Más dinero para los barrios y multas por los alquileres: las condiciones de los Comuns para los presupuestos de Illa

Con seis diputados en el Parlament, son los socios menores; pero igualmente imprescindibles para la estabilidad del Govern de Salvador Illa. En la triangulación que sostiene la legislatura en Catalunya, los Comuns se saben el eslabón más pequeño, pero pese a ello han logrado hacerse hueco a la hora de condicionar las políticas de la Generalitat, especialmente en materia de vivienda. Ahora, a las puertas de un mes de enero en el que el acuerdo para la financiación singular y la constitución de la empresa mixta de Rodalies son dos medallas que pretende colgarse ERC, el grupo de Jéssica Albiach marca perfil propio para dejar claro que no van a remolque de lo pactado entre socialistas y republicanos y que también tiene su propia agenda de exigencias.

Unas reclamaciones que se van encareciendo a medida que avanza el calendario para trasladar al Govern que sus votos para aprobar los presupuestos de 2026 no se pueden dar por descontados. Sus prioridades y líneas rojas pasan, especialmente, por intervenir el mercado inmobiliario para tratar de bajar los precios de los alquileres, pero también por ponen condiciones en las inversiones en los barrios, así como en sanidad y en educación.

La ley de barrios: de 200 millones a 400

La última reclamación que han revelado los Comuns que harán en la negociación de presupuestos es que se duplique la dotación de la ley de barrios para que cada año se recuperen 40 zonas degradadas de Catalunya, y no solo 20, como en esta primera convocatoria. El Govern tiene previsto destinar 200 millones por año, aunque este lo ha incrementado a 232, por lo que duplicar la dotación supondría prever 400 millones anuales. Como avanzó EL PERIÓDICO, el Executiu ya estudiaba antes de la petición de los Comuns un incremento de este calibre dentro de su estrategia para hacer frente a la extrema derecha, pero si no lo ha anunciado es porque quiere primero despejar el camino de las nuevas cuentas.

Hay también un trasfondo político sobre esta materia. Illa quiere que la ley de barrios sea un emblema de su proyecto político como lo fue para los tripartitos de Pasqual Maragall y José Montilla. No obstante, la norma hoy vigente, aprobada en el año 2022, fue impulsada por los Comuns, por lo que el grupo de Albiach quiere que quede claro que esta política que tiene vocación de hacer remontar vecindarios con una alta vulnerabilidad lleva también su sello.

Jaque a la compra especulativa de vivienda

Aunque por ahora han esquivado situarlo como una condición 'sine qua non', los Comuns sí que han situado la limitación de la compra especulativa de vivienda como un elemento "central" de la negociación de las cuentas. Por ahora, han logrado un grupo de trabajo conjunto con el Govern, que ha encargado hasta tres informes distintos para elaborar una propuesta y presentarla en el primer trimestre del año. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anticipado que la vía para desincentivar que se haga negocio con los pisos será la fiscalidad y, vía urbanismo, priorizar el uso residencial en las zonas tensionadas. En todo caso, en paralelo los Comuns han registrado una proposición de ley en el Parlament.

Las multas de la ley de vivienda

El grupo de Albiach ha sido meridiano con este asunto: o se empiezan a imponer sanciones a quienes se saltan los topes de precios de los alquileres fijados por la ley de vivienda o no se sentarán a negociar los presupuestos. El Govern les reclama paciencia con el argumento de que necesita las "máximas garantías jurídicas" para que esas multas se ejecuten y no acaben archivadas. El régimen de multas entró en vigor en febrero y hay 30 expedientes abiertos por la Agència de l'Habitatge desde hace meses por contravenir la norma, pero por ahora no ha tenido ninguna consecuencia económica. Además, ahora que se ha aprobado la regulación de los alquileres de temporada, también será sancionable quien la infrinja, por lo que habrá que ver si se imponen o no las primeras multas ahora que debería culminarse la incorporación de un centenar de inspectores, como pactaron también Govern y Comuns.

Las clases de refuerzo de catalán, matemáticas e inglés

Más allá de las nuevas condiciones que se pongan para aprobar los presupuestos de 2026, los Comuns recuerdan a menudo al Govern de Salvador Illa que tiene cuentas pendientes por saldar. Una de ellas, en materia de educación, son las clases de refuerzo de catalán, matemáticas e inglés para los alumnos en situación de vulnerabilidad, a las que se acordó destinar 37 millones de euros. Antes de sentarse a hablar para sellar nuevas ententes, el grupo de Albiach reclama al Executiu conocer al detalle la evolución. También de la recuperación de los comedores en los institutos de alta complejidad que fueron desmantelados con los recortes de 2012. Según avanzó EL PERIÓDICO, este año se ha empezado a trabajar en 15 centros con este objetivo, pero los Comuns exigen que se continúe avanzando en este sentido.

Dentista público y salud mental

Aunque en este primer tramo de la legislatura han puesto el foco principal en exigencias en materia de vivienda, los Comuns quieren ahora impulsar otras carpetas, como la sanitaria. De hecho, quieren hacer balance sobre los 13 millones que se acordaron para desplegar el dentista público y los 10 para reforzar la atención a la salud mental. Ambas partidas fueron condiciones para el 'sí' al segundo suplemento de crédito del que pudo disponer el Govern de Illa para ampliar los presupuestos prorrogados de 2023. En este ámbito, también acordaron con los socialistas reducir las listas de espera, resolver retrasos en reconstrucciones mamarias y mejorar infraestructuras sanitarias.

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