Illa presiona a Junts para que avale la nueva financiación: "Es una oportunidad única para Catalunya"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha querido oficializar este viernes que el acuerdo para reformar el sistema de financiación autonómica es beneficioso para Catalunya porque garantiza la ordinalidad y, por lo tanto, le otorga una singularidad propia. En una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, el jefe del Govern ha subrayado que el nuevo modelo, y la inyección de 4.700 millones de euros para la autonomía que dirige permitirán fortalecer el Estado del Bienestar y actualizar los servicios públicos, por lo que ha presionado a Junts para que reconsidere su posición y levante el veto anunciado en el Congreso.

"Hemos acordado el mejor sistema de financiación para Catalunya. Es el más justo y es el que los catalanes merecen. Está a la altura del peso histórico, político y cultural de Catalunya; de acuerdo con la riqueza, la prosperidad y la solidaridad que generamos", ha ensalzado Illa, destacando que se trata de un salto "cualitativo y cuantitativo en su autogobierno" y de una "oportunidad única" que no se puede echar a perder.

Desde la Galería Gótica, Illa ha resumido que es "más justo" porque reduce las diferencias entre las comunidades autónomas, es "más eficiente" porque garantiza que cada comunidad reciba los recursos necesarios y es "más transparente" porque se basa en criterios medibles, sosteniendo a la vez que con este pacto "Catalunya dispone de los recursos para desplegar su autogobierno", pero rechazando que se trate de un "privilegio".

Y es que no es solo un buen modelo para Catalunya, ha continuado, sino también para España. En una alusión velada a Junts, pero también al resto de partidos del arco parlamentario, ha reclamado altura de miras: "Es el momento de ser responsables de nuestras decisiones [...] Estoy convencido de que prevalecerá la responsabilidad de todas las fuerzas políticas. Hago un llamamiento para situarnos al lado de la esperanza y no de la frustración; de la política útil y de las soluciones, y no de los bloqueos y problemas", ha apostillado. Así, ha sentenciado que es el momento de "ejercer las competencias con lealtad y con un objetivo común": "hay que hacer avanzar y fortalecer una Catalunya y una España plural de la que todos formamos parte", ha concluido.

El vínculo con ERC y los Comuns

Illa ha exhibido este viernes su sintonía con sus socios, ERC y los Comuns, al recibir a Oriol Junqueras primero y a Jéssica Albiach después en su despacho. Los tres dirigentes políticos se han comprometido a forjar un frente común en defensa del pacto, del que Junts recela. Al salir de la cita, Junqueras ha exigido a los posconvergentes que no dejen pasar esta oportunidad porque si los 4.700 millones prometidos para Catalunya no se entregan a la comunidad, seguirán "en la caja de Hacienda".

El argumento de ERC es simple. Puede que los 4.700 millones que ha conseguido arrancar al Gobierno para las arcas de Catalunya no sea el mejor de los escenarios posibles, pero sí que es mucho mejor que la situación actual, en la que el sistema de financiación sigue caducado y la Generalitat adolece de falta de recursos. Es por esto que Junqueras ha defendido que la propuesta que ha pactado con Sánchez es "un modelo mucho más justo que el actual" y por el que "nadie debería estar en contra". El acuerdo es, en definitiva, más dinero para sufragar hospitales, escuelas, políticas de vivienda, transportes, agricultura y políticas industriales, por citar solo algunos ejemplos que han salido de la boca del líder republicano.

Una de las cartas que juega ERC para vencer las reticencias de Junts es que, pese a que la nueva financiación no es el concierto económico que exigen los posconvergentes, si garantizará el principio de ordinalidad, es decir, un reparto más justo de los recursos entre las comunidades. Esto, según Junqueras, convierte su pacto con Sánchez en un "nuevo modelo", y no en una reforma del modelo actual.

Albiach le ha recogido el guante y ha incidido en que es una cuestión de "justicia" que el territorio reciba "lo que merece", y que servirá para poner al día todos los servicios públicos. "Es un acuerdo que era urgente porque el modelo estaba caducado", ha espetado, y ha añadido que servirá para “revertir esta anomalía” y para “garantizar derechos, para sostener el sistema de bienestar y financiar los servicios públicos”. “Se empieza a hacer justicia”, ha rematado. En una alusión directa al PP, pero también a los socios del PSOE en el Congreso, la dirigente de los Comuns ha señalado que "todo el mundo gana porque se cumple con la ordinalidad, pero también con el principio de solidaridad".

En las dos citas se ha repasado el pacto y ha sobrevolado en todo momento una negociación crucial para el Govern: la de los presupuestos para 2026. Tanto Junqueras como Albiach le han insistido en sus condiciones para negociar: desencallar su propuesta para la recaudación íntegra del IRPF en el caso de Esquerra, y las primeras multas por vulnerar la ley de vivienda en el caso de los Comuns. El president ha tomado nota y se propone cumplir con ello para dar el pistoletazo de salida a las conversaciones formales para unas nuevas cuentas públicas en las próximas semanas. Los tres actores confían en una negociación rápida, teniendo en cuenta que el 2026 ha arrancado con la prórroga de los presupuestos de 2023.

El resto de grupos parlamentarios han sido recibidos a las 17.00 por el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y la consellera de Economia, Alícia Romero, pero no por el propio jefe del Govern, un gesto con el que Illa pretende exhibir un trato de preferencia a los socios en busca de una "mayoría sólida" a la que suele apelar gobernando en minoría. El PP, Vox y Aliança Catalana han plantado al Govern y no han acudido al encuentro.

En esta conjunción, el Govern espera contar también con el apoyo de los agentes sociales, a quienes ha citado en el Palau de la Generalitat una hora después. Y es que para que el proyecto salga adelante no es suficiente con una mayoría simple en el Congreso, eso es, con conseguir más 'síes' que 'noes', sino que se requiere de una mayoría absoluta (176 votos a favor). Es por eso que deberán recabar también el apoyo de Podemos, BNG, Compromís, EH Bildu, PNV y Coalición Canaria. La intención es que el nuevo modelo se debata en el Congreso este año para que entre en vigor en 2027 si nada altera los plazos.

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