El hermano del 'exconseller' Puig admite que no hay contratos que acrediten servicios millonarios con empresas de Pujol Ferrusola

El empresario Jordi Puig Godés, hemano del 'exconseller' Felip Puig, ha reconocido ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la familia Pujol por la fortuna oculta en Adorra, que pagó algo más de 112 millones de pesetas (673.000 euros) entre 1996 y 1998 a una sociedad de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, sin que mediara contrato alguno por unos servicios de intermediación de inversiones en proyectos en países en vía de desarrollo.

Este lunes se ha reanudado la vista por el presunto blanqueo de capitales que se atribuye al exmandatario catalán, sus hijos y varios empresarios que supuestamente participaron en operaciones, según el fiscal, simuladas. El reprentante del ministerio público, Fernando Bermejo, que ha renunciado a tres de los ochos testigos propuestos para la sesión de este lunes, ha ido preguntando a Puig sobre su conexión empresarial con Pujol Ferrusola, con el que llegó a compartir despacho en la calle Ganduxer, en Barcelona.

Jordi Puig fue socio del primogénito del expresidente Jordi Pujol Ferrusola en varias mercantiles como Iberoamericana Business and Marketing. Según el fiscal, esta empresa fue presuntamente utilizada por Pujol Ferrusola para introducir fondos ocultos procedentes de otras jurisdicciones (como Funchal-Madeira) en España, bajo la apariencia de "préstamos de no residentes" que carecían de reflejo documental real. La acusación sostiene que, a través de otras compañías administradas por Puig Godés (especialmente Ascot Inversions y Ibadesa Cat), Pujol Ferrusola obtuvo cantidades de dinero cuya razón no se ha acreditado.

El testigo ha admitido que fue administrador de las empresas Ibadesa y Ascot Inversiones y que no solo compartía oficina con Pujol Ferrusola, sino también secretaria -Cristina Cotoruelo -la primera testigo en comparecer ante el tribunal-. Con el hijo del expresidente, ha explicado, hizo varios proyectos de inversión, por lo que una de sus sociedades, Ibamesa, llegó a pagar 112 millones de la época a Imisa, una mercantil administrada por Pujol Ferrusola por servicios vinculados a inversiones en el extranjero.

El fiscal no ha tardado en preguntar si habia algún contrato que justificara ese desembolso, a los que el testigo respondió con un escueto "no", a pesar de que en los años 90 esa cantidad era millonaria. Una explicación que se fue repitiendo cuando se le preguntaba por distintos contratos millonarios cuando se produjeron, como un pago de más de un millón de dólares de 1997, que dijo que creía responder a una inversión en México.

Según sus palabras, Ibadesa era una comercial para establecer relaciones con países en vía de desarrollo, para la construcción de infraestructuras, y uno de ellos fue Gabón, en el que tuvieron relaciones comerciales con José Herrero e Ignacio López del Hierro, exmarido de la que fue secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

El testigo señaló que Ibadesa Cat se creó como una filial de una empresa madrileña y que lo acordado era que si el proyecto de inversión acababa siendo adjudicado a la empresa que había acompañado, se retibuía económicamente a la empresa que les había ayudado.

Uno de los principales proyectos en los que colaboraron Puig Godès con Pujol Ferrusola está relacionado con la mercantil Hotel Glories (representada por el imputado Alejandro Guerrero Kandler) presuntamente utilizada, según el fiscal, para canalizar pagos bajo la apariencia de servicios de asesoría inexistentes. En 2007 esa sociedad desembolsó a Imisa, una sociedad del primogénito del presidente 413.779 euros (IVA no incluido), por servicios supuestamente vinculados a la construcción de un complejo residencial en el puerto deportivo de Ibiza.

Sin certificado aún

Al comenzar la vista oral, el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, señaló que se había tenido noticia, porque ser de "notorio conocimiento público" del fallecimiento de uno de los acusados, el empresario Carles Vilarrubí, pero señaló que como aún no disponía del certificado de defunción no se había dictado la extinción de la responsabilidad porque lo que aún no se ha hecho.

Además, la fiscalía ha renunciado al testimonio de tres de los ocho testigos propuestos: David Latorre, Jose Planas Rodríguez y Venancio Santos.

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