protocolo?

No lo puedo concretar, se está trabajando. Queremos evitar el fraude, el padrón debe reflejar la realidad del municipio. Aplicaremos filtros más severos.

Para poder tener acceso a los servicios básicos, como son la educación o la sanidad, se usa el padrón. ¿Denegaría el padrón a alguien que está ocupando?

Tenemos personas empadronadas en la Casa Mónaco, que es la sede de servicios sociales. A una persona que vive en la calle hay que ayudarla, eso es incuestionable. Pero hace unos meses teníamos unas 600 personas. Sabadell, que es una ciudad bastante más grande, no llega a 200. Algo no se está haciendo bien. Se tiene que revisar y depurar muy a fondo. Hay gente empadronada que vive en otros municipios.

¿Ha seguido el caso del desalojo del instituto B9 de Badalona? ¿Cómo habría actuado usted?

Prefiero no opinar. No conozco el caso concreto en profundidad ni sé cuál era la realidad de estas personas, si eran muy conflictivos o no. Pero sí creo que hay que poner orden. La gente reclama seguridad. Si un caso como este genera inseguridad, hay que buscar una solución.

¿Denegar el padrón a alguien por el hecho de estar ocupando no puede dejar a esta persona desamparada?

Se tiene que mirar caso por caso. Si todo el mundo se dedicara a ocupar viviendas sería un cachondeo. ¿De cuántas personas estamos hablando en este caso de Badalona?

Llegaron a vivir unas 400 personas en el B9.

Esto es un problema muy grave. Un problema para esas personas, sí, pero insisto: habría que analizar quiénes eran, de dónde venían. Quizá encontraron ese "fantástico hotel", entre comillas, para vivir. De esas 400 personas, quizá había 10 —me lo invento— a las que realmente había que ayudar. Y quizá las otras 390 estaban viviendo del cuento. Hay que poner orden.

¿A qué atribuye el crecimiento de los discursos racistas y de extrema derecha?

Catalunya siempre ha sido tierra de acogida. Pero ya se habla de la Catalunya de los 10 millones y hoy día no hay suficientes servicios para dar respuesta a toda esta gente. Hay partidos que se aprovechan de la situación y construyen un discurso muy populista. Si rascas un poco, no hay nada: no hay un proyecto de ciudad, ni de país. Pueden subir, pero acabarán bajando.

Si en las elecciones de 2027 entra Aliança Catalana en el consistorio, ¿pactará o le aplicará un cordón sanitario?

Cuando nos encontremos en esa situación, responderé. Ya veremos si entran. No hago política ficción. Yo me presentaré y espero que volvamos a ganar. Desde el año 1987 ha ganado Convergència. En el mandato 2019-2023 ganó Junts, pero se formó un tripartito. Yo lanzo una alerta a la población de Sant Cugat: ¿Queréis que la CUP esté en el gobierno de la ciudad? ¿O queremos gente de orden? Cuando gobernaba la CUP, más de la mitad de los contenedores estaban averiados, no se hizo la nueva biblioteca, la residencia que hemos empezado a construir sería imposible, porque cuando hablas de colaboración público-privada les duele el estómago. Eran los responsables del padrón y cuando entramos tuvimos que dar de baja 4.000 personas que ya no vivían aquí.

Es curioso que allí donde gobiernan los socialistas no haya presupuestos: en Madrid, en Barcelona, en la Generalitat, en Valldoreix... Les falta saber dialogar

Parece que no habrá presupuestos en el Estado, veremos si en la Generalitat sí. ¿Qué consecuencias tiene esto?

Tiene efectos. Pero es curioso que allí donde gobiernan los socialistas no haya presupuestos: en Madrid, en Barcelona, en la Generalitat, en Valldoreix... Les falta saber dialogar. Cuando estás en minoría, tienes que hacer concesiones.

Los del Estado dependen directamente de Junts, que ha roto las negociaciones.

Cuando haces un acuerdo con otro partido, las dos partes tienen que respetarlo. Es el propio Pedro Sánchez quien rompe el contrato. Ahora, curiosamente, resulta que empieza a decir que arreglará las cosas. Veremos si es así.

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