Caso Landaluce
El alcalde de Algeciras contraataca con una querella a la socialista que lo denunció por acoso y malversación ante la Fiscalía
Hace un año que la líder del PSOE de Algeciras acusó públicamente a José Ignacio Landaluce de posibles delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso sexual, denuncia que ha sido formulada ante la Fiscalía del Supremo hace un año

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, en el último pleno que ha presidido. / Europa Press

Un año después El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado este miércoles que ha interpuesto una querella criminal contra Rocío Arrabal, secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, por delitos de injurias y calumnias graves, casi un año después de que la dirigente socialista diera una rueda de prensa en la que mostró pantallazos con mensajes de un grupo de whatsapp de tres concejalas del PP, y anunciase una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo. Finalmente, el PSOE de Algeciras dio el paso de presentar el escrito ante el Supremo el pasado 9 de diciembre y no ha sido hasta ahora que Landaluce ha dado el paso en los juzgados.
Por el camino, el veterano alcalde ha abandonado todos sus cargos orgánicos en el PP, se ha dado de baja de militante y ha estado en el foco de la polémica, sobre todo, a partir de que El Correo de Andalucía revelara una serie de audios donde un estrecho colaborador del alcalde presiona a una de esas mujeres para que se desdiga de las acusaciones de acoso vertidas en redes sociales, después de abandonar su acta como concejal. También, ha recibido la frialdad y el silencio como respuesta del partido en que ha militado 40 años aunque ha evitado derrocarlo forzando una moción de censura como alcalde donde gobierna con mayoría absoluta una de las grandes ciudades de Andalucía,
La querella, presentada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, llega un mes después de que Arrabal y la vicesecretaria del PSOE local, Isabel María Beneroso, registrasen ante la Fiscalía del Supremo una denuncia en la que solicitaban que se investigase al alcalde por la "posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso sexual y/o abuso sexual".
Fue en febrero de 2025 cuando Arrabal dio una rueda de prensa en la que mostró capturas de conversaciones y anunció que llevaría el caso a la Fiscalía. El regidor, que es también senador y por tanto aforado, ha negado todas las acusaciones desde el principio y ha calificado la ofensiva del PSOE de "puro oportunismo político".
En su querella presentada ahora, Landaluce acusa a Arrabal de haber difundido "informaciones falsas y gravemente lesivas para su honor, su dignidad personal y su trayectoria pública", a través de manifestaciones públicas y declaraciones a los medios. Según el escrito, estas afirmaciones atribuyen al alcalde "conductas de extrema gravedad, incluidas supuestas actuaciones constitutivas de delitos contra la libertad sexual", basadas "exclusivamente en anónimos y en contenidos previamente desmentidos de forma expresa por las personas que se pretendía presentar como víctimas".
Landaluce contra Arrabal
El texto de la querella sostiene que tales manifestaciones se realizaron "con plena conciencia de su falsedad o cuando menos con un temerario desprecio hacia la verdad", y que la campaña desplegada ha superado el marco del legítimo debate político para convertirse en "un ataque personal continuado con graves consecuencias tanto en el plano individual y familiar como institucional".
Arrabal y el PSOE han respondido al anuncio de la querella acusando a Landaluce de intentar "amedrentar y silenciar a quien ejerce con rigor su labor de oposición". Desde la Ejecutiva provincial socialista han cerrado filas en torno a la dirigente local y han señalado que seguirán con su labor de fiscalización pese a las acciones judiciales iniciadas en su contra.
Con este movimiento, el enfrentamiento político entre el equipo de gobierno y la oposición en Algeciras se desplaza con toda su fuerza a los tribunales, intensificando un conflicto que se remonta de forma pública a octubre de 2024, cuando el agitador ultra y eurodiputado Alvise Pérez mostró en su canal de Telegram una serie de pantallazos y mensajes, del grupo de concejalas y del ex número 2 del alcalde, en el que se señanlaban presuntos episodios de abuso del regidor a sus subordinadas.
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