El juicio a los Pujol se reanuda con el testimonio clave del asesor fiscal de la familia y de varios empresarios

El juicio contra la familia del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, se retoma este lunes en la Audiencia Nacional, en Madrid, después de que el tribunal rechazara el pasado 10 de diciembre la mayoría de las cuestiones previas planteadas por la defensa para evitar 'in extremis' la vista. En cambio, los magistrados sí que aceptaron por sorpresa la comparecencia de antiguos mandos policiales, entre ellos del excomisario José Manuel Villarejo, un espaldarazo para las defensas que aludieron a un presunto "origen político" de la investigación. La única novedad en el banquillo de los acusados será la ausencia de Carles Vilarrubí, que falleció el pasado 28 de diciembre. El resto de imputados no están obligados a asistir, al igual que el expresidente, que puede seguir las sesiones desde Barcelona a través de videoconferencia.

El 9 de diciembre empezaron a desfilar por la sala los primeros de los 250 testigos propuestos. Lo más relevante de sus palabras fue el desconocimiento de la fortuna oculta en Andorra de la familia Pujol, base de la acusación del fiscal por blanqueo de capitales. Esta semana están citados otros 32 testigos (ocho por día), entre los que se encuentra el histórico asesor fiscal de la familia del expresidente, Joan Anton Sánchez Carreté, que en la comisión del Parlament rechazó hablar escudándose en que no podía desvelar secretos fiscales de sus clientes, así como empresarios y exdirectivos de compañías constructoras.

Pero el fuego lo abrirá Jordi Puig Godés, hermano del exconseller Felip Puig, que compartió oficina y fue socio del primogénito del expresidente Jordi Pujol Ferrusola en las mercantiles como Iberoamericana Business and Marketing. Según el fiscal, esta empresa fue presuntamente utilizada por Pujol Ferrusola para introducir fondos ocultos procedentes de otras jurisdicciones (como Funchal-Madeira) en España, bajo la apariencia de "préstamos de no residentes" que carecían de reflejo documental real. La acusación sostiene que a través de otras compañías administradas por Jordi Puig Godés (especialmente Ascot Inversions y Ibadesa Cat) Pujol Ferrusola obtuvo cantidades de dinero cuya razón no se ha acreditado.

Una entrada y registro clave

El siguiente en testificar será Joan Anton Sánchez Carreté. En su despacho profesional de Barcelona (Consultores de Economía y Tributos) fueron incautados el 27 de octubre de 2015 documentos cruciales para la investigación, incluyendo extractos bancarios en formato digital de las cuentas de algunos miembros de la familia Pujol, entre ellas la de la fallecida esposa del expresidente, Marta Ferrusola. En su oficina también se hallaron contratos de consultoría y servicios entre empresas de los acusados, como PMC o IMISA, y terceras sociedades que el fiscal considera simulaciones para canalizar fondos.

La acusación pública detalla en su escrito de acusación que en una cuenta investigada en Andorra, de la que se benefició la familia Pujol, se registró en agosto de 1991 un ingreso en efectivo de 8,3 millones de pesetas. Su "origen estaría en las comisiones pagadas por Gran Tibidabo tras la venta de un edificio a la Generalitat" ese mismo año (caso Gran Tibidabo, por el que fue condenado el financiero Javier de la Rosa tras un acuerdo con la fiscalía) "a sociedades dirigidas por el entorno personal y político" del expresidente, "como eran Lluís Prenafeta y Sánchez Carreté".

De TMB a los negocios en México

Aparte de estos dos platos fuertes, ante el tribunal comparecerán otros testigos, como Ignasi Armengol Vila, que ocupó un cargo en Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB). En el trasfondo de esta declaración se encuentra un convenio de colaboración entre TMB y la mercantil World Wide Ecofuel, que estuvo vinculada a Pujol Ferrusola.

También está previsto el interrogatorio de otros empresarios que facturaron a sociedades del primogénito del expresidente e intermediarios en diversas operaciones, así como directivos de importantes constructoras, como el Grupo Copisa e Isolux Corsán, que participaron en la Operación Azul Cortés, un proyecto inmobiliario turístico en Baja California Sur, México.

Uno de los testimonios relevantes será el de Francesc Xavier Tauler Ferré, exdirectivo del grupo Copisa y representante en mercantiles como New Piave Seis que facturó supuestos servicios (el fiscal considera que no existieron) a las empresas de Pujol Ferrusola y de su exesposa y también imputada Mercè Gironès. Tauler también está acusado y pendiente de juicio en el caso 3% por el presunto pago de comisiones, a través de sus fundaciones, a la extinta CDC a cambio de adjudicaciones de obras o servicios públicos. También está imputado en una de las piezas separadas del 'caso Villarejo'.

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