"A la Generalitat se la respeta": las críticas de Foment al modelo de financiación abren una nueva brecha con Illa

Salvador Illa presidió el pasado viernes una tensa reunión en el Palau de la Generalitat con los agentes sociales más representativos de Catalunya. La cita estaba programada para compartir con patronales, sindicatos y otras entidades sociales los detalles del acuerdo para renovar el modelo de financiación autonómica. Y tras la última diapositiva del ‘power point’ que daba cuenta de los puntales del esquema que pretende inyectar casi 4.700 millones de euros más a Catalunya a partir de 2027, el president tomó la palabra. "La bronca fue monumental", coinciden varias fuentes conocedoras de las palabras que resonaron en el salón Sant Jordi.

“A la Generalitat se la respeta”, espetó Illa al reducido auditorio congregado, según apuntan diversas fuentes conocedoras del cónclave. Estaban allí los máximos representantes de Foment del Treball, Pimec, CCOO, UGT, la Cambra de Comerç, Cercle d’Economia, Cecot y Femcat y el reproche fue directo para los primeros. La histórica patronal, allí representada por su secretario general, David Tornos, había emitido unas horas antes un comunicado en el que, por boca de su presidente, Josep Sánchez Llibre, calificaba de “claramente insuficiente” el nuevo modelo. El líder patronal no pudo asistir a la reunión en Palau por motivos de su agenda privada, que la escasa antelación con la que fueron citados no le permitió despejar.

El enfado de Illa con Sánchez Llibre venía por el fondo, aunque mucho más por las formas. No fue Foment del Treball la única entidad que emitió un comunicado crítico con lo pactado. “Incluso en el escenario de cumplimiento íntegro del acuerdo anunciado, el déficit fiscal de Catalunya continuará siendo muy elevado”, opinó Pimec. "Se esperaba que recogiera demandas históricas del tejido económico y social catalán", echó en falta la Cambra en un comunicado.

El president de la Generalitat consideró una falta de respeto a la institución que lidera que se tuviera que enterar por la prensa de las críticas del dirigente de Foment. El comunicado de la entidad salió publicado poco después de la una del mediodía, tras la rueda de prensa de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que explicó las líneas maestras de la nueva propuesta de financiación. Casi cuatro horas antes de la reunión convocada en el Palau de la Generalitat, donde el Govern compartiría con los agentes sociales los detalles.

No solo el Govern se enteró por la prensa, sino también la gran mayoría de integrantes de Foment. “Yo si fuera una empresa de Foment pediría explicaciones, obviamente", criticó la consellera de Economia, Alícia Romero, en una entrevista en Catalunya Ràdio. Fuentes de Foment explican que este pasado lunes, durante la junta directiva de la patronal, la primera del año, los empresarios abordaron el tema y Sánchez Llibre ha recibido el aval de los suyos. “No ha recibido ningún comentario contrario”, enfatizan fuentes de su organización.

Foment critica, pero no rechaza

Durante la reunión, el secretario general de Foment defendió que el crítico comunicado no era un rechazo al acuerdo, sino una enmienda de mejora al mismo. Y es que desde la histórica patronal catalana consideran que se han mantenido coherentes con sus reivindicaciones. En julio de 2025, Foment emitió un comunicado en el que consideraba “positivo que la Agència Tributària de Catalunya recaude, gestione, liquide e inspeccione los impuestos que se generan en Catalunya”; algo a lo que, por el momento, se niega Hacienda. En el mismo también se reivindicaba la “bilateralidad” del nuevo modelo y la suficiencia para revertir el "histórico déficit en infraestructuras” que sufre Catalunya, elementos que no quedan garantizados con las condiciones anunciadas, al parecer del líder de Foment.

“Nos reclamó que defendamos el nuevo modelo”, explica un asistente al encuentro. Otro añade un matiz: "defendamos sin ambigüedades". El president trasladó a los agentes sociales lo complicado del contexto en el que se había cerrado el actual acuerdo para renovar la financiación, con un Pedro Sánchez cercado por los casos de presunta corrupción en el partido y una sucesión de elecciones autonómicas en las que ofrecer más recursos para Catalunya amenaza con restarle votos a los socialistas. Las críticas de Foment, horas antes de la reunión y sin el matiz que sí dispusieron otras entidades –que pusieron en valor los “avances significativos” que el acuerdo contemplaba-, erosionaron la imagen de unidad y respaldo del ecosistema empresarial y sindical que pretendía Illa.

Foment ve coherencia en su postura, mientras que otros actores, desde fuera, hacen otras lecturas. Algunos le atribuyen una coincidencia de intereses con Junts, que se muestra contrario al acuerdo por insuficiente y con cuyo espacio -el posconvergente- históricamente la entidad ha mantenido intereses afines. El propio Sánchez Llibre fue diputado de CiU durante años y en 2009 negoció el último acuerdo de financiación autonómico. Otros creen que Foment considera que la legislatura de Pedro Sánchez está agotada, apura el cambio de ciclo político y no quiere dar oxígeno a los socialistas cerrando filas con el nuevo acuerdo.

No es el primer choque

La aritmética parlamentaria de esta legislatura está obligando a Salvador Illa a moldear pactos con ERC y Comuns para formar mayorías. Pactos en los que los socialistas se ven obligados a ceder y moverse, no siempre en la dirección que hubieran querido y en ocasiones en dirección opuesta a las posiciones de Foment. El ejemplo más claro es en vivienda, donde el PSC se abrió primero a regular el alquiler de temporada –de lo que recelaba inicialmente- y ahora a estudiar fórmulas para limitar la compra especulativa de pisos. Materias en las que Foment está rotundamente en contra y considera un atentado contra el derecho a la propiedad privada.

Otra materia en la que choca con Illa es en impuestos. El Govern no está dispuesto a bajarlos y los empresarios no paran de reclamárselo, hasta el punto de considerar Catalunya un “infierno fiscal”. Precisamente el acuerdo de financiación, de materializarse, podría abrir la puerta a subidas de impuestos. No tanto de las comunidades autónomas, que se ven reforzadas, sino del Estado, que para hacer posible el nuevo esquema deberá inyectar más recursos y cederlos de su bolsillo. Si la economía se contrae a futuro y la administración central requiere dinero, una subida impositiva podría ser una de las vías para conseguirlo.

Suscríbete para seguir leyendo